El feudo santiagueño, lapidario la editorial de la Nación

Por: La Nación
Los Juárez, primero, y ahora los Zamora siguen manipulando la provincia en su propio beneficio, como si se tratara de una sociedad conyugal.

Todo queda en familia: para Gerardo Zamora y su esposa, Claudia Ledesma, la gobernación santiagueña representa un bien ganancial.

Se han visto defraudadas las esperanzas de que, en 2005, se iniciara una etapa de fortalecimiento de las instituciones democráticas en Santiago del Estero. Fue en esa fecha cuando el interventor federal Pablo Lanusse entregó el gobierno a Gerardo Zamora, el nuevo mandatario elegido en comicios. Al largo predominio de la sociedad conyugal de los Juárez, que hasta fueron proclamados "protectores ilustres" de la provincia merced al servilismo de sus partidarios, le ha sucedido el matrimonio Zamora, como si el gobierno del distrito fuera un bien conyugal.

Cabe recordar que finalizando el segundo mandato del actual senador Zamora se planteó en la justicia provincial la posibilidad de que el entonces gobernador se presentara a competir por un tercer mandato consecutivo. Para escándalo de quienes respetan el orden jurídico, el Tribunal Superior de Santiago del Estero declaró "inconstitucional" la Constitución local, que prohíbe más de un reelección consecutiva. Con ello quedó demostrado que la justicia santiagueña no es un poder del Estado, sino un simple apéndice del gobierno.
Ese intento de violar la Constitución santiagueña fue evitado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Impedido entonces Zamora de competir otra vez por el cargo de gobernador, fue reemplazado como candidato del oficialismo por su esposa, Claudia Ledesma, sin ninguna trayectoria en la vida pública ni actuación política. El Poder Ejecutivo en manos de los Zamora controla, además, a la casi totalidad de la Legislatura provincial, lo que la transforma en una simple dependencia de los deseos de quien gobierna. Como si esto no bastara, con la complicidad del Frente para la Victoria en el Senado, Zamora se apoderó de la banca del tercer senador, que corresponde al segundo partido de acuerdo con la Constitución nacional reformada en 1994, repitiendo una maniobra que también intentó en su momento Carlos Juárez, pero que en ese caso fracasó.

La oposición santiagueña afronta serias dificultades, pues tiene limitado el acceso a los medios de comunicación provinciales, que son censurados y controlados por el Poder Ejecutivo. Incluso, el gobierno local gasta fuertes sumas de dinero en pauta publicitaria en medios nacionales.

La brutal dependencia del empleo público, a pesar de que se pagan los sueldos más bajos del país, más las amenazas de cesantías, el clientelismo, la ayuda social vinculada al oficialismo y el miedo a la fiscalización de las elecciones en el interior provincial son instrumentos usados por el matrimonio gobernante, que llegó a aplicar la ley antiterrorista a un periodista. En otra pretendida y vergonzosa demostración de fuerza, Zamora se jactó de ser "mil veces más hijo de puta que Juárez".

Hechos de violencia nunca esclarecidos agregan más sombras al panorama, como el caso de Raúl Domínguez, un ex empleado de Rentas que fue asesinado, crimen del que se sospecha que pudo haber sido instigado por altos sectores del gobierno. O el del asesinato del joven policía Johnatan Barrera, de la localidad de Frías, presunto testigo de la penetración narco en la política, a quienes se agregan decenas de muertes en el penal de la capital provincial. Causa al menos suspicacia que uno de los primeros pedidos del gobernador Zamora al presidente Mauricio Macri haya sido ubicar a un hombre suyo en la embajada argentina en Paraguay, el ex vicecanciller kirchnerista Eduardo Zuain, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido reportado de modo insistente el corredor de la droga entre ese país y Santiago del Estero.
"Portaaviones del narcotráfico." Así fue tildada Santiago del Estero por un juez federal de Córdoba. Hay fundadas sospechas de complicidad del poder con ese aberrante delito, ante la pasividad de las fuerzas de seguridad, que pareciera que están más para proteger el tránsito de droga que para combatirlo. Pero no es simplemente una ruta del narcotráfico. En toda la provincia ese flagelo está afectando a la población joven.
La falta se seguridad jurídica se observa tanto en la Justicia como en el registro de la propiedad provinciales. Los usurpadores de campos tienen vía libre por el desorden y la falta de coordinación entre el registro de la propiedad, rentas y catastro. Permanentemente se escuchan quejas de antiguos propietarios y nuevos inversores que encuentran irregularidades o que, lisa y llanamente, son despojados de parte de sus propiedades. Las sospechas recaen en la complicidad de altos funcionarios con integrantes del Poder Judicial y la participación de escribanos inescrupulosos.
Durante los gobiernos kirchneristas, Santiago del Estero ha recibido fondos nacionales para obras públicas que duplican lo obtenido por otras jurisdicciones. Es llamativo, por no decir sospechoso, que distritos más pequeños hayan tenido ingresos desproporcionados y, a pesar de ello, no puedan demostrar la realización de obras de rentabilidad social razonable. Los precios, de acuerdo con numerosas denuncias, son muy superiores a los reales y se concentran en pocas empresas. En esas provincias, personajes como Julio De Vido o José López han tenido un fuerte protagonismo y eran, en el caso particular santiagueño, participantes asiduos en actos y agasajos. Es que el gobierno surgido del radicalismo se sustentó en una alianza con controvertidos intendentes municipales juaristas y se completó con la postulación para el Congreso Nacional de personas poco representativas que han tenido como único protagonismo levantar la mano en el recinto siguiendo las instrucciones de Zamora, en línea con los caprichos de la familia Kirchner. Santiago del Estero sigue siendo beneficiada por el actual gobierno con el reparto de fondos discrecionales. Hasta junio de este año, recibió 5,3% del total de esas transferencias contra el 5,1% que obtuvo entre 2013 y 2015.

Sin duda que hay numerosas obras públicas nuevas, que van desde un aeropuerto en Termas de Río Hondo, a 60 kilómetros del de la ciudad capital y a otros 60 del de Tucumán, pero que sólo cuenta con dos vuelos semanales. También se han levantado edificios públicos costosos, hay un alto mantenimiento de rutas de escaso tránsito, y un llamado tren al desarrollo con un viaducto de cuatro kilómetros para una sola trocha angosta en el que se llevan gastados cerca de cien millones de dólares -cuatro veces el valor real-. Mientras tanto, obras vitales para el desarrollo no se concluyen o no se encaran como la conversión en autopista de la ruta 34, columna vertebral del Noroeste, que es conocida como la ruta de la muerte, o la reconstrucción del ferrocarril Belgrano, desde Tostado hacia Añatuya y Pozo Hondo, que aliviaría los costos de la producción del Noroeste y los de esa provincia. Ha habido mucho maquillaje, pero poca inversión para una transformación que promueva un proceso de desarrollo sustentable, habida cuenta de contar la provincia con importantes recursos en tierras, agua y bosques.

Santiago del Estero es uno de los distritos con mayor mortalidad infantil debido a la falta de agua potable y cloacas. Otro dato preocupante es el educativo. En las pruebas realizadas a alumnos de 4° año, el 80% no ha sabido interpretar textos ni tenido nociones de matemática. Recientemente se ha tomado el primer examen de ingreso para la flamante Facultad de Medicina que aprobaron sólo 10 alumnos entre casi 400 postulantes. Estas cifras son alarmantes en un mundo donde la educación es la clave para la prosperidad de las naciones y las aspiraciones individuales de lograr mejor calidad de vida y movilidad social.
Ahora que ha cambiado el oficialismo nacional, el matrimonio Zamora, que militó activamente en favor de Daniel Scioli, ha realineado a sus levantamanos en el Congreso y busca protección en el gobierno nacional para poder seguir sometiendo al sufrido pueblo santiagueño. En esa provincia sigue imperando un régimen feudal, donde los recursos públicos -un 90% pagado por todos los argentinos por la baja recaudación provincial benefician solamente a la oligarquía política y su red de proveedores.