Durante los últimos años, los arrebatos en las salideras bancarias causo grandes agitaciones populares y periodísticas. Es decir, a los asaltos realizados en la vía pública luego que la víctima “salio” de alguna entidad bancaria, de la que retirara dinero de una cuantía interesante para los malvivientes.
Pero, además, “entran” por la fuerza a saquear en residencias hogareñas particulares, ya se trate de casas unifamiliares, quintas y hasta en edificios de departamentos. La peligrosa audacia desplegada y el infame descaro con que actúan los delincuentes estos últimos años en nuestra provincia fueron creciendo.
La escalada criminal no parece que vaya a detenerse sola. Ni ello ocurrirá mágicamente. Y menos por mero voluntarismo de la sociedad atacada, o en función de las cándidas expresiones de deseos de las autoridades y representantes políticos que deberían interpretar pronta y fielmente los deseos de la sociedad que, al respecto, hoy son más que indubitables, toda vez que constituyen un clamor manifiesto.
El gobierno zamorista no tiene voluntad de legislar, tampoco le interesa la sociedad para traer soluciones a corto plazo, esto está comprobado cabalmente, al nombrar funcionarios incapaces y corruptos como el jefe de policía Marcelo Pato y su plana mayor, que hasta el momento y en toda su gestión no presentaron políticas de seguridad alguna. Incluso jefes cuestionados por corrupción y en combinación con la delincuencia, como jamás se vio en la historia policial.
Encima, la sensación de “violación” de la intimidad que queda en las inocentes víctimas de los delitos en los ámbitos privados de sus residencias, suele ser patética e inconmensurable.
Así es razonable que suceda cuando la víctima llega a su hogar y, horrorizada, encuentra la puerta abierta, el interior todo revuelto y un faltante de efectos de la más variada gama que, en esos inmediatos momentos desesperantes, generalmente no alcanza siquiera a determinar en su totalidad. En muchas oportunidades, las víctimas padecen luego graves trastornos psicológicos que demandan atención médica específica.
Claro que los delincuentes también acostumbran a “entrar” en los hogares junto con sus moradores, a quienes sorprenden en la calle cuando están llegando a sus casas, o cuando se disponen a guardar el automóvil en la cochera, y los amenazan a punta de pistola.
No son pocas las angustiantes ocasiones en las que hemos podido presenciar, con nuestras cámaras en el programa televisivo Código Rojo, las terribles peripecias que sufren los rehenes cruelmente amenazados de muerte por los malandras, cuando han sido descubiertos y están rodeados por las fuerzas policiales.
A todo evento, cuadra repudiar toda y cualquier clase de delitos que se cometan contra la integridad física de las personas y sus bienes, bajo las características que fueren.
Al parecer, en la Ciudad de Sgo del Estero se registra un promedio de más de 10 hechos diarios, perpetrados por los llamados “motochorros”. Suceden cuando la víctima es sorprendida caminando por la calle y, repentinamente, como si saliera de la nada, un indeseable sujeto la ataca de improviso y le arrebata su reloj, el portafolio, la cartera o lo que fuera que pudiere arrancarle. Para, aprovechando el desconcierto del asaltado y ante la mirada atónita de eventuales testigos, saltar ágilmente a bordo de una motocicleta en la cual lo aguardaba su cómplice, huyendo entonces ambos muy precipitadamente, para desaparecer serpenteando entremezclada en el tránsito urbano.
Demás está decir que, en ocasiones, la víctima sufre -además de la lógica ira e indignación- fuertes golpes en su cuerpo. A veces a consecuencia de los violentos tironeos sufridos y en no pocas ocasiones, lisa y llanamente a raíz de las trompadas propinadas durante el ataque, sin perjuicio del posible empleo de armas de fuego y/o blancas, que hicieren los delincuentes para vencer eventuales resistencias. Lo grave es que ningún hecho fue esclarecido, porque la misma policía libera las zonas y luego realizan las repartijas.
La ciudadanía bien lo sabe, todos los funcionarios corruptos y ladrones del zamorismo, al circular por la calle van custodiados, al igual que sus domicilios particulares están apostados policías. Acaso estimado lector, alguna vez se entero que algún funcionario del gobierno fue asaltado o le robaron? Eso confirma lo que venimos denunciando hasta el hartazgo, los delincuentes están arreglados con jefes policiales y saben donde cometerán su golpe, pero nunca a un funcionario zamorista.
Los legisladores del oficialismo en cada sesión, jamás trataron, como tampoco impulsaron algún proyecto y/o modificar las leyes contra la inseguridad de la sociedad santiagueña, esto está demostrado. Cuando un diputado de la oposición presenta algún proyecto jamás lo aprueban, aunque saben que es beneficioso para la comunidad.
Ciertamente, de nada valdrá que la policía detenga a los delincuentes, si éstos son prontamente dejados en libertad por ciertos indulgentes magistrados. Si el problema reside en que los Jueces se ven obligados a cumplir con leyes inadecuadas, entonces con la mayor urgencia debe volver a revisarse la normativa vigente. Y eso es un problema del Poder Legislativo, o mejor dicho, de la población que ha elegido mal a unos representantes que ahora no la satisface como era de esperar. Por lo tanto: ¡a elegir mejor la próxima vez!
Mención aparte merecen los menores que cometen delitos. En primer lugar, apreciase que si éstos delinquen es porque no fueron correctamente educados en el ámbito familiar; o porque las malas compañías los indujeron a eso. Luego, que los Jueces los entreguen a la custodia de sus familias – que muchas veces, más parecen “gavillas”-, no será lo mejor ni para el niño ni para la sociedad que, seguramente, pronto volverá a padecer sus tropelías. Detenerlos y soltarlos es como echar agua en un barril sin fondo. O como gastar pólvora en chimango.
Y no vaya a ocurrírsele defenderse y repeler a una agresión, porque cierta prensa “progre” y determinado público ideológicamente afecto a ella, de inmediato lo tildarán de “justiciero”; y ya que estamos, también de odioso “facho”, digno de la mayor condena e inapelable incineración en los tremebundos fuegos del Averno. Todo por el mismo precio. El precio del agravio tan indebido como injusto.
Es que confunden -a veces deliberada, supina y arteramente- el concepto de ejercicio de la legítima defensa personal con “justicia por mano propia”; o con la venganza que ilegalmente ejercita un “justiciero” que agrede cuando ya no hay riesgo inminente. No se quisieron enterar de lo que establece el Art. 34 y concordantes, del Código Penal de la Nación, la doctrina y la jurisprudencia respectiva. También pretenden ignorar la naturaleza humana, la lógica y la razón. Todo en aras de un erróneo ideologismo.
Los más recalcitrantes sueñan con lograr el desarme de la población civil, no comprendiendo que los delincuentes jamás entregarían voluntariamente las suyas -son sus “herramientas de trabajo”- y, cuando alguna les fuere requisada, la faltante sería rápidamente repuesta merced al profuso abastecimiento de los mercados marginales que, en todo caso y dada una malhadada e hipotética prohibición, ahora saldría más cara.
Intentando apoyar sus insólitas teorías, suelen esgrimir datos estadísticos groseramente falseados, con la pretensión de demostrar que los civiles armados son peligrosos. Serán peligrosos aquellos que no sepan utilizarlas o que se encuentren sicológicamente disminuidos, pero eso es fácilmente determinable con la cumplimentación de los controles quinquenales imperantes. Y en todo caso, no solo los ciudadanos civiles pueden enfermarse, valga señalarlo.
Sepamos que cuando un delincuente sospecha que su posible víctima podría tener con qué defenderse, es muy posible que la deseche y prosiga su camino en la búsqueda de otra más fácil y propicia. Ese riesgoso blanco “no sería rentable”.
