Cristina Kirchner podría
acelerar un proyecto de ley para sancionar con penas de entre uno y tres
años de prisión por discriminar mediante comentarios en sitios de
Internet.
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| Diana Conti y Juliana di Tulio. |
El proyecto fue firmado por los diputados Kirchnerista y Sciolistas Remo Carloto, Diana Conti, Carlos Heller y Andrés Larroque. Por presión directa de la Casa
Rosada lo retomaron, pese a las advertencias de distintos sectores que
podría abrir una vía para coartar la libertad de expresión.
Asi cualquier comentario publicado en Internet podrá
ser considerado un "acto discriminatorio" y se invertirá la carga de la
prueba (quien sea acusado de discriminador deberá demostrar que no lo
es); las páginas web, blogs, redes sociales, agencias de noticias,
medios de prensa, diarios
online, revistas electrónicas y demás
medios digitales deberán instar expresamente a sus foristas a evitar
esos comentarios, serán responsables por lo que se publique en esos
espacios y tendrán que "adoptar las medidas necesarias para evitar la
difusión de contenidos discriminatorios", lo que podría ponerlos a un
paso de la censura previa.
Ésta es la síntesis de un proyecto de
ampliación de la ley antidiscriminación en vigor -sancionada en 1988-
que avanza rápidamente en la Cámara de Diputados y que integra partes de
distintos textos propuestos por los legisladores kirchneristas Remo
Carloto, Diana Conti, Carlos Heller y Andrés Larroque. Básicamente, la
iniciativa amplía enormemente el concepto de "acto discriminatorio" e
incorpora Internet y los medios de comunicación al alcance de la
normativa.
Aunque sus promotores pertenecen al corazón mismo del
kirchnerismo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presidido
por el también kirchnerista Horacio Verbitsky, expresó en octubre
pasado su "preocupación" al argumentar que la propuesta "pasa por alto
estándares vinculados a la libertad de expresión". A pesar de esa
posición pública, que refleja divisiones en el propio oficialismo, el
proyecto ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Derechos y
Garantías, y avanza hacia las de Comunicaciones e Informática y de
Libertad de Expresión. En síntesis, podría tener media sanción antes de
las primarias.
El proyecto también crea una nueva figura penal
-algo especialmente peligroso en el ámbito de la expresión de las ideas-
al reprimir con penas de un mes a tres años los nuevos actos
discriminatorios. A priori, los objetivos de la iniciativa son loables
(lograr una sociedad mejor, más abierta y tolerante), pero su ambigua e
imprecisa redacción deja la puerta abierta a todo tipo de abusos sobre
la libertad de expresión individual, la libertad de prensa y el derecho a
la comunicación de todas las personas.
En este ámbito, el
kirchnerismo (unas veces en soledad y otras con aliados de la oposición)
recorrió en la última década un largo camino de buenas intenciones
legislativas desde la sanción de la ley de medios audiovisuales (en
2009), la ley antiterrorista (2014) y la ley de telecomunicaciones
(llamada Argentina Digital, de 2015), entre otras. Buenas intenciones
que dieron lugar a peligrosas herramientas jurídicas que siguen en
vigor.
Sin lograr demasiado que se los escuche, especialistas en
libertad de expresión y regulación de Internet vienen advirtiendo en los
últimos días sobre los peligros del proyecto de ley. "Si bien comparto
el objeto de la proyectada norma, la manera que propone cumplirlo es por
lo menos descuidada. Por ejemplo, de acuerdo con la redacción actual,
pueden caer dentro del concepto de acciones discriminatorias ciertas
expresiones permitidas de acuerdo con los estándares del sistema
interamericano de derechos humanos. Además, insinuar que se deban
remover contenidos por el simple pedido de un particular puede promover
actos de censura por parte de los administradores de sitios de
Internet", afirmó Eduardo Bertoni, ex relator de la libertad de
expresión de la OEA y actual director del Centro de Estudios en Libertad
de Expresión y Acceso a la Información (CELE).
"Un marco difuso
de responsabilidad de los intermediarios sólo contribuye como incentivo a
la censura privada, ya que ningún medio de comunicación o plataforma de
contenidos web querrá asumir el riesgo de ser acusado civil o
penalmente por la mera defensa de los comentarios de sus usuarios",
afirmó Beatriz Busaniche, secretaria de la Fundación Vía Libre, entidad
dedicada a la difusión de los derechos en la era digital.
"La
amplitud en la definición de contenidos discriminatorios, la
incorporación de plataformas y servicios de Internet, la inclusión de
tipos penales y la no definición clara de intermediarios nos llevan a
concluir que el proyecto de ley antidiscriminación colisiona con los
principios de proporcionalidad indispensables en toda regulación sobre
el discurso público. El texto de la ley tal como está expresado
actualmente no parece ser la solución apropiada frente a la problemática
de la discriminación y el discurso de odio. Más bien, se constituye en
una amenaza clara a la libertad de expresión", agregó Busaniche.
El
intento de regular los contenidos en las plataformas digitales en la
Argentina tuvo su momento cúlmine en 2013 cuando la Legislatura de Entre
Ríos, tras una serie de saqueos presuntamente organizados, trató una
resolución para pedirle al gobernador kirchnerista Sergio Urribarri a
establecer "restricciones al uso de las redes sociales y otras
plataformas en casos de "conmoción interior". Aquella vez, la propuesta,
del diputado provincial Rubén Oscar Almará, finalmente quedó en la nada.
Los Kirchneristas deberian ocuparse de cosas mas importantes que quitar la libertad de
expresion, por ejemplo, educacion ,inseguridad ,desnutricion, salud y la peor de
todas, Impunidad en la corrupcion k
