Por: Diario la nación
Durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso,
Cristina Kirchner
reveló, con afirmaciones, insinuaciones y gestos, cuál es su prioridad
para los próximos veinte meses: conseguir un blindaje institucional y
económico para enfrentar la salida del Gobierno. Para armar esa coraza
apelará al único recurso que conoce: una mayor concentración de poder.
La liturgia de anteayer
comenzó, en realidad, el jueves pasado, cuando "designó" al nuevo
titular del Senado, Gerardo Zamora. La primera consecuencia de esa
decisión ya se produjo: la Presidenta puso de relieve que la inquieta la
línea sucesoria. Fue una humillación para la desplazada Beatriz Rojkés
de Alperovich, esposa del gobernador de Tucumán. También para los que
aspiraban a sucederla: Miguel Pichetto, Aníbal Fernández y Marcelo
Fuentes. Los tres discutieron a los gritos con Carlos Zannini, a cuya
influencia atribuyen el menosprecio de "la jefa" por "los soldados de
Perón". Zannini agradece la sobreestimación.
Ese desdén por el PJ tuvo anteayer otra manifestación:
si fuera por la Presidenta, la política argentina se reduciría a tres
protagonistas: ella, la UCR y Mauricio Macri. Sergio Massa y Daniel
Scioli ni merecen un insulto. Pero el enfado de los senadores peronistas
es engañoso. Al desconsiderarlos, la señora de Kirchner los liberó.
Casi todos están en conversaciones con quienes les permitan seguir
siendo oficialistas más allá de 2015. El primero es Pichetto, candidato a
gobernador de Scioli en Río Negro.
Para Boudou, en cambio, la selección de Zamora es otro
motivo de desdicha. El vicepresidente acaba de ser mencionado en el
Reporte Anual sobre Derechos Humanos de los Estados Unidos por su
participación en el escándalo Ciccone.
El fiscal Jorge Di Lello pidió su indagatoria. Y salió a
luz un contrato de 10 millones de pesos que intentó firmar con la
Universidad de San Martín por tareas desconocidas.
Éste es el contexto de la promoción de Zamora, que
Cristina Kirchner presentó como un "rescate de la idea de concertación
(...) porque una decepción debe ser la excepción y no la regla". Es
decir: comparó al santiagueño con Julio Cobos, como si estuviera
eligiendo un nuevo vicepresidente. Se entiende, entonces, que los
senadores del PJ estén especulando con una licencia de Boudou. Explican
que "después del informe norteamericano la incógnita no es cuánta
presión resiste la Presidenta, sino el juez", que es Ariel Lijo. Boudou
está más inquieto por su abogado, Darío Richarte: lo angustia saber que
forma parte del entorno de Sergio Massa, su peor enemigo.
La muralla pretende extenderse de la línea sucesoria a
la Justicia. La Presidenta defendió de nuevo el "control popular" sobre
los jueces, que siempre es el control del Poder Ejecutivo. Frustrada la
"democratización", sueña con nombrar magistrados alineados con el
"proyecto nacional y popular". Ella misma condujo la operación por la
cual La Cámpora capturó la comisión de designaciones del Consejo de la
Magistratura. Ricardo Lorenzetti confesó su preocupación a los nuevos
titulares del Consejo, Alejandro Sánchez Freytes y Ricardo Recondo.
Ahora temen que los amigos de Máximo Kirchner desembarquen en la
Asociación de Magistrados. La hendija es el rencor del juez Mario Fera,
desplazado de la presidencia del Consejo, hacia el líder de la
Asociación, Luis María Cabral. Faltaría que la Presidenta sedujera a
Sánchez Freytes con elogios como los que le dedicó anteayer. El vector
que impulsa el "control popular de la Justicia" ya no es el caso Clarín.
Ni siquiera el caso Ciccone. Es la causa Báez, que salpica al joven
Kirchner.
El discurso ante el Congreso, que debería haber
comenzado con el eslogan "dicen que soy aburrida", exhibió a las Fuerzas
Armadas como otro engranaje defensivo. La Presidenta dictaminó que los
militares se integraron a la sociedad, como si reviviera el Operativo
Dorrego. Los conduce César Milani, general acusado de violaciones de los
derechos humanos que propone que el Ejército sea "parte de un proyecto
político". Justo cuando la comandante en jefe presume que las sórdidas
policías la dejarán a merced de saqueos y revueltas.
La jerarquización de Milani hace juego con otro
anuncio: la regulación de las protestas. Las movilizaciones sociales ya
no expresarían, como decía Néstor Kirchner, a "una sociedad que fluye".
Son el nuevo rostro del golpismo. La lección venezolana demanda, por lo
tanto, un general bolivariano.
Pero a Milani -igual que ahora a la Presidenta- no le
gusta que lo identifiquen con el chavismo. Alineado con el programa de
defensa de los Estados Unidos, el general preconiza la intervención de
las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. El nuevo
responsable de esa área, Nicolás Dapena Fernández, es su ahijado
político.
El abandono de la doctrina según la cual debe impedirse
la intervención militar en cuestiones internas es otro aspecto de la
grotesca vuelta en U de la Presidenta en su relación con los Estados
Unidos. Anteayer consiguió hablar tres horas sin que se le escapara una
palabra sobre las acusaciones del Departamento de Estado, que, además de
inculpar a Boudou, acusó al Gobierno de atacar a la prensa. Elogió a
Barack Obama, a Jimmy Carter y hasta a George Bush. Y pidió a la
oposición y a la comunidad judía que la ayuden a denunciar su acuerdo
con Irán por el atentado contra la AMIA.
La Presidenta atribuye ese convenio a su candoroso
empeño de tomar declaración a los acusados iraníes. Olvida que el
memorándum creó una "comisión de la verdad" para que Teherán revise todo
el expediente judicial.
Para calibrar las consecuencias de la irrupción del
alicate de Héctor Timerman en un avión militar norteamericano, y de su
aproximación a Mahmoud Ahmadinejad, Cristina Kirchner necesitó, al borde
del default, que el caso de los
holdouts llegue a la Corte de
los Estados Unidos. También en este trámite sobresale la impericia.
Ahora que contrató como patrocinante al ex abogado de la administración
Bush Paul Clement, el Gobierno pidió que el caso sea tratado por los
tribunales ordinarios de Nueva York, y no por los federales, como
ocurrió hasta ahora. Si la Corte le diera la razón, Boudou, Lorenzino y
el estudio Cleary-Gottlieb, que inició el litigio, merecerían el premio a
la mala praxis.
Los juglares que aplaudían a la señora de Kirchner por
ser "una vieja terca" ahora elogian su espíritu de enmienda. Pero el
giro diplomático obedece a penurias financieras, no a un cambio de
concepto. Ella insistió ante la Asamblea Legislativa con su visión de la
economía: los problemas no se deben a la inconsistencia de su política,
sino a la perversidad de los mercados.
La Presidenta no advirtió la diferencia entre esta
visita al Congreso y las anteriores: este año, por primera vez, debía
proponer una salida a la inflación porque su gobierno ya admitió que
llegó a un 3,7% mensual. La resistencia a reconocer los desajustes llegó
a extremos irrisorios. Leyó un elogio del Banco Mundial a sus programas
sociales. Pero omitió que el párrafo anterior del documento advierte
sobre las calamidades macroeconómicas del país (
www.bancomundial.org/es/country/argentina/overview ).
La Presidenta explicó que las corridas cambiarias se
deben a un afán destituyente, no a que el público huye del peso para
resguardarse de la inflación. La inflación, a su vez, obedece a la
voracidad de los empresarios, que, como si fueran un partido político,
son capaces de renunciar a su propio afán de lucro con tal de socavar al
Gobierno. La caída de la producción, sobre todo en el sector automotor,
es culpa del enfriamiento de Brasil, no de la Argentina. Y si hay un
déficit energético, es por el éxito en la expansión del consumo, un
argumento con el que el antikirchnerista Alberto Fernández ya defendía a
los Kirchner en enero de 2008.
La creencia en la que se asientan estos diagnósticos
afloró cuando, en un arrebato, la Presidenta dijo que los "buenos
argentinos" vuelan en la aerolínea del Estado, no en una privada. Lo
privado, ya se sabe, no es patriótico. Y si reclama, tampoco es
democrático.
La radicalización del intervencionismo que se
corresponde con este postulado es la última placa del blindaje: anteayer
se anunciaron leyes de "defensa del consumidor" para penalizar a los
comerciantes y un código contencioso-administrativo que reducirá al
extremo el derecho a litigar contra el Estado. Exquisita estrategia para
atraer inversiones.
La Presidenta ya intentó, durante más de una década, un
estatismo sin Estado. Ahora apuesta a un estatismo sin recursos. Camina
así hacia el peor de los ajustes: el que la obliga a pagar los costos
políticos sin modificar las expectativas económicas.
