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miércoles, 18 de abril de 2012

Mamarrachos en los expedientes del “caso Alegre”

La orden de Gerardo Zamora de “mandar preso” al ex intendente Julio Alegre se dio de la noche a la mañana, en un raro vuelco de la “amistad fraterna” a “la persecución feroz”. (Son inexplicables comportamientos del gobernador que suele pasar del amor al odio con mucha facilidad, en procederes dignos de ser estudiados por psiquiatras y psicólogos, tal como ocurrió con su “ahijado” Alegre).

Entonces, el arranque de furia de Zamora contra su ex gran amigo Alegre tuvo que ser complacido, con mucha premura, por jueces y policías improvisados pero dispuestos a ejecutar el “operativo venganza” pergeñado por el mandamás. Sólo Zamora y Alegre sabrán explicar algún día cuáles fueron los motivos que los llevaron a romper una relación personal y política de años.
Lo cierto es que el gobernador ordenó “matar, política y socialmente” al intendente, pero erró en los ejecutores: jueces improvisados e incapaces, y policías sin profesionalidad; todos sin esa “calidad técnica” para tender “una buena cama”.
Hoy, apenas el abogado Víctor Daniel Nazar se convirtió en el defensor de Alegre, comenzaron a saltar los mamarrachos de toda la causa. Y, consecuentemente, se suceden, a diario, los planteos de nulidad en el expediente hecho a las apuradas y con una instrucción torpe, ilegal y de grosera parcialidad.
Hay que esperar el juicio oral donde Nazar y Alegre preparan un verdadero picnic cuando destapen desaguisados increíbles cometidos por “jueces de la democracia” y la “policía profesional” del “nuevo Santiago”.
Nulidades
En un enjundioso escrito de 27 carillas, el abogado Nazar ha comenzado a plantear las nulidades, por verdaderas tropelías cometidas en la instrucción. Aparecen barbaridades en los allanamientos donde la policía pisoteó derechos “constitucionales, tratados internacionales y leyes supremas de la Nación".
El juez ordenó el secuestro de “cajas, valijas, cajas de seguridad y/o cualquier otro elemento que pudiera contener dinero y/o documentación relacionada a la municipalidad de la Capital”, pero los policías arrasaron con todo. (Hoy, se probó que llevaron al juzgado alguna documentación, mientras que los otros bienes -trajes, corbatas y slips; artefactos del hogar; muebles, etc.-, se la llevaron para sus casas, confirmando la “mala policía” con integrantes que se roban todo lo que pueden).
A sabiendas de que Alegre estaba separado de su esposa desde hacía dos años, fueron a su ex domicilio y también dejaron tierra arrasada. En su ex casa, secuestraron una pistola Tanfoglio 9mm x 16 con N°AB13090 con cargador y sin proyectiles, y le armaron una causa nula e irregular por “tenencia de arma de guerra”.
Con abundantes citas jurisprudenciales, el abogado defensor se encarga de demostrar que en los allanamientos, la justicia y la policía zamoristas consideraron a Alegre “como un objeto de persecución penal sin dignidad ni derechos”.
Tarchini Saavedra no puede ser juez
Otro planteo de nulidad de Nazar se refiere a la “actuación” del juez Ramón Tarchini Saavedra, quien “deslumbró” al romper todos los moldes.
El abogado de Alegre, el doctor Víctor Daniel Nazar (que lo tiene denunciado a Tarchini Saavedra por otros desvaríos e ilícitos), esta vez expone palmariamente su indebida participación contra el ex intendente.
Este “magistrado zamorista” intervino en un expediente contra Alegre donde los denunciantes eran su hermano José Alfredo Tarchini y su cuñada Patricia Elizabeth Ramella de Tarchini.
Lo que explica Nazar es tremendo. “Estamos frente a un espanto institucional. Pongo en conocimiento del Poder Judicial todo, y del magistrado en particular, y así lo podrán comprobar con informes a requerir en las oficinas de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia, como del Consejo de la Magistratura, Secretaría Electoral, empresas de servicios públicos, empresa de Correo, etc., que tanto el juez, su hermano y su cuñada viven y se domicilian compartiendo en el mismo inmueble paterno, es decir, el sitio en avenida Libertad 2184 de esta ciudad Capital”.
Agrega Nazar: “El incumplimiento en su obligación legal de inhibirse ha comprometido irremediablemente su deber de imparcialidad, atributo irrenunciable de la función judicial para preservar sin alteraciones la confianza pública, y condición inexcusable para asegurar un juicio justo. Tarchini Saavedra ha desoído uno de sus primeros deberes como juez, negando a la persona del imputado el más elemental de los derechos ciudadanos: ser juzgado por un juez imparcial. Tarchini Saavedra convirtió el proceso que llevó adelante en una artificial parodia de procedimiento judicial, donde la eficacia, ecuanimidad y legalidad de la función jurisdiccional se encontraron inexcusablemente ausentes”.

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