Es noticia nacional el homicidio de un integrante del MOCASE,mientras funcionarios y amigos del “zamorismo” arrasan campos fiscales

Entre los detenidos está el presunto autor material y otros tres miembros de un grupo de choque. Todos habrían sido contratados por el empresario Jorge Ciccioli. El Mocase venía enunciando atropellos desde hace ocho meses, pero nadie intervino.

Hay cuatro detenidos por el asesinato a balazos de Cristian Ferreyra (23), integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), entre ellos Javier Francisco Juárez, acusado de ser el autor material del homicidio y de la herida de bala que sufrió Darío Godoy (26), quien se encuentra internado. Los otros detenidos son Walter Juárez –hermano de Javier Francisco–, Mario René Abregú y Carlos Gregorio Abregú. El juez de la causa, Alejandro Sarría Fringes, también ordenó la inmediata detención del empresario sojero santafesino Jorge Ciccioli –para quien trabajan los cuatro imputados–, quien ha sido señalado como presunto instigador del ataque que sufrieron las víctimas. “Además de la muerte y del herido de bala, otro campesino fue golpeado y le pegaron patadas, trompadas y culatazos a la mujer de Godoy, que también está internada”, denunció a Página/12 Antenor Ferreyra, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Santiago del Estero.
El parte dado a conocer por la Seccional 22 de la policía santiagueña confirma lo dicho en su edición de ayer por este diario, en el sentido de que fue un ataque unilateral y no un “enfrentamiento”, como señalaron otros medios de prensa pagados por el gobierno de zamora. En el párrafo donde relata la agresión, el parte dice: “Javier Juárez portaba una escopeta colgada al cuello, solicitó dialogar con Godoy y Ferreyra, llamándolos hacia el patio; cuando estaban saliendo, Juárez le disparó a Ferreyra en primer lugar en la pierna derecha y luego a Godoy, quien resultó herido en ambos muslos”. Hasta ayer había distintas versiones respecto del orden de la agresión. Los testigos habrían señalado que Juárez baleó primero a Godoy, para luego hacer lo mismo con Ferreyra, quien intentó defender a su compañero.
Antenor Ferreyra, de APDH, recordó que la agresión ocurrió el miércoles y que en la Seccional 22 “se negaban a recibir la denuncia y por eso tuvieron que decir que iban a hacer un ‘escrache’ para que escucharan a los familiares de las víctimas”. Para el dirigente, lo ocurrido “fue una típica disputa por la tierra y no un enfrentamiento, como dicen algunos medios santiagueños. La gente del Mocase no anda con armas, estaban en su casa esperando a que llegaran otros integrantes del grupo para hacer una reunión”. Al mismo tiempo informó que Ferreyra “deja una viuda y un hijo de un año y ocho meses” y que Godoy tiene hijos de 5 y 3 años.
El abogado de la APDH hizo responsable por lo ocurrido “al gobierno provincial, porque el problema con el empresario Ciccioli y su grupo armado comenzó hace ocho meses, cuando alambraron un campo de 3500 hectáreas y dejaron adentro, sin salida al exterior, a una escuela pública de la provincia. Quedaron la directora y tres maestras, pero los chicos hace ocho meses que no pueden ir a clases y el Ministerio de Educación provincial no hace nada para solucionar ese problema. Ahora, después de lo ocurrido, le estamos pidiendo contención psicológica para las familias afectadas por este ataque y sobre todo para los niños, que vieron cómo baleaban a sus padres, y tampoco hay ninguna respuesta oficial”.
Antenor Ferreyra también cuestionó al juez interviniente, Alejandro Sarría Fringes, porque “hace tiempo recibió dos denuncias por la presencia en la zona de esta banda armada, porque no son campesinos ni agrimensores, son una banda de unas diez personas contratadas por Ciccioli como seguridad privada para frenar al Mocase”. Agregó que “no hay dudas de que los contrataron por su capacidad de fuego, porque son un grupo mafioso”. También hubo una tercera denuncia, presentada por una familia de apellido Maldonado, que había sufrido antes una agresión similar.
Recordó Ferreyra que “también fueron ellos, los de este grupo armado, los que quemaron la radio que tenía el Mocase en Las Lomitas, en medio del monte, como represalia porque el Mocase había cortado algunos alambres”.
El ataque ocurrió el miércoles en el paraje Campo de Mayo del departamento Copo. La autopsia demostró que Ferreyra fue herido en la ingle y que eso afectó la arteria femoral, por lo que sufrió “un shock hipovolémico” y falleció antes de llegar al hospital.
El informe policial señala que todo comenzó cuando Mario Abregú estaba realizando un “labrado de postes” en la propiedad de Ciccioli, cuando llegaron al lugar Cristian Ferreyra y Darío Godoy, quienes “le solicitaron que deje de trabajar allí porque no le iban a permitir sacar los productos porque ellos son miembros del Mocase”. Mario Abregú dio aviso a su hermano, Carlos Gregorio, quien a su vez llamó a Francisco Javier Juárez, quien de inmediato se dirigió a la casa de Godoy.
En ese punto, el parte policial afirma que “Javier Juárez portaba una escopeta colgada al cuello, solicitó dialogar con Godoy y Ferreyra, llamándolos hacia el patio, cuando estaban saliendo, Juárez le disparó a Ferreyra en primer lugar, en la pierna derecha y luego a Godoy, quien resultó herido en ambos muslos”.
El delegado de Pastoral Social y Derechos Humanos de Santiago del Estero, Sergio Lamberti, consideró ayer que el asesinato de Cristian Ferreyra es “una muestra cruenta y sangrienta” de la “escalada de violencia” contra indígenas y campesinos por parte de “empresarios sojeros y de agronegocios”.
Zamora no sabe, o se hace el desentendido
“Son los mismos que han diseñado el plan de ataque que vienen sufriendo los campesinos indígenas en los departamentos Copo, Pellegrini y Alberdi desde hace 4 meses de forma sistemática. Unos ejemplos son la detención arbitraria de Ricardo Cuellar, el atentado a la Radio FM Pajsachama, la quema de ranchos y pertenencias de campesinos de la CCCOPAL” explican desde el Mocase.
El gobierno de Santiago no sabe ni contesta. Es responsable por omisión y por autorización. La dirección provincial de Bosque, aseguran, autorizó el desmonte donde viven las familias campesinas indígenas de varias generaciones. El desmonte es el degüello de la naturaleza. De la cultura de siglos. Es un tajo fatal en las vidas serenas que siembran y pastorean en su tierra pequeña, ancestral, suya por propia historia y raíz. El desmonte es la puerta abierta a los monstruos. A los conquistadores voraces del tercer milenio. A la "soja trans" que se devora todo. Se devora la tierra nutriente y la vida que resiste. Como la de Cristian.
Mientras tanto los medios oficialistas publican mienten diciendo: Se informó además que, el Gobierno de Santiago del Estero mantiene diálogo con el sector y tomará las medidas que sean necesarias para la solución de la problemática.