Vos podes ser parte de Codigo Rojo, Envia tus fotos, videos o denuncia a: Codigorojo98@hotmail.com

Director; VICENTE ROJAS - Somos la voz de los que no tienen voz, Envia tu denuncia a codigorojose@hotmail.com

miércoles, 30 de noviembre de 2011

Caso Guardo, más de 6 años en prisión sin que los jueces que tuvieron la causa hayan solicitado prorroga, en el día de hoy quedaría libre.


Carlos Federico Guardo, acusado del homicidio de su novia y la madre de ésta en el año 2004, recuperará la libertad en las próximas horas ya que la Sala Criminal del Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a un recurso presentado por su defensa con motivo de permanecer en prisión más de seis años sin juicio. Como se recordará, Código Rojo en una investigación periodística, reflotó este caso que la justicia santiagueña la tenia cajoneada. 

Es un caso único en el país, que por omisión o negligencia de la justicia santiagueña. Guardo se encuentra alojado en el Penal de Varones con exceso del plazo de detención razonable, cinco años (5) y nueve meses, sin pedido de prórroga, sin que se haya realizado el pertinente juicio y requiriendo en consecuencia la inmediata libertad, en mérito al  plazo prescripto por ley, advirtiendo que Guardo se encuentra en privación ilegítima y calificada de su libertad, negándose la Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica y las leyes nacionales que son respetadas e interpretadas en todo el país, menos en nuestra provincia.
Los abogados defensores presentaron en distintas oportunidades  interposición de seis pedidos de Ceses de Prisión, durante dos años y medio, luego cinco Habeas Corpus, como remedio excepcional, habiéndose agotado todas las instancias judiciales ordinarias y no habiendo sido solución, en todas las instancias, mereciendo el rechazo, con criterio contradictorio, divergente y con un análisis fáctico jurídico, ideológicamente fuera de realidad de constancias de autos como de las leyes nacionales y Constitución de la Nación.
Si bien es debidamente fundado que el Excmo. Tribunal, mediante Habeas Corpus, no sustituyan decisiones que incumben a los jueces propios de la causa, como que involucra a ellos resolver en caso de existir agravios, en el caso de Guardo, se ha agotado todos los pedidos de Ceses de Prisión, en seis instancias, y ante la falta de soluciones legales y decisiones arbitrarias se abre las instancias extraordinarias, lo que resulta increíble en un Estado de Derecho.
Ante el reconocimiento de que el Estado no puede mantener en encierro preventivo a una persona más allá de los plazos legales mencionados, cabe señalar que Guardo se encuentra detenido cinco años y nueve meses sin que –en principio- se trate de causa con “evidente complejidad” que autorice la prórroga de un año más. Pedido de prórroga que nunca existió.  En virtud de ello, el Estado está actualmente restringiendo la libertad del accionante más allá de lo que la ley lo autoriza, por lo que, la intervención estatal en los derechos fundamentales, ha devenido ilegal, y en consecuencia debe cesar de inmediato. Para el eventual supuesto de que el juez no haga lugar al planteo formulado y a lo requerido en consecuencia, atento las cuestiones involucradas, se hizo expresa reserva del caso federal en los términos del art. 14 de la ley 48, ya que se ha violado durante años la Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica y las leyes que le reglamentan.
Los letrados consultados tienen presente que toda persona sometida a proceso penal, aún cuando no se encuentre privado preventivamente de su libertad,  ve recortados sus derechos y sus libertades con motivo de la actividad juzgadora del Estado.
Todos opinan que quien se encuentra sujeto a proceso sufre restricciones patrimoniales (coerción real), profesionales o laborales (suspensión de habilitaciones), limitaciones a su libertad física (solicitud de permisos para ausentarse, comparendos compulsivos, etc.). A ello, se debe agregar el impacto sociológico que puede generar la situación de sometimiento a proceso, es decir, el proceso de indudable estigmatización o rotulación que el mismo acarrea, con las numerosas consecuencias que de allí se derivan en términos laborales, económicos, afectivos, etc.
En consultas efectuadas por este medio, meritúan que La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha recalcado la “…situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal”. De este modo, es reconocido el carácter penoso del proceso en sí, pues la persecución penal representa ya una pena de sospecha: la pena de proceso.
La consulta también abarcó cual es el control de legalidad ante casos como estos, que representan un estado de esclavitud que hacen las agremiaciones como el COLEGIO DE ABOGADOS,  las autoridades del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, la misma ASOCIACION DE MAGISTRADOS, que no pueden ver estas situaciones de Gravedad Institucional de manera inactiva, todos guardan silencio con una expresión de desconocer que se encuentran en un caso único en el país de verdadera esclavitud, donde los medios masivos de prensa, si bien en silencio absoluto, no pueden tener mordazas ante estas situaciones graves.
Como toda restricción de derechos por el Estado, el proceso debe estar regulado por ley no sólo en cuanto a la forma y modo, sino también al tiempo. El Estado está limitado para llevar a cabo la actividad penal no sólo mediante determinadas formas y modos de proceder, sino que también está limitado para realizar su faena en determinado tiempo, plazo.
Se menciona en las actuaciones las expresiones de la defensa, considerando que así, la ley no sólo debe regular la forma y modo de los actos del proceso sino también el tiempo total del mismo. La legalidad del proceso, entonces, abarca también los límites temporales de su validez. Del mismo modo que los jueces no están autorizados a realizar el proceso mediante actos que difieran en modo y forma de los autorizados por la ley, tampoco puede realizar dichos actos fuera del límite temporal autorizado para su ejecución. El límite temporal, juntamente con la forma y el modo, dan validez al proceso, por ello cuando el proceso sobrepasa ese límite temporal la restricción queda ya sin justificación.
En efecto, si se presta atención al texto del art. 1 de la ley 24.390 que fija el plazo de duración de la prisión preventiva en dos años con una prórroga de un año más, se puede percibir fácilmente que el legislador está pensando en un plazo para que el proceso pueda concluir.
Ello se desprende de las mismas palabras utilizadas por el aquel al señalar que “…No obstante, cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de las causas hayan impedido la finalización del proceso en el plazo indicado, ésta podrá prorrogarse por un año más…”.
Claramente se observa que el legislador está pensando en que el proceso finalice en el plazo indicado, y precisamente cuando ello no ocurre por complejidad de la causa otorga una prórroga para que así suceda, esto es, para que el proceso finalice dentro del nuevo plazo, no obstante cabe recordar, que estamos ante un caso de privación ilegítima y calificada de la libertad.
En conclusión, cabe afirmar que el proceso no puede durar más allá de los plazos previstos por los arts. 1 y 2 de la ley 24.390, los cuales se deben comenzar a computar desde la aprehensión del individuo o desde la imputación formulada a éste en el proceso (Corte Interamericana, caso “Tibi”, consid. 168).
Reconocido que el Estado está limitado  temporalmente para realizar un proceso penal contra un sujeto, cabe afirmar que una vez concluido dicho plazo cesa la autorización que la ley le concede al Estado para restringir los derechos fundamentales del ciudadano imputado. Transcurrido el plazo legal máximo, si el proceso no ha concluido mediante el dictado de una sentencia firme, la acción penal ya no pueden ser ejercida y corresponde el dictado del sobreseimiento del sospechado.
Por otra parte, lo hasta aquí sostenido se encuentra en la misma línea de lo postulado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto ha afirmado que “…aún cuando se tenga manga ancha para juzgar la razonabilidad del tiempo durante el cual una persona puede encontrarse legítimamente sometida a proceso, ello no justifica que el legislador, en el marco de las facultades que le son propias, no pueda establecer un plazo absoluto, superado el cual no sea posible relativizar o justificar ninguna dilación ulterior. Del mismo modo que el juez puede valorar la gravedad de un delito de acuerdo con la situación de hecho concreta, pero no puede fijar una pena que supere el máximo previsto –pues ella sería irrazonable desde el punto de vista del legislador-, nada obsta a que la ley establezca plazos de duración perentorios para los procesos”. Seguidamente agrega el Alto Tribunal que “Es cierto que aún en ese caso el juzgamiento de la “razonabilidad” continuará estando en manos de los jueces; pero con la advertencia de que el concepto sólo puede jugar a favor del imputado: en la medida en que la ley estaría fijando un plazo adecuado a causas con grado de dificultad intermedio, su transcurso completo podría ser considerado, de todos modos, “irrazonable” frente a casos extremadamente sencillos”.
Como conclusión del desarrollo expuesto, cabe concluir que los plazos legales máximos de duración del proceso penal son los siguientes:
-dos años y seis meses, cuando la causa no presente dificultad ni complejidad.
-tres años y seis meses, cuando la causa presente una evidente complejidad.
En este aspecto, la Corte Interamericana ha sido categórica en cuanto a afirmado que “…incluso considerándola complejidad del asunto, así como las excusas, impedimentos y sustitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el plazo de más de dos años que ha transcurrido debe considerarlo violatorio del art. 8.1 de la Convención” Corte Interamericana, caso “Genie Lacayo” del 29-01-1997.
En conclusión, se ha operado el plazo legal máximo de duración del proceso determinado conforme lo establecido por los arts. 1 y 2 de la ley 24.390, incluso por lo sostenido por la Corte Interamericana respecto de la duración del proceso en la etapa recursiva, debiendo en consecuencia cesar la persecución penal contra el imputado.
Con la compulsa de las actuaciones principales,  SU SEÑORÍA constatará que se ha solicitado el cese de prisión a los dos años y diez meses, aproximadamente, y no se le computo el término de prisión, de un año y medio casi en Brasil, cuando se debió conforme a las restricciones que así lo determinen sin distinguir si el descuento era para una hipotética condena o para el término de detención máximo conforme al Pacto y sus leyes complementarias. Lo que significa que era para todos los efectos.
Lo mismo sucedió en la Excma. Cámara de Apelaciones, en recurso de apelación en contra de la denegatoria del cese, y lo mismo en el mes de diciembre de 2.008, en el Superior Tribunal de Justicia, por vía de casación, con el voto en disidencia del Presidente de la Sala Penal, quien ante todo observa que no hubo pedido de prórroga del plazo.
Lo incomprensible es el rechazo del nuevo pedido de cese de prisión por parte del Juzgado del Crimen de Tercera Nominación, cuando la prisión preventiva del joven Carlos Federico Guardo era de cuatro años. A la fecha es de CINCO AÑOS Y NUEVE MESES, y sin pedido de prórroga.
De conformidad a constancias de autos, por orden del juez del crimen primera nominación, el imputado ha sido detenido en la ciudad de Porto Alegre, Estado do sul, de la República de Brasil el día 11  de agosto, y alojado en la misma ciudad, en cárcel de Charqueada de máxima seguridad.
Otra de las cuestiones es que, concluida la producción de toda la prueba a la vista, cuando se vencieron los dos años, haciéndose el cómputo del tiempo de detención que se crea correcta, el juez no consideró necesario pedir prórroga del tiempo de detención, y con los años más de detención innecesaria, corresponde el Cese de Prisión a los fines de  que no se agrave más aún su privación ilegítima y calificada de la libertad de Carlos Guardo. Ese fue el voto del señor Presidente de la Sala Penal, en la sentencia del Máximo Tribunal Provincial, en día veintidós de diciembre de dos mil ocho.
La ley 24.390, (modificada por ley 25.430),  en su artículo 1º dispone que la prisión preventiva no podrá ser superior a los dos años, sin que se haya dictado sentencia; a su vez, y como excepción, se estipula que el encierro podrá extenderse  -prorrogarse- un año más, cuando la cantidad de delitos imputados o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de una sentencia en el plazo de dos años. Pero van cinco años y dos meses y no hubo pedido de prórroga.
Por esa razón, teniendo en cuenta los cinco años y ocho meses de prisión, -cuando no hubo pedido de prórroga a los dos-   se debe interpretar sin lugar a dudas que el plazo razonable de detención se encuentra más que agotado y que la detención se convierte en privación ilegítima de la libertad.
Así el Pacto de San José de Costa Rica (Convención Interamericana de Derechos Humanos), en específica referencia al derecho a obtener una resolución judicial en un plazo razonable, reza el artículo 7. Derecho a la Libertad Personal…..5) Toda persona detenida o retenida….tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada que aseguren su comparecía en el juicio…”
A ello cabe agregar que la mencionada Convención, en su artículo 29 expresa que, ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:  b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que se aparte uno de dichos Estados.”
“Si bien la aflicción del caso del artículo primero de la ley 24.390 no resulta de aplicación automática por el mero cumplimiento del mismo, tal resistencia a la soltura del imputado debe cesar cuanto el encierro de éste se transforme en un verdadero adelanto de pena.” –JURISPRUDENCIA CITADA-, de aplicación obligatoria en virtud del art. 29 de la Ley Orgánica de Tribunales.
Sin incurrir en la repetición de todas las citas del fallo mencionado, se pone en evidencia la calificación de la conducta del joven de  ejemplar en el Penal de Varones, calificativa que es mencionado por la opinión pública de que  SIEMPRE FUE SU CONDUCTA DE RESPETO Y HUMILDAD lo que le ha caracterizado.
En consecuencia de todo lo narrado surge de manera incontrastable que la prisión que sufre Carlos Federico Guardo es irrazonable por vencimiento de los plazos legales y le asiste el derecho de esperar el juicio en libertad.
Cuestión federal constitucional (artículo 14 de la ley 48).
Habiéndose denunciado a lo largo del desarrollo expuesto en el capítulo de procedencia el compromiso de diversa normas pertenecientes al bloque federal (art. 31 C.N.), tales como arts. 28, 75 inc. 22, arts. 1, 2, 7.5, 8.1, 29 de la CADH, art. 75 inc. 12, por lo cual, ante una eventual resolución desfavorable el imputado, hace la correspondiente reserva del caso federal para procurar el acceso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y organismos internacionales, haciendo su defensa por propio derecho, sin abogado defensor, desde su lugar de encierro, mientras padece encierro ilegal, sin que se tenga razones legales para estos ilícitos.
Todo esto indica que debe existir una PERSONA JURIDICA QUE AGLUTINE A TODOS LOS FAMILIARES DE DETENIDOS Y ENCARCELADOS, a los fines de que no sucedan hechos atroces que se padecía en el Medioevo, y pensar tanto Derechos Humanos que se pregona.


Las patéticas declaraciones de Zamora, afirmo que nunca hubo grupos armados en los campos


El gobernador de la provincia, en entrevista a los medios oficialistas, días antes que los campesinos se reunieran con el superior tribunal de justicia dijo “Quiero aclarar que no hay  grupos autorizados ni policiales, ni de agencias de seguridad para custodiar campos porque ésa es una medida que se tomó en base a un pedido de la Mesa de Tierra hace cuatro años.

Entre otras declaraciones, dijo que existían denuncias y que fueron tratados en el Comité de Emergencia de gente que se amenazaba con armas. “Por ello, habrá una reunión entre el Superior Tribunal de Justicia y el movimiento campesino para ver si podría haber habido una negligencia por parte del juez de la zona porque se hizo una requisa y no se encontraron armas”, detalló.

Ante una consulta de por qué se queja el Mocase, el mandatario provincial dijo que “seguramente será porque todo lo que se hizo no fue suficiente y lamentablemente hubo un joven que falleció producto de algo que no debió ocurrir, no debería morir nadie por pelear por tierras.

Las imágenes hablan por sí sola, Zamora miente o se hace el desconocedor que existen  grupos armados que operan en distintas localidades, en especial, Agua Amargas, uno de los lugares más fértiles de la provincia, Ho casualidad, donde la esposa del gobernador poseería varias hectáreas. Incluso los pobladores de la zona, en el año 2009 realizaron una denuncia penal que corren peligro sus vidas, más aun  los niños que caminan a diario por las picadas al dirigirse a la escuela, por lo que los padres en esa oportunidad decidieron no mandarlos, por temor a que los maten en relación a venganza por no abandonar  los campos que por derecho les correspondía.

El mitómano primer mandatario, manifestó que la muerte de Cristian Ferreyra no debió ocurrir y reconoce que no se hizo lo suficiente, es decir nada al respecto, teniendo en cuenta que esta problemática nunca la comisión de emergencia hizo un relevamiento de la situación, tenía que morir un campesino para que se tomen las medidas y se pongan a trabajar en serio, dejando de lado a que los funcionarios zamoristas “por el momento hasta que las aguas se calmen” continúen negociando las tierras.

Otra mentira más de Zamora al Mocase, fruto del desconocimiento y la mediocridad

A raíz del crimen de Cristian Ferreyra, el gobernador Gerardo Zamora y sus ministros andan a las disparadas tratando de “parar la pelota” y se deshacen para hablar con la esposa del campesino asesinado y con algunos dirigentes campesinos.

El acuerdo que firmó Zamora con el Mocase en 2010, y que su gobierno no cumplió.
El zamorismo está atormentado porque no sabe en qué momento la prensa independiente de Buenos Aires va a recalar en Santiago para difundir todos los actos de corrupción y, en especial, propagar la “historia verdadera” de los sucesos que terminaron con la vida del joven Ferreyra, de 23 años, en los que aparecen involucrados familiares y amigos de funcionarios provinciales como intermediarios o vendedores de tierras fiscales a los foráneos sojeros ricos.

Nueva pirueta

Con bombos y platillos, la prensa oficialista difunde la reunión del martes 29 entre el Poder Ejecutivo y un grupo de campesinos, en un encuentro definido por Zamora “como histórico”.
Pero, ¿no fue también histórico el acuerdo firmado en julio de 2010? ¿Se habrán olvidado los asesores de Zamora que hace un año el gobernador firmó un acuerdo con las comunidades campesinas?
Por supuesto, desde el 2010 no hizo nada y no cumplió con nadie de los campesinos.
Con estas tres fotografías recordamos el compromiso que derivó en una mentira más del gobierno provincial, con todo el texto del acuerdo.
Ahora, la reunión del martes con motivo del crimen de Cristian Ferreyra es otra mentira más porque nadie tiene interés en resolver la venta de campos fiscales ni el atropello a los campesinos ni tampoco crímenes de lesa humanidad como el del muchacho del Mocase del que habla toda la prensa nacional independiente.

En 7 años, primera vez que impugnan una licitación arreglada por el zamorismo

El ministro Martínez en apuros por la impugnación a una licitación convocada por su cartera.
Una empresa de Tucumán, a través de un apoderado legal de Santiago del Estero, impugnó una licitación “arreglada” por el zamorismo en el área del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
Aquí, en esta provincia, todas las licitaciones son “dirigidas”, “acomodadas” y “arregladas”. Los “proveedores se manejan con esta frase: hoy me acompañas en esta, que tengo que ganar yo, y mañana te acompaño yo para que ganes vos”.
A raíz de que le impugnaron una licitación, el ministro Luis César Martínez anda preocupadísimo y dando explicaciones al empresario tucumano y al abogado santiagueño.
-“Quédese tranquilo, doctor”, le dijo Martínez al abogado impugnador.
-“El que tiene que ponerse tranquilo es usted, porque si no impugnan esa licitación va a ser denunciado penalmente”, le respondió el letrado.

martes, 29 de noviembre de 2011

Para el Mocase, el gobernador Zamora “compró” a la viuda

Monte Quemado, vida quemada. La madre de Cristian Ferreyra llora con esas lágrimas de sal que le curtieron el rostro como 12 años atrás, cuando su marido perdió un brazo en un accidente laboral y Cristian, con apenas nueve años, tuvo que ponerse sobre sus espaldas de niño el trabajo de campesino para arrancar con esfuerzo los frutos al riguroso monte santiagueño. Lágrimas como las derramadas cuando enviudó, y más amargas todavía cuando asesinaron a Cristian el pasado 16 de noviembre, en ese remoto paraje de Santiago del Estero (a 360 kilómetros al norte de la capital), cuando se resistió a un desalojo.

“Queremos justicia, que los asesinos de mi hijo queden de por vida en la cárcel”, solloza Marta Noemí Salto en su vivienda de la comunidad de San Antonio, en el Santiago profundo. Ella sabe que la vida es áspera, pero estas lágrimas son de un dolor nuevo, desconocido. A su hijo lo mataron a sangre fría, asegura, por defender su tierra. Le dispararon en la pierna con una escopeta y murió desangrado. Por el hecho fue detenido el trabajador rural Javier Juárez, acusado de ser el autor del disparo, también su hermano Arturo y su empleador, el empresario sojero Jorge Ciccioli, quien sería el instigador.
Ferreyra (23 años) era militante del Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), que resiste a los intentos de desalojos por parte de empresarios que quieren acaparar más tierras para sembradíos. Desde la agrupación denunciaron que Ciccioli ya había amenazado públicamente que mataría a un campesino para que lo dejaran de “molestar”, y que bandas de hombres armados amedrentan a los pobladores del norte santiagueño, como parte de un plan trazado por empresarios de Tucumán y Santa Fe, Los Julianes, Ciccioli, Villa, Saud.

“Responsable político” y "escrache"

“El gobernador (Gerardo) Zamora es responsable político de este asesinato, porque sabía de la situación y mintió. Ahora quiere acallar el crimen, tapar todo, pero en su conciencia le debe pesar la muerte de Cristian en una zona liberada para los matones de Ciccioli y otros empresarios”, manifestó Adolfo Farías, militante del Mocase, en diálogo con Día a Día horas después de la marcha del viernes en Monte Quemado, pidiendo que la muerte de Ferreyra sea esclarecida.
“Fue una marcha pacífica, con un escrache al juez (Alejandro) Sarría Fringes, quien estaba al tanto de la situación y nos dijo que si seguíamos con las denuncias nos metería presos a nosotros. Y también vamos a ir por el gobernador, con un petitorio de siete puntos para que frene el desmonte y los desalojos en forma definitiva porque es la forma en que los empresarios avanzan con sus hectáreas de soja”, añadió Farías.
Sobre el proceder de Zamora, el militante campesino insistió en que la estrategia del gobierno es manipular la causa y que no se hable más del tema. “Ahora dio la orden de que se frenen los desmontes por 180 días, lo que no es verdad porque nosotros vimos máquinas sacando árboles en distintos lugares. Pero además, lo indignante es que esperó que se derramara sangre para dar la orden”, lamentó Farías.
Además de la marcha en Monte Quemado, el viernes último hubo otra en Buenos Aires con organizaciones campesinas y movimientos sociales, entre ellos el Mocase, el Movimiento Evita y el Frente Transversal de la CTA, que llegaron hasta el Congreso de la Nación para repudiar el crimen de Ferreyra y apoyar la presentación de un proyecto de ley que suspende los desalojos de tierras rurales por cinco años.
Además de la madre, había otra mujer en la vida de Cristian Ferreyra, su esposa Beatriz Juárez, quien el pasado miércoles fue recibida por el gobernador Gerardo Zamora. En la reunión, la mujer explicó que a su esposo le dispararon cuando estaba indefenso y que no sabe por qué lo mataron. Además, denunció que recibió amenazas de muerte.
Sin embargo, el testimonio de la mujer no convence a los integrantes de Mocase. “Sólo le importa el dinero que le puedan dar. Le ofertaron plata y una casa para que se calle. En cambio, la madre de Cristian pide por justicia y que los asesinos vayan a la cárcel”, expresó Cristina Loaiza, otra de las militantes del Mocase que habló con este diario.
Beatriz Juárez no pertenece al movimiento campesino y no adhirió a las marchas por Ferreyra. Por eso desde el Mocase la ven en la otra vereda y mantienen en alto la bandera del reclamo. “El crimen de Cristian no quedará impune, y será un ejemplo de la lucha por la libertad y por la tierra”, sostienen desde el Mocase. Y que el árbol no tape el monte.

Algunos de los conflictos de tierras en Sgo del Estero, mientras Zamora apañado por los medios oficialistas continua con su farza

Este es un resumen de la lista de los distintos tipos de conflictos de “tierra, ambiental y mixtos” que se suscitan hasta hoy, en nuestra provincia. El informe procede del Observatorio de Tierra, Recursos Naturales y Medioambiente.

El joven Cristian Ferreyra, del Mocase, fue asesinado por sicarios de un sojero rico que “compró” un campo a testaferros de funcionarios o amigos del gobierno.
-Problema de tierras en la zona de Villa Guasayán y alrededores.
-Comunidad de Guampacha, Guasayán.
-Defensa de las tierras por la comunidad de Amicha, Río Hondo.
-Usurpación de propiedad y desalojo en Santa María, Capital.
-Regularización de tierras en El Cuadrado Norte, Ibarra.
-Usurpación de Viroche en San Bernardo, Pellegrini.
-Regularización de tierras en Canal Melero, Taboada.
-Usurpación en Paraje Alejito, Sarmiento.
-Regularización de tierras en Miel de Palo Norte, Taboada.
-Usurpación en Piruas Bajada, Ibarra.
-Usurpación en Pozo Barrancayoj, Sarmiento.
-Usurpación en paraje Casa Alta, Ibarra.
-Usurpación en Pozo Grande, Ibarra.
-Usurpación en Tiun Punco, Ibarra.
-Usurpación y amenaza de desalojo en Sancocho, Atamisqui.
-Usurpación y amenaza de desalojo en Huiñaj Atun, Atamisqui.
-Amenaza de usurpación en La Paloma, Atamisqui.
-Usurpación y desalojo de animales en La Puerta, Toro Human y El Hoyón, Atamisqui.
-Usurpación armada y amenaza de desalojo en Rubia Moreno, Banda.
-Usurpación armada y amenaza de desalojo en Santo Domingo, Banda.
-Usurpación en San Nicolás, Banda.
-Usurpación armada y amenaza de desalojo en Cardialito, Banda.
-Usurpación y desalojo en Chaupi Pozo, Banda.
-Desalojo en Antajé, Banda.
-Usurpación armada en Abra Grande, Abra San Antonio, Cerrillos y Palo Quemado, Banda.
-Usurpación armada en La Candelaria, Capital.
-Usurpación armada y amenaza de desalojo en Piruaj Bajo, Copo.
-Usurpación armada y desalojo de animales en San Vicente, Copo.
-Desalojo armado en finca San Antonio, Copo.
-Usurpación armada y amenaza de desalojo en San Rafael, Copo.
-Usurpación armada, desalojo y deforestación en Providencia, Copo.
-Usurpación e intento de desalojo a familias que habitan el Parque Nacional Copo.


Siguen los desmontes indiscriminados de nuestros bosques nativos en el Norte, ante la falta de capacidad o complicidad de los funcionarios responsables.
-Usurpación y deforestación en Punco Yañu, Choya.
-Usurpación armada y amenaza de desalojo en Sol de Mayo, Choya.
-Usurpación armada y amenaza de desalojo en Tapso, Choya.
-Usurpación armada a 30 familias en Sol de Mayo, Choya.
-Usurpación y amenaza de desalojo en Quebrachos, Choya.
-Usurpación y amenaza de desalojo en Pozo del Castaño, Figueroa.
-Usurpación armada y amenaza de desalojo en Las Lomas, Figueroa.
-Usurpación y amenaza de desalojo en Jumialito, Figueroa.
-Usurpación en Machajuay, Figueroa.
-Usurpación en Vitiaca, Figueroa.
-Usurpación armada y amenaza de desalojo en Minerva, Figueroa.
-Usurpación y amenaza de desalojo en San Jorge, Santa Ana y Santa María, Figueroa.
-Usurpación y amenaza de desalojo en Aguas Coloradas, Figueroa.
-Usurpación y amenaza de desalojo en El Negrito-San Vicente, Figueroa.
-Usurpación y amenaza de desalojo en Santos Lugares, Alberdi.
-Usurpación armada y amenaza de desalojo en 8 Parajes de Milagro, Alberdi.
-Usurpación armada y amenaza de desalojo en Las Jarillas, Alberdi.
-Usurpación armada y amenaza de desalojo en Maravilla-Bajada, Alberdi.
-Usurpación en Bajo Lindo, Alberdi.
-Usurpación armada y amenaza de desalojo en 3 comunidades de El Negrito, Alberdi.
-Desalojo en Paraje Celentano, Alberdi.
-Usurpación y deforestación en Sarmiento, Alberdi.
-Usurpación y desalojo en Paaj Muyoj, Alberdi.
-Usurpación y deforestación en Gramilla, Avellaneda.
-Usurpación, desalojo de animales y deforestación en Campo Alegre, Avellaneda.
-Usurpación y amenaza de desalojo en Mailín, Avellaneda.
-Usurpación, amenaza de desalojo y deforestación en comunidades aborígenes de Tacko Sombreana, Avellaneda.
-Usurpación armada en Real Sayana Lote 1, Avellaneda.
-Usurpación en El Arenal, Jiménez.
-Usurpación en Lote San José, Jiménez.
-Usurpación en Chañarito, Jiménez.
-Usurpación en Cashico, Jiménez.
-Usurpación en Humaitá, Jiménez.
-Usurpación armada y amenaza de desalojo en San Andrés, Jiménez.
-Usurpación y deforestación en Rosario-San Félix, Jiménez.
-Usurpación armada y amenaza de desalojo en La Pajosa, Jiménez.
-Usurpación, amenaza de desalojo y deforestación en Monte Bello-La Blanca, Jiménez.
-Desalojo en La Bajada y Ramadita, Loreto.
-Usurpación en San Cristóbal, Loreto.
-Usurpación en El Albardón, Loreto.
-Usurpación armada y amenaza de desalojo en Km 82, Loreto.
-Usurpación en La Blanca, Loreto.
-Usurpación armada y amenaza de desalojo en Las Lomitas, Loreto.
-Usurpación, amenaza de desalojo y deforestación en Totora Pampa, Loreto.
-Usurpación armada en La Capilla, Loreto.
-Usurpación y amenaza de desalojo en San Isidro, Loreto.
-Usurpación armada en Santa Lucía, Moreno.
-Usurpación armada y amenaza de desalojo en Lote 4-5, Moreno.
-Usurpación en Pampa Pozo, Moreno.
-Usurpación armada y amenaza de desalojo en Aluhampa, Moreno.
-Usurpación armada y amenaza de desalojo en Tres Leones, Moreno.
-Usurpación armada y amenaza de desalojo en Quebrachal, Ojo de Agua.
-Desalojo en La Brea, Ojo de Agua.
-Usurpación armada y desalojo en Majadilla, Ojo de Agua.
-Desalojo en Pozo Cavado, Ojo de Agua.
-Usurpación armada, amenaza de desalojo y deforestación en Agua Amarga, Pellegrini,
-Usurpación y desalojo de animales en Campo Grande, Pellegrini.
-Usurpación y deforestación en Los Cercos, Pellegrini.
-Usurpación y Desalojo en Yuchancito, Pellegrini.
-Usurpación armada y desalojo en Ahí Veremos, Pellegrini.
-Usurpación armada y amenaza de desalojo en Puesto del Medio, Pellegrini.
-Usurpación armada y amenaza de desalojo en La Melada, Pellegrini.
-Usurpación, amenaza de desalojo y deforestación en Maravilla, Corral Quemado y Quimiloj, Pellegrini.
-Usurpación armada y amenaza de desalojo en La Florida, Pellegrini.
-Usurpación armada y amenaza de desalojo en Chañar Pozo, Pellegrini.
-Usurpación armada y amenaza de desalojo en Las Delicias y La Fortuna, Pellegrini.
-Usurpación y amenaza de desalojo en Huacana, Pellegrini.
-Usurpación y deforestación en Rapelli, Pellegrini.
-Usurpación armada y desalojo en El Balde, Pellegrini.
-Usurpación en San Ignacio y San Ramón, Pellegrini.
-Usurpación armada y desalojo de animales en La Zanja, Pellegrini.
-Desalojo en Campo del Cisne, Quebracho.
-Amenaza de desalojo con arma de fuego en Paraje Palermo, Quebrachos.
-Amenaza de desalojo con arma de fuego en Corral del Rey, Quebrachos.
-Desalojo en Villa Río Hondo, Río Hondo.
-Usurpación y amenaza de desalojo en Estancia Jiménez, Río Hondo.
-Usurpación armada y amenaza de desalojo en Cara Pujio, Robles.
-Usurpación armada y amenaza de desalojo en Vaca Human, Lechuza Paso y Yanataco, Salavina.
-Usurpación y amenaza de desalojo en Cañas Paso, Salavina.
-Usurpación y amenaza de desalojo en Paraje Esquina, Salavina.
-Usurpación armada, amenaza de desalojo y deforestación en Pozo Mositoj, San Martín.
-Usurpación en Km 25, San Martín.
-Usurpación armada y deforestación en Quebrachitos, Sarmiento.
-Amenaza de desalojo y deforestación en Yanacón Bajada, Sarmiento.
-Usurpación y deforestación en San Andrés, Silipica.
-Usurpación en Villa Silipica, Silípica.
-Usurpación y desalojo de animales en San Vicente, Silípica.
-Usurpación y desalojo de animales en San Benito, Silípica.
-Usurpación en Lago Muyoj, Avellaneda.
-Contaminación con agro tóxicos en Bandera, Belgrano.
Los campesinos de Santiago lidian en todo el territorio por sus tierras, sobre todo en Pellegrini, Copo y Alberdi, donde amigos del gobierno “venden” campos fiscales.
 Mas datos necesita Zamora, para que de una buena vez los campesinos no sean victimas de los terratenientes amigos del gobierno.

sábado, 26 de noviembre de 2011

Docentes denunciarán ante la OIT al gobierno de Zamora

Dando cumplimiento al plan de acción gremial, la comisión directiva y cuerpo de delegados realizaron el jueves pasado la segunda caravana educativa en este tramo final del presente ciclo lectivo, con serias denuncias sobre la situación institucional, pedagógica y de condiciones de trabajo de la docencia santiagueña en general.

Antes de iniciarse la movilización, la secretaria general, licenciada Mirta Murad, fue entrevistada por radio Nacional, radio TOP y canal de TV de la Ucse, ante quienes explicó que la provincia no cumple con los acuerdos de la paritaria nacional y mantiene a los maestros santiagueños en el nivel más bajo del país. Denunció asimismo que se pretende extender la jornada laboral de preceptores, bibliotecarios, auxiliares, asesores pedagógicos y otros cargos de Nivel secundario, “sin recomposición salarial y sin haberse llamado a paritaria, con el agravante de que si estas medidas prosperaran, muchos docentes que se desempeñan actualmente en estos cargos, deberían renunciar a los mismos”.
A lo largo del recorrido, la movilización pasó por más de veinte establecimientos educativos, la Cámara de Diputados, Casa de Gobierno, dirección de Nivel Secundario, Ministerio de Educación y la obra social Iosep.
Al finalizar la caravana, los docentes se reunieron en asamblea para analizar la continuidad de la lucha. En ese sentido aprobaron, por unanimidad, presentar denuncia ante la OIT -Organización Internacional del Trabajo- por incumplimiento de leyes laborales y convenios internacionales con rango constitucional, convocar a nueva asamblea para el lunes 12 de diciembre en horas de la mañana y formar parte de la marcha multisectorial del 16 de diciembre.

viernes, 25 de noviembre de 2011

Zamora y Neder “compraron” a la viuda de Cristian Ferreyra: salió con 60 mil pesos

Sola, desorientada y obnubilada por ese dolor indescriptible del alma, la muchacha campesina fue “acarreada” por un “operador político” de José Emilio “Pichón” Neder, hacia la Casa de Gobierno.

La cara de la muchacha campesina lo dice todo. Está dolida con el gobierno de Zamora, a quien no le dirige la mirada cuando la obligaron a posar para la foto.
El jefe de policía, en lugar de cumplir con su deber y garantizarle la seguridad a los ciudadanos (entre ellos a Cristian Ferryera), anduvo sin dormir apurando a sus policías de Copo para que se pongan a disposición del “operador” de “Pichón” y ayudaran a traerla a la capital a la esposa de Cristian; el campesino asesinado el miércoles pasado. (¡Qué gesto solidario hubiera sido que el gobernador y los inservibles de sus colaboradores se hubieran instalado en el monte, allá en el Norte, el jueves durante el velatorio y las exequias de Cristian para extender la mano y ayudarla a esta jovencita a superar este trance de perder al padre de sus hijos!).
Todo lo contrario. Se burlaron de la pena de la chica del campo. La hicieron esperar dos horas hasta ingresar al despacho del gobernador Zamora, encima, le armaron “el discurso” que debía repetir ante la prensa rentada por el gobierno. Como estos personajes que nos gobiernan no conocen el significado de la honestidad intelectual, la obligaron a ser deshonesta con su propio sentir. Le hicieron decir que ella nunca estuvo de acuerdo con la lucha del Mocase ni con  las protestas, marchas o manifestaciones. ¡Pobre, y pensar que esta chiquilla se casó, tuvo hijos y convivió con un luchador intransigente, valiente e “invendible”, como fue Cristian Ferreyra!
Ahora, estos gobernantes de utilería sueñan que como lograron hacer decir a la viuda lo que ellos buscaban, han conseguido quebrar al Mocase. Están equivocados No conocen la entidad moral de los luchadores campesinos de Santiago del Estero.
Todo se arregla con plata
Continuaron luego la farsa en el despacho de Zamora, con un gobernador que se mostró conturbado frente a la muchacha que llegó con uno de sus hijos en brazos. Sin embargo, nada le prometieron ni Zamora ni Neder de hacer saltar a los jueces, al jefe de policía, a los abogados y escribanos que junto con funcionarios del Registro de la Propiedad provocan los robos de campos fiscales y los desaguisados que concluyen con crímenes como el que terminó con la joven vida de Cristian.
Le prometieron pensión y subsidio de por vida. Le dieron, descaradamente, 60.000, y, con mucha torpeza, le presentaron a quien iba a ser, a partir de ahora, su abogado defensor. Se trata del mismo profesional que “asesora” a Neder y el que aparece cada vez que se sustancia una causa contra el gobierno de la provincia. Es el que defiende a los padres de los niños que mató la vacuna experimental que probaron los médicos del hospital de Niños, y es el mismo que representa a la familia de Raúl Domínguez, el honesto empleado de la dirección de Rentas que fue asesinado en una repartición policial.
Zamora y Neder se aprovechan de la poca información de los familiares y, con plata, se creen que resuelven los horrendos crímenes que lleva en sus espaldas esta administración.
El abogado penalista de la Casa de Gobierno sale a escena sólo en “casos especiales” para contener la bronca contra los funcionarios. Cumple su tarea parando la pelota y luego no litiga ni defiende a los mansos santiagueños.
Fijémonos que nada se sabe del crimen de Domínguez y tampoco del laboratorio europeo ni de los médicos que en horario de trabajo (pagados por la provincia), experimentaban y cobraban de los foráneos para "matar" a los chicos de los barrios pobres.
Lo mismo pasará con la pobre muchacha viuda de Cristian. Pronto se dará cuenta que la “compraron”. Advertirá que el empresario y rico sojero será liberado y absuelto, mientras que el matador de Cristian quedará libre por “exceso en la legítima defensa”; o sea que la “justicia dependiente” dirá que apretó el gatillo porque estaba siendo atacado por el campesino desaparecido.
Y, el abogado designado por la Casa de Gobierno, jamás defenderá a la viuda. Sencillamente, no aparecerá más, como los casos descriptos arriba.
“Operación apriete”
Otra de Zamora y Neder. Le dieron instrucciones al jefe de policía que convocara urgente a un policía (comisario) del Norte Santiagueño, de apellido Argañaraz, cuyo dos hermanos de este, son lideres de distintos grupo del MOCASE.
Marcelo Pato (acordándose de los tiempos en que acompañaba y oficiaba de secretario de Musa Azar), acorraló al comisario y le ordenó que le dijera a sus dos hermanos, campesinos, que renuncien del Mocase, “inmediatamente”.
“Si no los haces renunciar y si no dejen de molestar a los jueces, a los policías, a los empresarios y al gobierno, te vamos a correr a la m….a…”.
De vuelta, se equivocaron los Zamora, los Neder y tantos otros mediocres encumbrados en el poder de la provincia que creen que todo se compra y se vende. Van a terminar cesanteando al comisario, porque sus dos hermanos no abandonarán al Mocase.

miércoles, 23 de noviembre de 2011

La farsa de Zamora: siguen los desmontes

Mientras el impresentable “Sugus” Suárez, en conferencia de prensa tan difundida por los medios zamoristas, que se suspendía el derribo del bosque nativo.

El anuncio de la suspensión de los desmontes lo hizo “Sugus”, y nadie le llevó el apunte, porque cerca de Brea Pozo siguen barriendo los bosques.
Las notas gráficas patentizan la farsa de Zamora. La prensa oficialista difundió una mentira para tratar de neutralizar la ofensiva nacional de Mocase por la muerte de Cristian Ferreyra. ¡Señores del Mocase, les han mentido, los desmontes están en marcha! Se trata de un campo ubicado en el departamento San Martín, y el predio se denomina Tala Pozo. Está ubicado a 10 kilómetros de Brea Pozo, sobre el camino que une esta localidad y Garza.
Zamora debería tomar uno de sus aviones, subir a la caterva de colaboradores inservibles para comprobar que lo que informamos es verdad.

Para el Mocase, Zamora, Daives, Gelid y Neder son culpables

A una semana del crimen del campesino Cristian Ferreyra, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), continúa con sus marchas y pronunciamientos en todo el país; aunque la prensa oficialista de Santiago del Estero no le habilite el derecho con rango constitucional de la libertad de expresión.

Anuncio de la manifestación nacional del Mocase, que se hará el viernes 25, en Monte Quemado.
Veamos el último pronunciamiento del Mocase, en Santiago del Estero, convocando para la manifestación que se realizará en Monte Quemado este viernes 25, con la participación de diputados nacionales y dirigentes sociales de todo el país, exigiendo investigaciones por los atropellos a los nativos de los departamentos Copo, Pellegrini y Alberdi y, sobre todo, justicia a los funcionarios provinciales culpables del despojo al campesinado por parte de una banda de sojeros ricos, jueces, escribamos y responsables del Registro la Propiedad y la dirección de Bosques.

Documento

En su última asamblea, el Mocase emitió el siguiente comunicado que suministró a Arena Política. Textualmente, dice:
“En homenaje permanente a Cristian Ferreyra, asesinado por sicarios del agro-negocio, y Darío Godoy, herido de gravedad en el mismo ataque, por defender los territorios.
“Por justicia y castigo a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Cristian.
“Por la investigación a la policía de Monte Quemado y juicio político al juez Fringes Sarria de Monte Quemado, quien desde hace meses recibió nuestras denuncias sobre bandas armadas y nunca actuó al respecto.
“Para que asuma las responsabilidades políticas el gobierno de Zamora, principalmente el ministro de la Producción, Luis Gelid, cuyo ministerio aprueba planes de desmonte de este tipo y promueve la instalación de empresarios en territorios campesinos indígenas; el ministro de Justicia, Ricardo Daives y el ministro de Gobierno, Emilio E. Neder, por la complicidad demostrada por el Poder Judicial y la policía con empresarios y asesinos.
“Por el cumplimiento efectivo de los siete compromisos del gobernador con las organizaciones campesinas y los pueblos originarios, firmados hace más de un año y sin ninguna operatividad hasta el momento.
“Para que una Comisión Nacional de Verificación, formada por diputados de todos los sectores políticos, verifique la presencia de bandas armadas al servicio de los empresarios y la gravedad de los conflictos de tierra con una escalada de violencia en la provincia, e intime al gobierno a actuar de inmediato.
“Para que se de tratamiento parlamentario a la nueva ley contra los desalojos y por la función social de la tierra que se ha construido desde las organizaciones campesinas indígenas del país.
“Convocamos a la movilización nacional en Monte Quemado, el viernes 5 de noviembre de 2011.
“Agradecemos la solidaridad, afecto y compromiso que nos han dado en estos días. A todos y todas, gracias.
“Nos seguimos encontrando en la lucha.
“Cristian Ferreyra, ¡presente!
“Ni un metro más, la tierra es nuestra.
“Somos tierra para alimentar a los pueblos”.

martes, 22 de noviembre de 2011

Repercusiones y censura por el asesinato de Cristian Ferreyra

El miércoles 16 de noviembre pasado, al mediodía, nació en una clínica porteña Amparo, hija del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y de su esposa la Dra. Claudia Ledesma Abdala. Amparito vino al mundo a través de un parto natural, con un peso de 2,8 kilos, está sana y rumbo a cumplir su primera semana de vida.

El asesinato del militante del movimiento campesino incita a interrogarse por sus responsables, mucho más allá de los sicarios enviados a materializar el hecho.
Mientras Amparo gritaba al tragar oxígeno ambiente por primera vez en esa sala llena de gente desconocida, a unos 1150 kilómetros de la clínica, otro grito se oía como un rugido que cruzaba el monte santiagueño. Era la voz de Cristian Ferreyra, de 25 años, que se apagaba de repente y abandonaba el mundo dejando ese silencio insoportablemente ruidoso que trae una muerte injusta. Era asesinado a manos de dos matones enviados por el terrateniente José Ciccioli, empresario ligado a los agronegocios de la provincia norteña.
Los sicarios enviados por Ciccioli conocían a Cristian, entre ellos estaba el autor material del asesinato, Javier Juárez. “¿Quién te crees que sos?”, lo increparon. Cristian no dudó, como no lo había hecho durante los años de militancia en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero -Vía Campesina (MOCASE-VC) y contestó con una frase que no dejaba lugar a dudas: “Somos los dueños de esta tierra, aquí vivimos, ustedes quiénes se creen”.
Los ojos desorientados de Juárez se encontraron con los ojos serenos de Cristian y fue tanto el miedo que sintió el primero, que echó mano a su arma y le disparó a sangre fría, frente a su mujer, frente a su tío y frente a su hijo. La sangre de otro luchador de las causas justas se perdía por las grietas del piso seco y duro de Santiago.
Cristian Ferreyra era un militante que sobresalía dentro del MOCASE-VC, la organización que desde hace dos décadas denuncia las amenazas, agresiones y asesinatos que genera el avance del monocultivo sojero, el desmonte irresponsable de los bosques nativos y el destierro de miles de familias a las que el apetito voraz de los agronegocios somete hace ya varios años.
Los medios de comunicación
Si hay algo que puede contrarrestar la invisibilidad que tienen estos hechos violentos en las provincias afectadas por las prácticas de estas “guardias blancas”, son los medios de comunicación. La respuesta de los medios de organizaciones sociales y movimientos populares que proliferan en la red no tardó nada en hacerse eco del crimen cometido.
Sin embargo, como cada vez más frecuentemente suele pasar, algunos medios no tuvieron los mismos reflejos. Tal es el caso de la agencia Télam y el diario Página/12 que tuvieron distintas maneras de abordar la noticia, pero compartieron un patrón específico: no nombraban autoridades gubernamentales en sus textos. En el caso de la agencia nacional de noticias, se sabe, a través de sus propios trabajadores, que la censura es cada vez más asfixiante. Esta optó por enviar un cable en que la voz policial era la única fuente citada, por supuesto, muy lejos de la realidad que horas después ya nadie podría negar.
El camino que siguió la cobertura del asesinato en el diario Página/12, tuvo otras aristas igual de vergonzosas. El relato se puede leer en la nota que Marcha publica al respecto.
Los otros medios nacionales estaban muy preocupados en cultivar el morbo que provocó la aparición sin vida del cuerpo de Tomas, un niño de 9 años que ilustró con su cara la portada de todos los matutinos y sitios web.
Los anillos de responsabilidades
En la provincia de Santiago, el gobernador Zamora ganó las elecciones con un 82% de los votos, y declaró a ese estado “Capital del kirchnerismo” demostrando así, más allá de su identificación radical, un clarísimo apoyo a la gestión y el proyecto de la presidenta Cristina Fernández.
Esta sintonía e identificación política entre el Ejecutivo provincial y el nacional es un espejo de la afinidad que tienen en cuanto al modelo agrícola que profesan. La soja les deja grandes ganancias económicas a ambos gobiernos, y para que eso suceda y el suelo se venda, se siembre y se coseche, hay que destruir un obstáculo que lleva ahí centenares de años: los campesinos indígenas. Para “eliminarlos” han tenido que elaborar una red de complicidades y corrupción que ya no es noticia para nadie. El poder judicial, el gobierno provincial y el poder ejecutivo nacional no pueden desconocer la situación en la que se encuentran las familias que allí viven, y de la cuales varias, seguramente, votaron y engordaron el 54% que llevó a la reelección a la Presidenta.
El gobierno nacional se propone aumentar a 160 millones de toneladas la cosecha de granos para el año 2020, y eso, claro está, sólo es posible con más terreno en donde sembrar soja, la niña bonita de los commodities y uno de los grandes negocios de la exportación argentina. La pregunta es ¿a cambio de qué? O mejor dicho ¿a cambio de quiénes? Porque mientras la frontera sojera avanza, cientos de comunidades retroceden y miles de familias que habitan esos terrenos -muchos de estos son grandes bosques nativos que no tienen recuperación alguna- son expulsadas.
El destierro de estas comunidades sólo es posible con la complicidad de la autoridades municipales, la ceguera de la justicia provincial, la corrupción del gobierno provincial (que debería bregar por los derechos de estos pobladores) y el silencio del gobierno nacional, no solamente con respecto a esta ultima muerte, sino en torno a una situación que se viene repitiendo desde hace años.

Y, ¿la banda de jueces, abogados, escribanos y del Registro de la Propiedad?

Tuvo que ser asesinado otro campesino (esta vez un jovencito de 24 años) a manos de sicarios de los “ricos sojeros” que llegan a Santiago del Estero amparado por los facinerosos politicos del “nuevo Santiago”, para que el gobierno provincial decida suspender las autorizaciones de desmontes, por el término de 180 días.

Las mentiras de suarez a los campesinos
Se trata de una “medidita” que no sirve para reparar el daño que se le ha hecho a la sociedad toda. El pueblo espera que se investigue a fondo quiénes cobijan a estos foráneos que llegan y logran arrasar a comunidades enteras. Lo que el gobierno provincial debería emprender es una cruzada firme y decidida que mande presos a los jueces, abogados, escribanos y a los inescrupulosos del Registro de la Propiedad que son quienes “se casan” con “los grandes inversores” y, por la buena paga, son cómplices del saqueo de nuestros campos y bosques fiscales.

El juez y la policía de Monte Quemado conocen todo cuanto ocurre, en detalle y, en la mayoría de los casos, son cómplices, porque “juegan” para los platudos, al igual que la caterva de abogados y escribanos que manejan el Registro de la Propiedad como si fuera una repartición que les pertenece.
En verdad, resulta simple arrinconar a esta banda. Hay que hablar con los empleados serios y honestos de esta dependencia para comprender el desquicio que se está perpetrando con las tierras públicas desde el primer día que asumió Gerardo Zamora. Se los conoce con nombre y apellido. Por ello, los “inversores” que se vienen a rebuscar en Santiago los ubican rápidamente y también de inmediato concretan sus “negocios”.
Si el Poder Ejecutivo cree que va a detener a esta mafia decretando la prohibición de desmontes por 180 días, es que no quiere resolver el problema y, lo más triste, va a seguir habilitando el camino para que ocurran otros hechos similares al que sufrió Cristian Ferreyra. Alguien que sea intransigente (en representación y con potestades de Zamora) debería penetrar en Pellegrini, Alberdi y Copo para comenzar a desenmascarar a los integrantes de la “asociación ilícita de los campos fiscales”. De paso, serviría para detener esta verdadera guerra entre los que “compran” grandes predios y los pobladores que, defendidos por el Mocase, van a seguir luchando y aferrados a sus terrenos que vienen de allá de lejos, de sus ancestros.
Las imagenes de como es la situacion de los campesinos que son despojados de sus tierras y el desmonte que producen estos señores, dicen mas q mil palabras, en una de ellas se lo ve al mediocre y corrupto jefe de gabinete Elias Suarez, reunido varios meses atras con campesinos, con las mentiras de siempre, que enviará la misma comision que nunca fue a interiorizarse de la situacion de la gente.
Lo que si estamos seguros que los funcionarios zamoristas, están temerosos, por que vieron la cantidad de gente que se movilizó en capital federal y amenazaron que si no solucionaban la situacion, que desde hace varios años vienen denunciando, vendrian a Sgo y producirian otro " SANTIAGUEÑAZO".