Articulo publicado por Perfil:
El patrimonio de los gobernadores, muchos de ellos sospechados y
denunciados por enriquecimiento ilícito, es un terreno prácticamente
inexplorado. Dos tercios de los mandatarios del país no hacen pública su
declaración jurada de bienes, por lo que la información sobre sus
riquezas se reduce a versiones periodísticas o rumores políticos.
Además, entre algunos de los que declaran también persisten dudas sobre
la veracidad de los números.
El debate lo trajo a la arena política Cristina Kirchner cuando en su
carta abierta al actor Ricardo Darín intentó correr la discusión sobre
el incremento de su patrimonio a lo que ocurre en el resto del país.
PERFIL intentó acceder a las declaraciones juradas de todos los
gobernadores (y el jefe de Gobierno porteño). El resultado: sólo se tuvo
acceso a los datos de siete de ellos. El resto no respondió, acusó
imposibilidad por el receso vacacional o directamente evadió la
respuesta.
La presentación de declaraciones juradas, en la mayoría de las
provincias, está prevista por una Ley de ética pública, aunque en
algunos casos no está reglamentada o no se aplica. Además, en una decena
de los distritos ese material todavía es secreto y sólo puede acceder
un juez, y en otros siete las restricciones para acceder a ellas las
vuelve prácticamente secretas (ver infografía). Según la Convención
Interamericana contra la Corrupción, las declaraciones juradas son un
instrumento clave para prevenir los delitos contra la administración.
En negro. Sobre 17 provincias fue imposible tener
acceso a la información. En cuatro casos (Tucumán, Santiago del Estero,
Catamarca y Santa Cruz), PERFIL insistió por diversas vías pero no logró
acceder a sectores del entorno del mandatario que pueda dar alguna
respuesta.
Los casos de José Alperovich (Tucumán) y Gerardo Zamora (Santiago),
precisamente, suelen estar en la mira de sus opositores, que los
denuncian por su supuesto incremento patrimonial. En Tucumán todavía no
existe una Ley de ética pública. El único dato que se conoce lo aporta
la declaración que la mujer del gobernador, Beatriz Rojkés de
Alperovich, presentó en el Senado, donde asegura tener un patrimonio de $
20,6 millones. En Santiago del Estero la ley indica que cualquier
ciudadano puede pedir la declaración de los funcionarios, pero en los
hechos no se cumple. Ante la falta de información, las versiones sobre
el patrimonio de Zamora abundan, y de hecho tiene denuncias judiciales
por enriquecimiento ilícito.
Un caso paradigmático es el de Daniel Scioli. En la provincia de
Buenos Aires, los ciudadanos deben demostrar “un interés legítimo o la
existencia de un interés público comprometido”, para conocer el
patrimonio de los funcionarios. Para el gobierno de Scioli, al parecer,
la divulgación periodística no entra dentro de ese marco, ya que rechazó
diversos pedidos. Voceros del gobernador explicaron que “la declaración
jurada del año anterior caducó el 31 de diciembre, la de este año la
está armando y está en tiempo de presentarla. Cuando la termine de armar
la hará pública”.
Situaciones similares se vieron en San Juan y Mendoza, donde
rechazaron la posibilidad de facilitar la declaración. En Jujuy, Chubut,
Formosa, Misiones, Entre Ríos PERFIL se comunicó con asesores del
gobernador que quedaron en responder pero nunca lo hicieron.
La excusa de las vacaciones, como dificultad para hacer llegar una
información a la que debería poder accederse por internet cayó como
anillo al dedo en Río Negro, San Luis, Neuquén, La Rioja y Corrientes.
Números. De las presentaciones a las que tuvo acceso
PERFIL se desprende que Mauricio Macri es el que declara mayor riqueza.
Según la presentación que realizó en 2012, que fue entregada con
sencillez por la Escribanía General, el jefe de Gobierno porteño tiene $
61 millones de patrimonio. Lo llamativo fue que en un año aumentó 85% y
desde que asumió, 121%. Cerca de Macri explicaron que los aumentos se
deben principalmente a la compra-venta de campos, a la inflación y, que
el último caso, fue producto de la herencia de un tío materno.
El gobernador pampeano, Oscar Jorge, también justificó en una
herencia (la casa de su suegra) el aumento de 98% de su patrimonio entre
2011 y 2012. En La Pampa, el Tribunal de Cuentas publica todos los años
en el Boletín Oficial el listado de todos los funcionarios con el total
de activos y pasivos que tienen (sin detalles). El patrimonio de Jorge
es de 1,3 millón.
Las declaraciones de José de la Sota (Córdoba) y Jorge Capitanich
(Chaco) están subidas a internet. El primero reconoce tener bienes por $
3,2 millones. Y tiene más de 700 mil pesos en acciones, pero no dice en
qué empresa. Capitanich dice tener $ 3,4 millones, de los que se
destacan más de 2 millones en depósitos. En su presentación por
internet, sin embargo, no se puede conocer el detalle de los bienes.
En tanto, el salteño Juan Urtubey y el santafesino Antonio Bonfatti
declararon un patrimonio en torno al millón de pesos. La fueguina
Fabiana Ríos, según su declaración jurada, quedó con los números en rojo
tras su divorcio (-38.000 pesos), aunque espera la sentencia de un
juicio laboral contra el Instituto de Seguridad Social de la provincia.
