Cuando se cierran las puertas al público y a la prensa en el juicio oral
de la causa contra el ex intendente de la Capital, Julio Alegre, y una
veintena de personas, se viola la letra y al espíritu del Código de
Procedimiento Criminal de la provincia y, en consecuencia, bien podría
acarrear un reproche como el de la nulidad.
Asimismo, se prohíbe que la ciudadanía, sobre todo la de la Capital que
fue la que eligió a Alegre, se pueda informar de todas las acusaciones y
las defensas en torno al hombre que, supuestamente, realizó actos que
habrían perjudicado y afectado al pueblo capitalino.
Si no participa la gente en las audiencias en las que se juzga a un
político por no haber cumplido con sus obligaciones de funcionario
público, es dejar afuera al primer protagonista e interesado (el
vecino), que tiene todo el derecho de participar, con su presencia, de
este juzgamiento.
Sólo en Santiago del Estero, un juicio “oral y público” no es “público”.
Encima, los medios adictos al gobierno provincial “cerraron” el caso y
se quedaron callados sin cumplir con el deber primero de informar el
resultado de las audiencias.
Cualquiera, entonces, podría suponer que como “todo está arreglado” y
como “la sentencia a Alegre ya está redactada”, el tal “juicio” es una
parodia impulsada por intereses provenientes del mandamás de la Casa de
Gobierno, que convirtió al ex jefe comunal en un “preso político”.
Hasta hoy, con la simple lectura de la requisitoria fiscal
(acusaciones), no surgen pruebas fehacientes y contundentes que
demuestren la culpabilidad del ex intendente, y no se sabe qué piruetas
ensayarán los tres camaristas para demostrar que fue, por ejemplo, “el
jefe de una asociación ilícita”. Claro, sin público y sin prensa, es
fácil condenar sin pruebas o exculpar con pruebas a cualquier ciudadano.
(Un interrogante: ¿por orden de quién Alegre es el único de la veintena
de imputados que llega y que es paseado esposado por todo el Palacio de
Tribunales?).
Por ese manejo irregular del juicio oral contra Alegre, la ciudadanía
tiene fundadas razones de criticar a los políticos que arman causas con
el único fin de perseguir a sus adversarios, de censurar a los "malos
jueces" y, por añadiduda, de seguir sintiendo esa “sensación de
insatisfacción” por el comportamiento del Poder Judicial santiagueño.
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