Total hermetismo en el juicio de los muertos en el penal de varones

En un fuerte operativo policial, el 15 del corriente mes comenzo el juicio a nueve guardiacárceles por la muerte de 39 internos de la Cárcel de Varones, ocurrida en el marco de una protesta en noviembre de 2007. El cerrojo informativo es absoluto, ningún de los grandes medios locales informó al respecto.

Como se recordarà, el hecho tuvo lugar el domingo 4 de noviembre de 2007, cuando los internos del Pabellón 2 del penal, prendieron fuego a colchones en protesta por las requisas vejatorias. Las llamas se volvieron incontrolables y la mayoría de los internos murió asfixiada.

Los sobrevivientes y familiares de las víctimas, acusan a  los guardiacárceles de haber trabado las puertas de los pabellones desde afuera, lo que habría hecho que los internos no pudieran escapar del fuego. También denunciaron que muchos de los presos no murieron por asfixia, sino por golpes propinados por los efectivos.

Según informó el diario Página 12, los nueve imputados son efectivos del servicio penitenciario procesados por “homicidios y lesiones culposas” luego de que la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones modificara la calificación del delito establecida en 2010, que los imputaba por “abandono de persona seguida de muerte”. Dado que el “homicidio culposo” es un delito menor y excarcelable, ninguno de los guardiacárceles está actualmente detenido.

“Ausencia total de política penitenciaria”  

Hay por lo tanto una responsabilidad política atribuible esencialmente al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Daives, que ni siquiera fue desplazado de su cargo e incluso, 8 años después, permanece al frente de esa cartera sin haber brindado explicaciones a la sociedad santiagueña.

El informe de la APDH, realizado meses después de la tragedia, revela que, más allá de las causas inmediatas de la protesta que derivó en tragedia, existieron graves negligencias de fondo imputables a la “ausencia total de política penitenciaria”.

Al momento del incendio había 470 detenidos, siendo que el penal tenía capacidad para 340 plazas. De acuerdo al informe, el edificio estaba “muy viejo y deteriorado, con instalaciones eléctricas deplorables y peligrosas, con cables externos y al alcance de la mano… El personal penitenciario entrevistado acepta que las condiciones de vida en el penal son infrahumanas y se debe a que en líneas generales es inhabitable”.