Hugo Moyano es el principal aliado del gobierno. Y también el más incómodo. El camionero ya no es solo un pacman de cuanto negocio se vincule con el transporte: ahora pretende consolidar un poder político propio que le permita defender su feudo después de la previsible caída del kirchnerismo.
Dos semanas atrás, voceros del líder cegestista dejaron trascender que la reunión del Consejo Nacional del PJ se realizaría, por primera vez en la historia, en el Salón Felipe Vallese de la CGT, en lo que sería una simbolización de hasta qué punto Kirchner depende de la central obrera. Pero el ex presidente tuvo reflejos rápidos Captó que la sindicalización del PJ daría una pésima señal para la opinión pública y traslado la reunión de la cúpula partidaria a Entre Ríos.
Moyano acuso el impacto. Este quedó a cargo del PJ bonaerense desde que Alberto Balestrini sufrió el AVC del cual recién se está recuperando. Algunos intendentes claves como Julio Pereira (Florencio Varela) Y Hugo Curto (Tres de Febrero) vienen planteando reservadamente que de ningún modo los varones del conurbano están dispuesto a aceptar la moyanización del PJ bonaerense. En otras palabras, lo que hay detrás de esta retórica es la pretensión del grupo del camionero de quedarse con u n tercio de las candidaturas a cargos electivos que deberá designar la provincia de Buenos Aires para el 2011. Esto es diputados y senadores provinciales y nacionales, así como alguno que otro intendente. Pero el caso es que Moyano amaga seriamente con disputar la gobernación y volcar en esa lucha su inmenso poder económico. Entre sus allegados se comenta que su verdadero objetivo es ser el vicegobernador de Daniel Scioli si este repite su mandato. Pero si al ex motonauta le tocara disputar la presidencia, Moyano pelearía directamente por el primer lugar.
Con aliados así
Los operadores políticos de la CGT están lanzados entonces a impulsar líneas internas del PJ en los distritos claves del primer y segundo cordón del conurbano. Los intendentes se ven así entre dos fuegos. Porque no solo la CGT avanza sobre la política sino que los grupos piqueteros presionan para que les den más cabida en el presupuesto del Plan Argentina Trabaja, con la idea de armar listas en los distritos del Gran Buenos Aires e, igual que Moyano, conseguir cargos electivos que les permitan sobrevivir al casi seguro naufragio del kirchnerismo.
El otro escenario de la inestable relación Kirchner-Moyano sería la escalada sindical que podría empezar después de junio para nuevos aumentos que espiralizarían la inflación, colocando al gobierno en una situación electoral cada vez más difícil. En la causa de la mafia de los medicamentos que lleva adelante el juez federal Norberto Oyarbide acaban de aparecer escuchas telefónicas que comprometen a la obra social de camioneros en operaciones ilegales de adulteración del troquelado de medicamentos. Esta obra social es gerenciada privadamente por Liliana Esther Zulet, esposa de Moyano. La similitud con el caso de Paula Aballay, la esposa de Juan José Zanola procesada, detenida y luego liberada en la misma causa es notable. Nunca una investigación judicial se acercó tanto a Moyano. Esta vulnerabilidad judicial tal vez sea la medida justa que necesita Kirchner para serenar a un aliado indispensable pero insaciable y poco dispuesto a reconocer limites. Tal vez sea Oyarbide el que termine frenando las ambiciones políticas y facilitándole a Kirchner su control.
Esta es la síntesis de las novedades en la investigación.
Moyano complicado
Escuchas vinculan a la obra social de Moyano con la mafia de los medicamentos. La investigación de Oyarbide revela que la mutual que conduce la esposa del gremialista era parte de una red que adulteraba troqueles de remedios para quedarse con los subsidios que distribuye el Estado.
Una escucha telefónica compromete a la obra social de Camioneros en la causa que investiga la mafia de los medicamentos. En la conversación registrada por orden del juez federal Norberto Oyarbide, una de las procesadas aparece vendiendo troqueles de remedios falsos para el sindicato del gremialista K Hugo Moyano. De este modo, la marcha de la investigación por los remedios falsos muestra evidencias concretas de que no concluye con la obra social bancaria, sino que se expande hasta la mutual del gremio políticamente más relevante de la era K.
Según publica Perfil en uno de los fallos de la Justicia se revela que Alexia Bergalli, encargada de compras en Droguería Del Plata, negoció la venta de troqueles truchos con un hombre llamado Marcos, que fuentes ligadas a la investigación creen que se trataría de Marcos Hendler, uno de los titulares de Urbana, quien hace una mención explícita de la obra social de Camioneros.
Urbana, que fue aportante a la campaña de Cristina en 2007, tiene la venta exclusiva de remedios a la obra social de Camioneros, Oschoca, que es gerenciada por Conducir Salud SA, también conocida como Iarai SA, una compañía de Liliana Zulet, esposa de Moyano. La droguería integra la lista de las más de 22 empresas farmacéuticas investigadas por Oyarbide.
Esta conversación entre Bergalli y Marcos se registró el 19 de junio de 2009:
MARCOS: Bien, Alexia, todo bien por suerte. Escuchame, necesito un favor: en Camioneros perdieron 19 troqueles de Erbitux chico, ¿podemos hacer algo?
BERGALLI: Sí, te los mando a hacer, ¿querés que te diga cuánto salen?
M: Decime y mandámelos a hacer por favor...
Inmediatamente, se produce el siguiente diálogo:
B: 37 cada uno los pago, serían 665.
M: Dale, buenísimo, ¿y eso para cuando calculás que está?
B: Si los tiene, eh, los tiene confeccionados, los puedo mandar a buscar y los puedo tener a las 2 de la tarde, 3 de la tarde acá.
El Erbitux es un medicamento oncológico de alto costo, que actúa bloqueando el crecimiento de los tumores o incluso induciendo la regresión tumoral en los enfermos de cáncer. Su precio es de aproximadamente 3 mil pesos. Bergalli está procesada, al igual que su jefe Alejandro Martino. De acuerdo con la resolución de la Cámara Federal, “si bien Martino participa activamente en la tarea de conseguir remedios de dudosa genuinidad, Alexia Bergalli desarrolla a su par igual labor con idéntica diligencia, incluso ocupándose de conseguir troqueles apócrifos”.
Cuando Graciela Ocaña debió dejar el Ministerio de Salud por su disputa con Moyano, afirmó que la Justicia debía investigar a las droguerías creadas y especializadas en cada obra social sindical, como Urbana. Los troqueles apócrifos se mandan a copiar en imprentas, en general especializadas en este tipo de tareas.
En algunos casos, como el de San Javier -la empresa del Yabrán de los remedios, Néstor Lorenzo- y la Obra Social Bancaria, la misma droguería hace el trámite directamente ante el Ministerio de Salud. Así, obtienen los reintegros por la entrega de medicamentos a afiliados de las obras sociales.
Sin embargo, las escuchas que constan en la causa revelan el modus operandi para conseguir copias de troqueles originales y cobrar varias veces el mismo reintegro por un solo medicamento.
Droguería Urbana fue allanada por Oyarbide en el marco de varios procedimientos a distintas droguerías. También es investigada por el juez Claudio Bonadío en una causa por supuestos expedientes falsos para cobrar reintegros del APE.
Existe un nexo entre Urbana y Lorenzo, principal procesado como presunto líder de una asociación ilícita. A pesar de que Moyano reconoció que compró remedios a San Javier hasta 2004 y rescindió el contrato porque Lorenzo le “cobraba de más”, pero según la Oficina Nacional de Contrataciones, en 2006 la droguería Congreso Salud -también de Lorenzo- vendió a Urbana medicamentos por más de 1,5 millones de pesos.
