Julio Alegre trasladado a Colonia Pinto: la prepotencia de la justicia es síntoma de debilidad

El ex intendente Julio Fernando Alegre se considera un “preso político” y está dispuesto a demostrar que el régimen zamorista lo ha elegido para demonizarlo y perseguirlo. Por ello espera ansioso el inicio del juicio oral y público para poder demostrar muchas cuestiones. Por ejemplo, que ha dejado a la municipalidad de la Capital con ganancias en caja; que fue un buen administrador y, en especial, para tener al fin la oportunidad de dar a conocer quiénes son los personajes sueltos que merecen la cárcel antes que él.

Esto, traducido al idioma político, se interpreta como el gran destape donde Alegre podrá demostrar que, como intendente, y si cometió alguna irregularidad, ha sido un simple eslabón de una gran cadena que involucra a popes del gobierno nacional y a otros intocables de la administración más corrupta de los ultimos 7 años que soportó la provincia de Santiago del Estero en toda su historia. Para ello, Alegre convocó a un abogado penalista que le brinda todas las garantías de una defensa en serio, sin dobleces ni entregas a funcionarios zamoristas acostumbrados a compra todo y a todos. Esta vez dieron en tosca, porque designó a Víctor Daniel Nazar, de destacadísima intervención en el juicio del doble Crimen de La Dársena, que terminó con la “era juarista”.
Presiones sin resultados
Cuando tomó estado público la designación de Nazar, reaccionó el zamorismo con sus armas conocidas. Apretó y trató de amedrentar a familiares de Alegre con seguimientos y amenazas directas de policías de civil que susurraban: “Decile que no lo designe abogado a Nazar, porque va a terminar mal”. Luego Alegre recibió visitas de 2 abogados, uno de ellos leal a Neder y funcional al régimen zamorista, que le prometían un buen pasar en la escuela de Policía y “algún arreglo” en el próximo juicio oral y público, con la condición de que lo desplace a Nazar. No sólo que rechazó toda propuesta de éstos empleados de la dupla Zamora-Neder, sino que los tachó de “abogados ruiseñores” porque cantan en la Rivadavia y cobran por la Alvear.
Lo llamativo fue cuando Alegre recibió la visita de la ex jueza juarista María Luisa Cárdenas de Infantes, que fuera destituida por conducta inmoral a raíz de ilícitos tales como la piratería del asfalto. Esta mujer se ofreció “defenderlo” con el requisito de que echara a Nazar, “ya que no te conviene esa defensa”, pero Alegre mantuvo su negativa de cambiar abogado al comprobar que era otra enviada del régimen.
Mientras el zamorismo apretaba a Alegre y a su familia, el abogado Nazar comenzó a leer los cuerpos del expediente y a pergeñar su estrategia para la defensa técnica, advirtiendo las torpezas y zafarranchos de los distintos jueces de la causa que, al parecer, por tratarse de una pésima trama, ha comenzado a preocupar seriamente a los “instructores paralelos” que manejaron las actuaciones desde la Casa de Gobierno.
Fracaso y debilidad
Ahora, cualquier contingencia que llegara a afectar a familiares de Alegre, tendrá un seguro culpable: el régimen que encabeza Gerardo Zamora. Será así porque han mostrado todas sus cartas y, como siempre, no fueron para nada prolijos. Las presiones y aprietes de los dos abogados de la Casa de Gobierno están en el teléfono celular de Alegre, y la visita de la ex jueza del juarismo figura en el libro de Guardia de la escuela de Policía.
Fue “un clavo”, entonces, el “operativo temor” desplegado contra Julio Alegre. Y un yerro estrepitoso también la intención de amedrentar o “desprestigiar” al abogado Nazar; uno de los pocos que no vende su dignidad a los “compradores” de conciencias en el “nuevo Santiago” que desnuda a cientos de miles de cobardes y traidores que entregan hasta a sus mujeres con tal de estar cerca de un efímero poder político.
El zamorismo, en el “caso Alegre”, concretamente, puso en la vidriera su debilidad. Y, frente a tamaño fracaso, reaccionó con la habitual prepotencia de los débiles, creyendo que logrará hacer arrodillar a Alegre y a su abogado defensor. Por ello, este miércoles, a las 13,30, el juez Miguel Ángel Moreno (que subroga a Juan Ignacio Coria Vignolo), dispuso el traslado del ex intendente Julio Fernando Alegre al Penal Federal de Colonia Pinto, desalojándolo con premura de la escuela de Policía.
Y es otra persecución de un hecho jurídico que pasa a convertirse en una cuestión de “estado político”. ¿Por qué? Veamos.
Mientras Julio Alegre está ahora en Colonia Pinto, otros imputados se arrodillaron ante el zamorismo (arreglaron con Zamora, “Sugus” Suárez, Ricardo Daives o “Pichón” Neder), y gozan de libertad mientras se sustancia el proceso.
A su vez, Enzo Herrera continúa detenido en las habitaciones especialmente acondicionadas en la comisaría seccional 49 de esta capital, dándose el lujo de salir en compañía de su abogada a bares cercanos.
Entre tanto, Gustavo Alegre Vega (hermano del ex intendente) goza de todas las comodidades en una pieza que ocupa en la Guardia de Infantería, en los predios de la ex Fandet, en Antenor Álvarez y canal San Martín.
Con estos datos, queda en claro que no existe igualdad de trato entre los detenidos por el Poder Judicial del régimen zamorista. Encima, se comenta que Enzo Herrera aporta a “la corona” $30.000 mensuales para mantener el privilegio.