Repercusiones y censura por el asesinato de Cristian Ferreyra

El miércoles 16 de noviembre pasado, al mediodía, nació en una clínica porteña Amparo, hija del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y de su esposa la Dra. Claudia Ledesma Abdala. Amparito vino al mundo a través de un parto natural, con un peso de 2,8 kilos, está sana y rumbo a cumplir su primera semana de vida.

El asesinato del militante del movimiento campesino incita a interrogarse por sus responsables, mucho más allá de los sicarios enviados a materializar el hecho.

Mientras Amparo gritaba al tragar oxígeno ambiente por primera vez en esa sala llena de gente desconocida, a unos 1150 kilómetros de la clínica, otro grito se oía como un rugido que cruzaba el monte santiagueño. Era la voz de Cristian Ferreyra, de 25 años, que se apagaba de repente y abandonaba el mundo dejando ese silencio insoportablemente ruidoso que trae una muerte injusta. Era asesinado a manos de dos matones enviados por el terrateniente José Ciccioli, empresario ligado a los agronegocios de la provincia norteña.
Los sicarios enviados por Ciccioli conocían a Cristian, entre ellos estaba el autor material del asesinato, Javier Juárez. “¿Quién te crees que sos?”, lo increparon. Cristian no dudó, como no lo había hecho durante los años de militancia en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero -Vía Campesina (MOCASE-VC) y contestó con una frase que no dejaba lugar a dudas: “Somos los dueños de esta tierra, aquí vivimos, ustedes quiénes se creen”.
Los ojos desorientados de Juárez se encontraron con los ojos serenos de Cristian y fue tanto el miedo que sintió el primero, que echó mano a su arma y le disparó a sangre fría, frente a su mujer, frente a su tío y frente a su hijo. La sangre de otro luchador de las causas justas se perdía por las grietas del piso seco y duro de Santiago.
Cristian Ferreyra era un militante que sobresalía dentro del MOCASE-VC, la organización que desde hace dos décadas denuncia las amenazas, agresiones y asesinatos que genera el avance del monocultivo sojero, el desmonte irresponsable de los bosques nativos y el destierro de miles de familias a las que el apetito voraz de los agronegocios somete hace ya varios años.
Los medios de comunicación
Si hay algo que puede contrarrestar la invisibilidad que tienen estos hechos violentos en las provincias afectadas por las prácticas de estas “guardias blancas”, son los medios de comunicación. La respuesta de los medios de organizaciones sociales y movimientos populares que proliferan en la red no tardó nada en hacerse eco del crimen cometido.
Sin embargo, como cada vez más frecuentemente suele pasar, algunos medios no tuvieron los mismos reflejos. Tal es el caso de la agencia Télam y el diario Página/12 que tuvieron distintas maneras de abordar la noticia, pero compartieron un patrón específico: no nombraban autoridades gubernamentales en sus textos. En el caso de la agencia nacional de noticias, se sabe, a través de sus propios trabajadores, que la censura es cada vez más asfixiante. Esta optó por enviar un cable en que la voz policial era la única fuente citada, por supuesto, muy lejos de la realidad que horas después ya nadie podría negar.
El camino que siguió la cobertura del asesinato en el diario Página/12, tuvo otras aristas igual de vergonzosas. El relato se puede leer en la nota que Marcha publica al respecto.
Los otros medios nacionales estaban muy preocupados en cultivar el morbo que provocó la aparición sin vida del cuerpo de Tomas, un niño de 9 años que ilustró con su cara la portada de todos los matutinos y sitios web.
Los anillos de responsabilidades
En la provincia de Santiago, el gobernador Zamora ganó las elecciones con un 82% de los votos, y declaró a ese estado “Capital del kirchnerismo” demostrando así, más allá de su identificación radical, un clarísimo apoyo a la gestión y el proyecto de la presidenta Cristina Fernández.
Esta sintonía e identificación política entre el Ejecutivo provincial y el nacional es un espejo de la afinidad que tienen en cuanto al modelo agrícola que profesan. La soja les deja grandes ganancias económicas a ambos gobiernos, y para que eso suceda y el suelo se venda, se siembre y se coseche, hay que destruir un obstáculo que lleva ahí centenares de años: los campesinos indígenas. Para “eliminarlos” han tenido que elaborar una red de complicidades y corrupción que ya no es noticia para nadie. El poder judicial, el gobierno provincial y el poder ejecutivo nacional no pueden desconocer la situación en la que se encuentran las familias que allí viven, y de la cuales varias, seguramente, votaron y engordaron el 54% que llevó a la reelección a la Presidenta.
El gobierno nacional se propone aumentar a 160 millones de toneladas la cosecha de granos para el año 2020, y eso, claro está, sólo es posible con más terreno en donde sembrar soja, la niña bonita de los commodities y uno de los grandes negocios de la exportación argentina. La pregunta es ¿a cambio de qué? O mejor dicho ¿a cambio de quiénes? Porque mientras la frontera sojera avanza, cientos de comunidades retroceden y miles de familias que habitan esos terrenos -muchos de estos son grandes bosques nativos que no tienen recuperación alguna- son expulsadas.
El destierro de estas comunidades sólo es posible con la complicidad de la autoridades municipales, la ceguera de la justicia provincial, la corrupción del gobierno provincial (que debería bregar por los derechos de estos pobladores) y el silencio del gobierno nacional, no solamente con respecto a esta ultima muerte, sino en torno a una situación que se viene repitiendo desde hace años.