Graciela Camaño pide que los jueces puedan allanar a los diputados y pinchar sus teléfonos

La diputada nacional del massismo presentó un proyecto que autoriza a los magistrados a investigar a los legisladores bajo sospecha sin pedir permiso al Congreso. El caso De Vido.

El Frente Renovador presentó un proyecto para introducir cambios a la ley de fueros, que protege a legisladores, funcionarios y magistrados. La iniciativa, de la jefa de la bancada en Diputados, Graciela Camaño, contempla que un juez pueda pinchar los teléfonos o realizar allanamientos sin la previa autorización del Congreso. Sólo tendrá que notificar al presidente de la Cámara.

Camaño está en contra del proyecto de resolución del diputado del PRO, Pablo Tonelli, que habilita a un juez a hacer un allanamiento a Julio De Vido. “Esto es muy grave, porque sienta un precedente que implica que todos nos enteremos cuando un juez está investigando a un legislador”, explicaron cerca de la diputada. Y añadieron: “De Vido va a poder hablar cuando esto se trate, porque tiene el derecho, y va a poder votar. Es ridículo”.

El cambio al artículo Nº 1 de la ley de fueros está en las comisiones de Asuntos Constitucionales –que preside el propio Tonelli– y en Peticiones. Hasta ahora, los jueces que querían allanar o escuchar el teléfono de un legislador notificaban al presidente de la Cámara y éste lo autorizaba. Ahora eso va a dejar de ser así si se aprueba el proyecto.
La polémica se generó luego de que De Vido, que es diputado por el FpV por la provincia de Buenos Aires, se amparó en sus fueros para impedir un allanamiento en subsidio. Es decir, el juez avanzaría con el procedimiento en caso de que no se le entregara la información. La defensa De Vido frenó el operativo.
El juez del caso no había pedido autorización al Congreso. Tonelli, entonces, elevó un proyecto de resolución, que tiene dictamen favorable, para que se pueda llevar a cabo, en este caso, el allanamiento. Esa resolución será aprobada por el Parlamento.
“Acá lo que queremos es que haya una votación nominal para determinar quién vota a favor de investigar la corrupción y quién no”, consideraron cerca del diputado. Y aclararon que la iniciativa es simbólica, dado que lo que haya ido a buscar el juez ya no está en la vivienda.

Pero Camaño no está de acuerdo con el modo de proceder. “Si un diputado está siendo investigado, no puede ser que se entere todo el mundo. Porque el allanamiento y las escuchas son medidas investigativas”.
De prosperar el proyecto, los fueros salvarán a los que lo protegen de arrestos y le seguirán permitiendo hacer uso de la palabra en el recinto sin tener consecuencias. Pero no de las medidas investigativas.
Cuando se produzca un allanamiento, el presidente de la Cámara correspondiente deberá estar informado pero tendrá que mantener las reservas del caso, según la reforma que propone Camaño. El artículo nuevo dice: “Al ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores o la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas deberá comunicar de tales medidas al presidente de la respectiva Cámara, quien debe estar informado de ello previo a llevárselas a cabo y guardar reserva de las mismas hasta tanto se hagan efectivas”. Al parecer, el PRO avala la iniciativa, que iba a ser tratada esta semana, pero una discusión entre kirchneristas y oficialistas postergó la determinación.
Por su parte, el kirchnerismo presentó dos proyectos, de Diana Conti y Rodolfo Tailhade, que manifiestan “repudio” a las propuestas del oficialismo.

DE VIDO NO PUEDE COMPRAR NI VENDER
El sueldo de Julio De Vido fue embargado por el juez Claudio Bonadio en la causa en la que investiga su responsabilidad en la tragedia de Once. Como inicialmente le había trabado un embargo de 600 millones de pesos, pero el diputado informó que no podía pagarlo, el juez federal le embargará el 20% de su salario. Además, le impuso una inhibición general de bienes, que implica que no puede comprar ni vender nada.
El juez Bonadio, que tiene a su cargo varias causas sensibles contra ex funcionarios kirchneristas, investiga a De Vido por el choque de una formación ferroviaria, ocurrido en la estación de Once el 22 de febrero de 2012, en el que murieron 51 personas y hubo más de 700 heridos. Por ese hecho ya fueron condenados los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.