Lo denunciamos como: un gran acto de blindaje para los funcionarios. En la sesión del martes 1º de septiembre se aprobó la adhesión a la ley nacional 26944, publicada en el Boletín Oficial el 8/8/2014. Dicha Norma establece la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas.
Esta doctrina de responsabilidad del Estado tomada por la jurisprudencia argentina emana de las monarquías como España o del Reino Unido, se resume en la regla “the King can do no wrong”: el rey no puede hacer nada malo. Este precepto otorgaba inmunidad al soberano y a la corona contra procesos civiles y penales.
La ley 26944 reduce la responsabilidad civil del Estado y de los funcionarios por los daños que pudieran infringir, incluyendo los provocados por los concesionarios o contratistas de servicios públicos, y elimina las sesiones a los funcionarios (astreintes, multas)
El bloque oficialista del Frente Cívico defendió la adhesión a la ley con fundamentos nada validos y endebles como por ejemplo: “no se pude hablar, ni opinar sobre el tema si no se sabe nada de derecho constitucional” o “ la doctrina, la jurisprudencia tiene diferentes posiciones al respecto”.
Desde la Bancada del Frente de Izquierda no apoyamos este proyecto de ley, ya que por ejemplo la masacre de Once resuena alrededor de este proyecto de ley protectora de funcionarios: Jaime, Schiavi, De Vido y otros (Prensa Obrera Nª 1352) responsables de la contratación de concesionarios como Cirigliano.
Con esta LEY ya nos e podrá demandar por daños al Estado responsable ante la justicia civil, sino que se recorrerá una camino burocrático e interminable de la justicia administrativa. Tampoco los jubilados podrán presionar a los funcionarios para que cumplan las sentencias de ejecución previsional, antes si se demoraba en cumplir una orden judicial, se podía denunciar al funcionario responsable por incumplimiento y se aplicaba una multa o astreintes. Ahora los jubilados están condenados a morirse sin cobrar.
Esta ley es un retroceso en materia de jurisprudencia, en 1933 se avanzo al respecto en esa oportunidad en la Corte Suprema de Justicia Nacional se pronuncio en el caso “Devoto”(Fallo 169:111,en el cual determino la responsabilidad del Estado de modo claro y contundente por sus actos y omisiones)Desde ese entonces hasta la actualidad el Estado(nacional, Provincial y Municipal)habían respondido de manera plena e integralmente por los daños causados por funcionarios. A partir de esta adhesión a la ley nacional el Estado no solamente el nacional sino también el santiagueño solo “responderá de manera excepcional”.
Está abriendo el paraguas por si llueve. Y la legislatura provincial responde fiel al mandato del Ejecutivo por si las moscas .Eliminando las sanciones pecuniarias tanto contra el Estado, como de sus agente o funcionarios,y abandona a su suerte a la población trabajadora, y al medio ambiente.
Con esta ley en Santiago, tendra la impunidad total a todos lo casos de gatillos faciles, y las malas praxis en los hospitales públicos, hasta los choferes y los funcionarios podran conducir borrachos y matar gente sin que nadie pudiera enjuiciarlos.
MMMMM Dios mio! mirá los pusilámines que están ahi!!!!
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