Por; Joaquin Morales Sola
Envuelto en la sospecha y el descrédito, el viejo sistema electoral
podría dejar a los argentinos sin un presidente nuevo el 10 de
diciembre. Habrá un presidente electo, sin duda, pero nadie sabe ahora
cuándo estará en condiciones de asumir. La estrechísima diferencia que
señalaría un triunfo en primera vuelta o la necesidad de una segunda
ronda abrirían un período de alta conflictividad política y electoral.
Cuando faltan menos de 50 días para la primera vuelta electoral, esa
perspectiva depende también de que las encuestas actuales se conserven
en el tiempo que resta. Será así en tanto Daniel Scioli y Mauricio Macri
se mantengan estancados en las mediciones, como lo están desde las
primarias. Depende, además, de que el caso que estalló sobre el
candidato macrista Fernando Niembro no erosione los números de Macri, y
de que Sergio Massa siga reteniendo el caudal de votos de las primarias,
lo que les impide crecer a los otros dos.
Todavía no fueron escrutados todos los votos de Tucumán cuando
pasaron tres semanas desde las elecciones. Por el escándalo tucumano (y
tras el robo de urnas en el conurbano bonaerense), el escrutinio
provisional se convirtió en poco confiable como para otorgar un triunfo
por una diferencia de uno o dos puntos. O por décimas. Ésa es la
distancia pequeña y fluctuante que separa a Scioli de una victoria en la
primera ronda. Tiene más votos que Macri en todas las encuestas, pero
en todas también está muy lejos del 45% (que le daría un triunfo claro
en la primera ronda) y tampoco alcanza la diferencia de más de 10
puntos, si sacara entre el 40 y el 45%, ante su principal rival.
¿Qué sucedería si fuera necesario esperar el escrutinio definitivo
para saber si habrá segunda vuelta? Entre la primera y la segunda vuelta
habrá sólo 27 días. Si Tucumán lleva escrutando 20 días y no terminó,
¿cuántos días consumiría el escrutinio definitivo de todo el país? Es
cierto que las elecciones presidenciales serán más simples que el
desaforado sistema de acople tucumano, pero es igualmente veraz que la
geografía y el número de votantes nacionales son infinitamente mayores
que los de Tucumán. ¿Cuándo, entonces,
los candidatos y los argentinos sabrán si habrá o no segunda vuelta?
Nadie contesta. Los jueces de la Cámara Nacional Electoral, conscientes
de la gravedad de la situación, están colocando una atención especial en
la provincia de Buenos Aires, el único de los grandes distritos (y el
más grande de todos, por lejos) que hará su elección provincial junto
con las presidenciales.
El cuadro se agravaría aún más si hubiera segunda vuelta. Entre el 22
de noviembre y el 10 de diciembre habrá sólo 18 días. Las encuestas que
han medido una segunda vuelta (relativas todas en las condiciones
actuales) señalan triunfos por uno, dos o tres puntos, cuando mucho. Así
como Scioli es el candidato más votado en las mediciones de primera
vuelta, Macri lo es en las encuestas sobre el ballottage. ¿Qué sucedería
si cualquiera que saliera segundo planteara la necesidad del escrutinio
definitivo o la revisión de muchas urnas en todo el país para aceptar
su derrota? ¿Cuándo los argentinos (y el próximo presidente) sabrán
quién ganó definitivamente? Un cuadro de extrema conflictividad podría
llevar la definición hasta más allá del 10 de diciembre.
Cristina Kirchner y Amado Boudou deberán irse a sus casas el 10 de
diciembre, pase lo que pase. Su mandato constitucional concluirá
indefectiblemente ese día. La única alternativa posible sería que
Cristina le entregara el gobierno al presidente provisional del Senado,
el radical K Gerardo Zamora, uno de los peores líderes feudales del
país, hasta que la Justicia proclame al nuevo presidente. Una fuente
inmejorable de la justicia electoral, consultada sobre la posibilidad de
que Zamora termine siendo presidente provisional del país, contestó con
una frase corta, seca:
“No es imposible y ni siquiera improbable. Todo dependerá del grado de los litigios políticos y judiciales”.
El primer error consiste, entonces, en los plazos tan apretados del
calendario electoral, hecho para que el que gobierna conserve el poder
hasta días antes de irse. Los jueces de la Cámara Nacional Electoral
vienen, además, pidiéndoles desde hace dos años a los dirigentes
políticos, oficialistas y opositores, que modernicen el sistema de
votación. Nadie hizo nada; tampoco la Presidenta, que tiene vocación
para cambiar todo, menos el sistema electoral. Un sistema tramposo,
lleno de mañas. El kirchnerismo puso en duda la legitimidad en el
ejercicio de un gobierno democrático. La indolencia y la especulación
están cerca de colocar la sospecha sobre la legitimidad de origen, que
consiste en la elección limpia de los gobernantes.
¿Tendrá la cuestión de Niembro alguna influencia en los votantes
actuales y eventuales de Macri? El relator deportivo tuvo dos casos de
contratos con el gobierno de la ciudad. En uno actuó como los llamados
“bolseros” en la jerga de la publicidad; son intermediarios entre el
Estado y distintos medios de comunicación audiovisual. Niembro fue
intermediario de la cadena Fox Sports. El “bolsero” recibe una cantidad
importante de publicidad que luego vende a un medio determinado o a
varios. Los funcionarios aseguran que, por lo general, les pagan a los
“bolseros” un precio más barato por la publicidad que si la contrataran
directamente con el medio. Cerca del 80% del contrato de Niembro se
canalizó a través de esa operatoria sobre la publicidad.
La otra relación de Niembro con el gobierno porteño fue para hacer
encuestas pequeñas sobre la satisfacción de la sociedad con servicios
muy puntuales. Éste es todavía un caso más inexplicable, porque Niembro
no es encuestador. Aceptó, incluso, que les encargaba a terceros lo que
le habían encargado a él. “Es cierto. Este contrato se hizo más como
amigo de la casa, pero se pagó menos que a una encuestadora”, aceptaron
fuentes del gobierno porteño. La decisión, señalaron, nunca pasó por los
funcionarios con “sensibilidad política” en condiciones de advertir un
conflicto potencial. Es cierto también que todos los servicios por los
que le pagaron a Niembro se realizaron. La cadena Fox Sports emitió los
spots y las encuestas se hicieron.
Es cierto, igualmente, que los denunciantes son medios kirchneristas
que se hicieron millonarios con un modo generoso y arbitrario de dar
publicidad oficial por parte de Cristina Kirchner. Y que algunos de los
dueños de esos medios son tan candidatos como Niembro. El oficialismo
llevó la denuncia de los medios a la Justicia. Si hay alguien en la
comunidad política incapacitado moralmente para hacer esta clase de
denuncia es el cristinismo. Desde el escándalo de Boudou hasta la
investigación de Hotesur, todos los actos de presunta corrupción del
gobierno nacional son abismalmente más graves que lo que el kirchnerismo
denuncia ahora. Descuenta, claro está, que una mayoría social le otorga
al peronismo cierta inmunidad para atropellar la moral que les niega a
los otros.
Ahora bien, ¿eso significa que lo que sucedió con Niembro está bien?
Funcionarios del gobierno porteño aseguran que todos los contratos con
Niembro, que creó una empresa para hacer estos negocios, son legales.
Puede ser. El problema es que no se trata sólo de la legalidad, sino
también de la ética y la estética que requiere la política. Y ambas
cosas faltaron en este caso. Un candidato beneficiado en su actividad
privada con contratos que le suministró el propio partido del que es
candidato no es un buen mensaje de cambio hacia la sociedad. ¿Debe hacer
algo Macri? Es difícil que lo haga porque sabe que estas operaciones
preelectorales son propias y habituales del cristinismo. Hasta Sergio
Massa las sufrió en 2013. Pero es Niembro el que debería tomar una
decisión para ponerle punto final a una historia que nunca debió
escribirse.
