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martes, 30 de abril de 2013
lunes, 29 de abril de 2013
No tiene honorabilidad, faltó a su palabra, se larga nomás la “re re” que, al final, vendrá por fallo judicial
El sábado 27 de abril, Día de la Autonomía provincial, se
esperaba con ansiedad el mensaje del gobernador Gerardo Zamora en la
Legislatura, buscando alguna frase o dato que brinden “coordenadas” sobre la
re-reelección.
Es casi seguro que Zamora busque la “re re” a través de un fallo de la justicia santiagueña, que se conoce como “acción declarativa de certeza”. |
Sin embargo, se cuidó en todo. No dio ninguna pista y se encargó, como se
estila en los mensajes a la ciudadanía desde el Parlamente, a enumerar las
obras realizadas en todas las áreas del Poder Ejecutivo.
De todos
modos, sabedor de la expectativa sobre su futuro político, expresó,
entre líneas, su intención de un tercer mandato. Lo hizo fuera del
protocolo, cuando
fue abordado por los periodistas.
Lo
dijo sin ambages: “Queremos seguir haciendo, con responsabilidad financiera,
paso a paso, lo mucho que nos falta. Claro que se hizo, bastante, pero es más
lo que falta hacer. Lo que tenemos por delante son muchos desafíos. Esperamos que al país le vaya bien para que a nuestra
patria también le vaya bien”.
Definitivamente,
va por vía judicial
De este modo, estaría
definido el camino del tercer mandato a través de la “acción declarativa de
certeza” que, como se sabe, proviene a través de un fallo del Poder Judicial.
Se
trata de un recurso previsto en la Constitución de la Nación, tras la reforma
de 1994, en el artículo 43, paralela a la acción de amparo.
Técnicamente,
se conoce como “acción declarativa de inconstitucionalidad”, y es un método
procesal para solicitar el control de constitucionalidad en caso de
configurarse una situación de hecho contraria al orden constitucionalidad”.
Y,
popularmente, puede decirse que la justicia santiagueña abrirá el camino de la “re
re” declarando la “inconstitucionalidad” del artículo de la Constitución
provincial que, para muchos, inhabilita la posibilidad de un tercer mandato.
Dario Moreno, armó el borrador
Los
mejores informados, aseguran que el fallo con la “acción declarativa de
certeza” ya está redactado desde febrero, y que sería firmado y
difundido oportunamente.
Paralelamente, en
lo político, el gobernador Zamora programó lanzar la campaña en la primera
quincena de mayo, con consultas a todos los referentes del Frente Cívico por
Santiago y un recorrido proselitista por la provincia.
Y,
como añadidura, espera una visita de la presidente Cristina Fernández de
Kirchner, para recibir un “gesto de apoyo” a su proyecto de la “re re”.
domingo, 28 de abril de 2013
Radiografía de la complicidad entre los gobernadores y sus Lázaro Báez
Escándalo nacional, el gobernador Zamora, la sobrefacturación en las obras públicas
y el empresario Miguel Zarquiz con la empresa MIjovi, el “predilecto” del
gobernador, ambos son el blanco de la investigación del diario Perfil.
Tal como lo indica el medio porteño: Santiago del Estero es una de las provincias que más
fondos recibió de Nación, incluso para obras polémicas como el aeropuerto de
Río Hondo o el dique Figueroa (sospechado por sobreprecios). “En Córdoba no podes
facturar el triple como en Santiago”, graficó el senador radical Emilio Rached.
Allí, es vox populi que el encargado de distribuir las obras (y quedarse con la
porción más alta) es Miguel Sarquiz, de la empresa Mijovi. Una de sus
sociedades, además, le abrió las puertas porteñas, donde tiene un emprendimiento
en Puerto Madero.
La nota completa:
El modelo de Lázaro
Báez en Santa Cruz
no es un caso aislado.
Las investigaciones desnudaron la historia de un empresario beneficiado
con la obra pública y sospechado por supuestos sobreprecios que
esconderían una trama corrupta. Este modelo, sin embargo, se replica en
todo el territorio argentino, con gobernadores que privilegian a un
grupo de empresarios y reciben, en consecuencia, las críticas y sospechas de la
oposición.El modelo es el mismo que aplicaba Néstor Kirchner con las empresas de Báez en Santa Cruz, nacionalizado una vez que llegó a la presidencia. Las obras públicas más importantes del país se hacen, casi en su totalidad, con fondos que distribuye el ministro de Planificación, Julio De Vido. Son los gobernadores, con su aval, los que deciden qué empresas harán los trabajos.
Las variaciones, no obstante, son propias de cada provincia. En algunos casos, los mandatarios benefician a empresarios nuevos, casi desconocidos, que de un día para el otro toman relevancia y comienzan a ganar licitaciones. Otros, en cambio, se acercan a los grandes empresarios de la zona, que se perpetúan como los principales beneficiarios. Por último, los casos más polémicos son los que le adjudican obras o contratos a empresas de familiares o incluso propias.
Los mecanismos también esconden diferencias. Hay provincias donde las licitaciones se realizan respetando todos los plazos reglamentarios. Y contrastan con aquellas donde ni siquiera se respetan los trámites legales. En todos los casos, sin embargo, la conclusión es similar: las mismas empresas se reparten las obras más importantes. O por adjudicación directa o por licitaciones sospechadas. Las firmas más chicas, en consecuencia, se resignan a recibir los contratos para las obras menores, garantizándose así los gobernadores la paz empresarial.
Nombres conocidos. Hay provincias donde no es misterio quién es el favorito. En Formosa, por ejemplo, las miradas apuntan a Pedro Doval Vázquez de la empresa Industrial y Constructora SA. Gana la mayoría de las obras viales. Y comparte el podio con las empresas de Juan Carlos Relats (un correntino con inversiones en todo el país y que incluso explotaba el hotel Los Sauces de los Kirchner) y por Sucesión de Adelmo Biancalani SA (Lázaro Báez adquirió el 51% de la empresa). Cada compañía se queda con un tramo o, en algunos casos, se asocian en uniones transitorias de empresas (UTE). “Son sostenedores económicos del proyecto del gobernador Insfrán”, apuntó un empresario local, que calculó en $ 1.000 millones las inversiones en vialidad en los últimos seis años. Vázquez, en respuesta a la consulta de PERFIL, rechazó ser uno de los más beneficiados, destacó que la empresa tiene veinte años de trayectoria y justificó en su capacidad técnica, económica y financiera “la eventual adjudicación de obras”.
Santiago del Estero es una de las provincias que más fondos recibió de Nación, incluso para obras polémicas como el aeropuerto de Río Hondo o el dique Figueroa (sospechado por sobreprecios). “En Córdoba no podés facturar el triple como en Santiago”, graficó el senador radical Emilio Rached. Allí, es vox populi que el encargado de distribuir las obras (y quedarse con la porción más alta) es Miguel Sarquiz, de la empresa Mijovi. Una de sus sociedades, además, le abrió las puertas porteñas, donde tiene un emprendimiento en Puerto Madero.
En La Pampa, quien viene ganando muchas licitaciones es Jubete Constructora, de Omar Angel Jubete. Hizo, entre otras obras, un millonario autódromo. Según investigaciones periodísticas, entre 2008 y 2011 hizo el 81% de las obras viales provinciales. El hijo del gobernador Oscar Jorge estaba relacionado como “asesor financiero”, pero desde la empresa aseguran que ese vínculo ya no existe.
En Corrientes y Mendoza, en tanto, también se destacan empresarios con historia. En la primera, por las diferencias con el kirchnerismo no se destacan las obras públicas, por lo que los empresarios beneficiados por el gobernador están en otros rubros: Jorge Goitia (en el juego) y los hermanos Alberto y Juan Castro que armaron una red de farmacias que recibió importantes contratos públicos. En Mendoza, las miradas apuntan a Omar Alvarez, con multimedios en San Rafael e inversiones en energía y obra pública.
En familia. “En La Rioja no hay licitaciones, sino que las adjudicaciones se dan a través de ONGs que contratan a las empresas”, explica el diputado Julio Martínez (UCR). En ese marco, la principal beneficiaria es Pircas Negras, un grupo de empresas conducido por Carlos “Lalo” Herrera y Raúl Moreno. Se trata del hermano y el sobrino del gobernador Luis Beder Herrera.
“Desde que llegó Alperovich a Tucumán son mínimas las licitaciones públicas. Ante cada obra importante la Legislatura aprueba una excepción”, describe una fuente tucumana. Allí hay un pool de empresas que se destacan: Avanco y Elgart Construcciones. La primera la conduce Rubén Rojkés, hermano de la primera dama (pero también Alperovich es accionista), y la segunda es de Leonardo Elgart, marido de Sara Alperovich, la hermana del gobernador.
En Misiones, el principal negocio está en el turismo, donde se destaca la empresa Carlos Enríquez SA, conducida por Roberto Enriquez. A través de una UTE, tiene la concesión del Parque Nacional Cataratas del Iguazú. El 21% de esa UTE pertence a Petrovalle SA, de familiares del gobernador Maurice Closs (antes de asumir también era accionista). Los beneficios de la empresa de Enríquez también llegan a la obra pública. En agosto del año pasado, por ejemplo, le adjudicaron la autovía Posadas- San José, por $120 millones.
Caras nuevas. En el Chaco coinciden en que los contratos de obra pública están “bastante democratizados”. Sin embargo, el nombre de Mateo Alemán es el que más sobresale. Sindicado como “muy cercano” al gobernador Capitanich, armó una cámara de la construcción paralela y su empresa Cre Nor SRL ganó varias licitaciones.
En Entre Ríos, dos años después de asumir Sergio Urribarri se creó la empresa Szczech & Szczech. Hoy es una de las principales contratistas: Hospital de Gualeguaychú (en UTE), dos escuelas, 200 viviendas, entre otras obras, que suman, como mínimo $ 260 millones. Su titular, Néstor Iván Szczech, llegó a ser presidente de la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción.
Ya sea con caras nuevas, nombres ya conocidos o familiares emprendedores, todos tienen su empresario predilecto. Así la obra pública queda siempre en las mismas manos, y las suspicacias tienen cimientos fuertes.
Más gastos que avances
La relación entre obra pública y corrupción es una controversia presente en todo el mundo. En Argentina, el flagelo es difícil medir. Hay sospechas por obras que se licitan con un presupuesto pero terminan costando varias veces más, otras que llaman la atención por sus diferencias con obras similares en otras provincias. Pero en todos los casos, las investigaciones quedan en la nada.
Ante esta situación, la consultora Federico Muñoz & asociados realizó un ejercicio que ayuda a sostener la hipótesis de sobreprecios, pero que, según aclara, no puede tomarse como prueba. El trabajo compara el crecimiento, entre 2004 y 2011, de dos índices: la inversión del Estado (con datos presupuestarios del Ministerio de Planificación), y el ritmo de la construcción que mide el Indec.
Del índice elaborado por el Instituto, denominado ISAC, sólo se tomaron dos sub-rubros, que engloban a la obra pública. La conclusión del informe es que el gasto en este tipo de inversiones creció a un ritmo mucho más intenso (más del doble) que los volúmenes reales de obras realizadas.
http://www.perfil.com/politica/Radiografia-de-la-complicidad-entre-los-gobernadores-y-sus-Lazaro-Baez-20130428-0026.html
TRISTE PAPEL DE LOS DIPUTADOS SANTIAGUEÑOS
Dos de los becados, mudos diputados nacionales |
Las imágenes
muestran a dos de ellos, Cristian Oliva y
la impresentable Graciela “Chaco” Navarro, la que
estuvo involucrada en el escándalo con el secretario del concejo deliberante
capitalino, Jaime Sese. Estos como los demás legisladores que dicen
representar a los Santiagueños, los llevan arriados para levantar la mano, les
guste o no, lo que votan a ciegas. Siempre conocidos y destacados como
"diputados mudos" y obviamente ricos. ¿Hasta cuando el voto ciego de
los Santiagueños a estas lacras del frente cívico por Santiago?
viernes, 26 de abril de 2013
Zamora vinculado a Lázaro Báez con los aviones Lear Jet?
En la edición
del 21/4 pasado, Diario Clarín vincula al gobernador Zamora con los empresarios
K.
Lázaro
Báez controla Aviación Atlántico Sur. Hace mantenimiento de Lear Jet. Los
negocios aeronáuticos de Báez exceden la empresa de taxis aéreos Top Air. El
empresario kirchnerista controla, a través de allegados, la empresa Aviación
Atlántico Sur SA (AASSA), un taller ubicado en San Fernando por donde pasan la
mayoría de los aviones privados de lujo. El taller es el centro oficial en
Argentina de Bombardier Aerospace, fabricante de los aviones Lear Jet, el
modelo elegido por los políticos y los empresarios más ricos del país.
LearJet
es la marca preferida por políticos y empresarios. El ex secretario de
Transporte Ricardo Jaime es uno de los casos paradigmáticos. También optaron
por ese modelo los gobernadores de Tucumán, Chaco y Santiago del Estero, entre
otros. Esos aviones de lujo se compran con la excusa de darle un uso sanitario
para la provincia pero terminan transportando a los gobernadores o a los
empresarios amigos.
Uno de los aviones Learjet que adquirio Zamora con supuestos fines sanitarios |
Lázaro
Báez también tiene un Lear Jet en su flota. Se trata del LV-ZSZ con el cual se
habrían trasladado millones de euros fuera del país, según las confesiones de
Leonardo Fariña y Federico Elaskar en el programa Periodismo para Todos. Esa
aeronave pertenecía a los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá, condenados a 13
años de cárcel por el escándalo del narco avión.
En
el mercado aeronáutico aseguran que AASSA tuvo que ver con la preparación del
avión que viajó a España con casi mil kilos de cocaína. Allegados al empresario
lo negaron rotundamente: “El despacho lo hizo la empresa Chivatos en Ezeiza”,
argumentaron.
Recientemente, el taller
mecánico de Aviación Atlántico Sur SA fue reconocido por el Estado Mayor
Conjunto como organismo de mantenimiento aeronáutico de los equipos de vuelo
del Ministerio de Defensa, lo que lo habilitó para ser proveedor de las Fuerzas
Armadas.http://www.clarin.com/politica/red_de_dinero_K-Lanata-Lazaro_Baez-Nestor_Kirchner-Periodismo_para_Todos_0_905309777.html
Los diputados nacionales santiagueños, ademas de "ñoquis" son traidores a la patria
La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del jueves, con el respaldo de 130 votos incluidos de los diputados nacionales santiagueños, en general
el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que establece
la votación popular de los abogados, académicos, y jueces para
integrar ese cuerpo.
Conoscan a los traidores elegidos por el pueblo y terminaron traicionandolos |
Las
principales exposiciones
En tanto diputado del peronismo federal Eduardo Amadeo, sostuvo: "Esta reforma es incompatible con el funcionamiento de la democracia. Avanzando por este camino, la corrupción se da piedra libre".
Jorge Yoma, diputado del Frente para la Victoria pero alejado del oficialismo, consideró que la reforma "no es democratización (de la Justicia) sino que esconde la domesticación del Poder Judicial".
"La Magistratura está inserta en el Poder Judicial, no es un órgano externo", afirmó y consideró que "Se pone en riesgo la libertad de decisión de un juez", al igual que "la elección de los magistrados".
El diputado kirchnerista Jorge Landau aseguró que en el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura se "reglamenta el procedimiento para adherir la boleta de consejeros a la de legisladores nacionales" que, afirmó "tendrá que tener la misma denominación", del frente por el que se presenta.
La diputada del Movimiento Libres del Sur Victoria Donda aseguró que en su espacio se oponen a la reforma judicial que impulsa el Gobierno por entender que "democratiza la injusticia".
La legisladora, miembro del interbloque FAP, advirtió que "flaco favor le hacemos a la democracia" con este paquete de leyes "que lo único que va a lograr es poner al Poder Judicial de rodillas al Poder Ejecutivo".
En tanto, a diputada de PRO Laura Alonso anticipó que el bloque del macrismo rechazará los proyectos de reforma judicial y advirtió que "quienes lo voten merecen ser llamados traidores a la Patria".
Alonso justificó su rechazo en "el artículo 29 de la Constitución" nacional, al señalar que "el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional ni las legislaturas provinciales a sus gobiernos, facultades extraordinarias ni la suma del poder público" y advirtió: "el que vote a favor de este proyecto merece ser llamado infame traidor a la patria, infame traidor a la patria".
El jefe del bloque de diputados Felipe Sola afirmó hoy que "es triste que el gobierno haya caído en esta actitud" de que "la justicia es para los otros, para los giles", y apuntó que la idea de crear nuevas cámaras de casación es para cubrir una eventual "futura retirada".
También, alertó sobre la "peligrosidad" que significa reformar el Consejo de la Magistratura porque con los cambios impuestos "los jueces pueden ser removidos por la primera minoría que gane las próximas elecciones".
El diputado nacional por el peronismo disidente Francisco de Narváez consideró que "el límite" a una forma de gobierno "autoritaria" son las próximas elecciones legislativas de octubre.
"Basta de tratamientos exprés para leyes centrales como esta Reforma Judicial, porque está en juego la libertad. El límite son las próximas elecciones para poner un equilibrio en el Congreso y asumir la presidencia de la Cámara de Diputados. De esa forma vuelve el debate y el Parlamento vuelve a funcionar como tal y no como una escribanía", señaló.
Desde Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas aseguró que el oficialismo impulsa la reforma judicial para "garantizar el pacto de impunidad" con la "justicia federal penal" para que se sigan "encajonando las causas de corrupción" que rozan, dijo, "a la cúpula de este gobierno".
"Estamos frente a una reforma que refuerza claramente la posición dominante de los poderosos, estamos ante una reforma que se ríe de los intereses populares y se mofa de los intereses de los trabajadores", expresó el diputado al exponer en el debate en la Cámara baja.
Por su parte, el diputado oficialista Héctor Recalde pidió a los jueces que tengan "calma" porque la reforma judicial impulsada por el Gobierno no alterará el mecanismo de destitución de los magistrados en caso de ser aprobada.
"No es cierto que se alteren las mayorías para destituir jueces, porque seguirá rigiendo el Jurado de Enjuciamiento. Señores jueces, calma, no hay en esta modificación nada que altere esa situación", expresó el legislador.
El kirchnerismo deberá volver a asegurar la presencia de al menos 129 legisladores al momento de las votaciones, y deberá conseguir mayoría simple (la mitad más uno de los presentes) para sancionar los proyectos de ley de regulación de las medidas cautelares y de creación de tres cámaras de casación, en tanto que la aprobación de la reforma del Consejo de la Magistratura (iniciativa que volverá al Senado porque sufrió modificaciones en las comisiones) requiere mayoría absoluta (mitad más uno de todos los integrantes del cuerpo).
Inmediatamente a que el kirchnerismo lograra el número para dar inicio a la sesión, la oposición también se ubicó en sus bancas, tras lo cual se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.
En tanto diputado del peronismo federal Eduardo Amadeo, sostuvo: "Esta reforma es incompatible con el funcionamiento de la democracia. Avanzando por este camino, la corrupción se da piedra libre".
Jorge Yoma, diputado del Frente para la Victoria pero alejado del oficialismo, consideró que la reforma "no es democratización (de la Justicia) sino que esconde la domesticación del Poder Judicial".
"La Magistratura está inserta en el Poder Judicial, no es un órgano externo", afirmó y consideró que "Se pone en riesgo la libertad de decisión de un juez", al igual que "la elección de los magistrados".
El diputado kirchnerista Jorge Landau aseguró que en el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura se "reglamenta el procedimiento para adherir la boleta de consejeros a la de legisladores nacionales" que, afirmó "tendrá que tener la misma denominación", del frente por el que se presenta.
La diputada del Movimiento Libres del Sur Victoria Donda aseguró que en su espacio se oponen a la reforma judicial que impulsa el Gobierno por entender que "democratiza la injusticia".
La legisladora, miembro del interbloque FAP, advirtió que "flaco favor le hacemos a la democracia" con este paquete de leyes "que lo único que va a lograr es poner al Poder Judicial de rodillas al Poder Ejecutivo".
En tanto, a diputada de PRO Laura Alonso anticipó que el bloque del macrismo rechazará los proyectos de reforma judicial y advirtió que "quienes lo voten merecen ser llamados traidores a la Patria".
Alonso justificó su rechazo en "el artículo 29 de la Constitución" nacional, al señalar que "el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional ni las legislaturas provinciales a sus gobiernos, facultades extraordinarias ni la suma del poder público" y advirtió: "el que vote a favor de este proyecto merece ser llamado infame traidor a la patria, infame traidor a la patria".
El jefe del bloque de diputados Felipe Sola afirmó hoy que "es triste que el gobierno haya caído en esta actitud" de que "la justicia es para los otros, para los giles", y apuntó que la idea de crear nuevas cámaras de casación es para cubrir una eventual "futura retirada".
También, alertó sobre la "peligrosidad" que significa reformar el Consejo de la Magistratura porque con los cambios impuestos "los jueces pueden ser removidos por la primera minoría que gane las próximas elecciones".
El diputado nacional por el peronismo disidente Francisco de Narváez consideró que "el límite" a una forma de gobierno "autoritaria" son las próximas elecciones legislativas de octubre.
"Basta de tratamientos exprés para leyes centrales como esta Reforma Judicial, porque está en juego la libertad. El límite son las próximas elecciones para poner un equilibrio en el Congreso y asumir la presidencia de la Cámara de Diputados. De esa forma vuelve el debate y el Parlamento vuelve a funcionar como tal y no como una escribanía", señaló.
Desde Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas aseguró que el oficialismo impulsa la reforma judicial para "garantizar el pacto de impunidad" con la "justicia federal penal" para que se sigan "encajonando las causas de corrupción" que rozan, dijo, "a la cúpula de este gobierno".
"Estamos frente a una reforma que refuerza claramente la posición dominante de los poderosos, estamos ante una reforma que se ríe de los intereses populares y se mofa de los intereses de los trabajadores", expresó el diputado al exponer en el debate en la Cámara baja.
Por su parte, el diputado oficialista Héctor Recalde pidió a los jueces que tengan "calma" porque la reforma judicial impulsada por el Gobierno no alterará el mecanismo de destitución de los magistrados en caso de ser aprobada.
"No es cierto que se alteren las mayorías para destituir jueces, porque seguirá rigiendo el Jurado de Enjuciamiento. Señores jueces, calma, no hay en esta modificación nada que altere esa situación", expresó el legislador.
El kirchnerismo deberá volver a asegurar la presencia de al menos 129 legisladores al momento de las votaciones, y deberá conseguir mayoría simple (la mitad más uno de los presentes) para sancionar los proyectos de ley de regulación de las medidas cautelares y de creación de tres cámaras de casación, en tanto que la aprobación de la reforma del Consejo de la Magistratura (iniciativa que volverá al Senado porque sufrió modificaciones en las comisiones) requiere mayoría absoluta (mitad más uno de todos los integrantes del cuerpo).
Inmediatamente a que el kirchnerismo lograra el número para dar inicio a la sesión, la oposición también se ubicó en sus bancas, tras lo cual se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.
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