La magistrada con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría suspendió las elecciones internas del PJ de Santiago del Estero al dictar una medida cautelar tras un recurso de amparo presentado por un dirigente que cuestionó las modificaciones que hizo el delegado normalizador, Carlos Kunkel, a la carta orgánica del partido. La resolución de la magistrada no hizo lugar al recurso de amparo presentado por el dirigente local Daniel Milki y otros, para que se declare la nulidad de la reforma que es la cuestión de fondo. No obstante, decidió dictar la medida cautelar suspendiendo el proceso electoral que desembocaría en las elecciones del 29 de marzo, al objetar que estas reformas se produjeron sin la firma de quien todavía es interventor, Jorge Franco. De esta manera, se retrasa la normalización del Partido Justicialista en Santiago del Estero, que después de diez años de intervención iba a realizar la elección de nuevas autoridades. Servini de Cubría hizo lugar al planteo de Milki que sostiene que Kunkel no tenía facultades para realizar la mencionada reforma. La resolución judicial fue notificada al apoderado del PJ a nivel nacional, Jorge Landau, que hoy recibirá a Neder y sus asesores, quienes presentarán toda la documentación, entre ellos la reforma de la carta orgánica que fue homologada por el Juzgado Electoral Federal de Santiago del Estero. Más de 210 mil personas estaban en condiciones de participar de las internas justicialistas, luego de una fuerte campaña de afiliación y de depuración de los padrones.
En los considerandos del fallo, la magistrada cita las objeciones planteadas por los dirigentes locales encabezados por Milki, como que "la reforma había sido realizado por los delegados normalizadores. Los mencionados se extralimitaron en las facultades delegadas por el Consejo Nacional del Partido Justicialista según consta en la resolución de designación que data del mes de octubre de 2014". Luego, señala que "las facultades delegadas son las inherentes a la normalización partidaria, puesto que el Partido Justicialista en el distrito, contaba con una carta orgánica vigente". También menciona entre otras actuaciones cuestionadas que "la reforma realizada por los delegados normalizadores en franca violación al mandato conferido, modifica sustancialmente entre otras cuestiones, la composición de los órganos partidarios y el sistema de selección de los candidatos a cargos partidarios, a los cargos electivos, así como también a la representación de la minoría". Además, cita que "introducen modificaciones sustanciales en la conformación de la junta electoral". La jueza corrió traslado de la demanda por el término de cinco días hábiles al Partido Justicialista en el orden nacional, y notificar al Juzgado Federal con competencia electoral en Santiago del Estero.
LES SALIÒ EL TIRO POR LA CULATA
ResponderEliminarALTOS FUNCIONARIOS DE LA NACION EN CUÀNTO SUPIERON QUE LOS
CORRUPTOS NEDER,MONTENGRO,GÒMEZ Y DEMÀS,ESTABAN DESESPERADOS POR NORMALIZAR EL P,J, PARA ENTREGARLO FORMALMENTE A LOS LADRONES HISTÒRICOS DEL RADICALISMO, LOS HICIERON EMPOMAR CON LA SERVINI DE CUBRÌA.
ME IMAGINO QUE PODRÀN OLER CÒMO VINO LA MANO. AUNQUE SON ESTRECHOS DE MENTE PERO INSIGNES LADRONES.
Carlos Kunkel
ResponderEliminarDiputado, asesor presidencial, Vocero Presidencial y Subsecretario
Fue expulsado del movimiento peronista en 1974 por 'traidor, contumaz, estafador de los votos de Perón, desleal al justicialismo y antipopular'. Asesino procesado y convicto durante la dictadura militar, fue beneficiado por la Ley del Punto Final durante el gobierno de Raúl Alfonsín en 1984. En 1974 participó de la autodenominada 'Operación Primicia' que intentó copar el Regimiento 29 de Formosa, donde asesinaron a 12 integrantes de las FF.AA (en su mayoría conscriptos) e hirieron a otros 20. En su 'gloriosa' incursión mataron a diez civiles, tres de ellos menores de edad. Este intento incluyó la toma del aeropuerto del Puyu y el secuestro de un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas y un Cessna de la Gobernación de Corrientes, hecho donde asesinaron a los dos custodios del gobernador, a quien tuvieron de rehén durante la operación. Fracasado el intento huyeron con ambos aviones y el Boeing debió aterrizar en una pista precaria de la localidad de Susana en la provincia de Santa Fe, mientras que el Cessna se dirigió a Corrientes con varios delincuentes heridos.