Hace unos meses a esta parte, un grupo de maestros del Dpto. Copo
denunció pública, administrativa y penalmente que había en la provincia
muchas personas que ejercían como maestros pero sus títulos eran
apócrifas. Lo hicieron en base a una lista realizada por ellos mismos.
Se inició un sumario administrativo en contra de unas diez personas y
una investigación penal en Monte Quemado en donde se aportó los nombres
de las personas. La cuestión grave es que si bien hasta ahora los
informes producidos por los institutos educativos dan cuenta de que
algunos no han sido alumnos o no han obtenido el título allí, el consejo
General de Educación pretende endilgar a aquellas personas que ostentan
esos títulos supuestamente apócrifos la confección de los mismos.
Sin embargo es absolutamente ilógico pensar de tal manera, ya que los
títulos cuentan con firmas y sellos de instituciones, del consejo
general de educación e incluso la certificación de escribanía de
gobierno. Eso significa lisa y llanamente que los títulos son
confeccionados por personas que tienen acceso a toda la información y a
los elementos materiales e intelectuales para lograr que dichos títulos
sean certificados y además sean registrados superando todos los
controles.
Todo esto hizo que ante la evidencia de que el Consejo General de
Educación y el Juzgado de Monte Quemado pretenden hacer de esto un
“circo romano” tirando a los leones a unos cuantos, para dejar las cosas
como están dentro del Consejo, la suscripta, abogada defensora de
varios de los investigados en el Consejo y en el Juzgado del Crimen de
Monte Quemado, FORMULARA UNA DENUNCIA EN CONTRA DEL CONSEJO GENERAL DE
EDUCACIÒN, a los fines de que se investigue seriamente la cuestión y por
supuesto en los términos antes expuestos. Tengo en cuenta que es de
público y antiguo conocimiento (esto viene desde hace muchos años según
lo comenta la sociedad santiagueña) que el consejo General de Educación
viene siendo una suerte de fábrica de un sin fin de actos
administrativos espurios (venta de licencias, venta de ascensos, venta
de puntajes, venta de traslados, etc.).
El mes pasado, en el turno de Instrucción 4ta. Interpuse una denuncia
en contra del Consejo General de Educación, solicitando se investigue
la confección de los títulos apócrifos:
Soy abogada y apoderada de varios de los investigados por la
ostentación de títulos apócrifos. La investigación comenzó en Monte
Quemado, en donde un grupo de maestros comenzó a hacer marchas porqué
sabía de la existencia de maestros que estaban dando clases y que no
habían cursado las carreras respectivas para la obtención del título.
El Juez de Monte Quemado está haciendo una investigación para
establecer si esas personas, sindicadas por estos maestros, hicieron sus
carreras y obtuvieron los títulos, además de investigar cuantos sueldos
han cobrado, etc.
Por el mismo tema, el CGE (Consejo General de Educación) ordenó la
formación de sumario administrativo en contra de diez personas, de las
cuales ocho son clientes míos.
La investigación se hacía por “supuesta ostentación de títulos
apócrifos”. Pero, ni bien iniciado el sumario, incluso antes de la
indagatoria, dos de los sumariados y uno que no había sido sumariado,
fueron “dados de baja” por la Directora de Nivel Primario y su
resolución convalidada por resolución de la Presidente del CGE, y en
estos casos el motivo invocado cambió, ya no fue la “supuesta
ostentación de los títulos” sino la “confección” de los mismos. Cosa a
todas luces inadmisible.
Por esta razón es que evidenciándose que el CGE pretendía endilgar la
confección de los títulos a los maestros, evitando así la investigación
que corresponde se haga dentro de la institución, es que presenté la
denuncia que es objeto de esta presentación.
Concretamente lo que planteo es que no son quienes usan los títulos,
los que los confeccionan. Quienes los hacen evidentemente conocen los
formatos que deben darle, el papel que deben usar, los sellos que deben
colocar y bueno, en definitiva, tienen acceso a todo eso. Y lo que es
más importante, los títulos tienen firmas de las autoridades del CGE y
del SPEP y lo que es más importante aún, tienen la certificación de
escribanía de gobierno.
Todo esto, no es lógico pensar que estas personas puedan lograr. Los
únicos que pueden hacerlo son los empleados y/o funcionarios del mismo
CGE.
Por otra parte es harto conocido que el CGE no es lo único que
produce, también traslados, cursos para aumentar puntaje, licencias,
etc., etc.
Estoy segura de que si se hiciese una buena auditoría, una profunda
investigación dentro del CGE encontraríamos que es una verdadera
fábrica. Bueno, debo decirles que sin perjuicio de que no quisieron los
diarios locales publicar mi denuncia, en el consejo se enteraron y mucha
gente ya lo sabe, he escuchado que le dicen “la fabriquita”.
Mucha plata pasa por ahí… amerita una verdadera investigación.
No se puede admitir que se le corte la cabeza a ocho o diez
desventurados que aceptaron o que de algún modo consiguieron un título
para poder trabajar y llevar el pan a su familia y se deje impune a
todos estos delincuentes que desde adentro del consejo se dedican a
delinquir para enriquecerse.
Por datos adjuntos les envío el contenido de la denuncia que formulé
en el sentido verdadero de la denuncia… ellos están investigando a mis
clientes, yo quiero que se investigue al CGE.
Les comento que tengo en mi poder, unos títulos originales, donde se puede apreciar las firmas y la certificación.
TÍTULO 1 y 2 son el anverso y reverso de un mismo titulo y el 3 es la certificación también de ese título.
Salúdales atentamente.
Dra. Eugenia del Pilar Pons
M.P. Nº 2335
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