En el Consejo General de Educación están ocurriendo cuestiones graves y ha llegado la hora de actuar contra las autoridades del organismo. |
Mucha prensa se dio, a través del juez Darío Alarcón, a los empleados que “pagaban indebidamente” y a los maestros que exhibían “diplomas apócrifos”. (A raíz de la detención, una empleada sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), que luego le costó la vida en un sanatorio).
De las denuncias de los docentes por las irregularidades de las autoridades del Consejo General de Educación no sabe ni una coma, porque nadie informa.
Hacen cualquier cosa
Ahora, resulta que “desconocidos” robaron documentación comprometedora del archivo contable del organismo, en un hecho insólito, aunque varios docentes confesaron a Arena Política que “este tipo de artilugio estaba previsto, porque quieren ocultar la basura que cometieron y cometen”.
Asimismo, ya había “desaparecido” un expediente-sumario contra la esposa de un funcionario técnico, lo que motivó una dura discusión entre la presidenta Marcela de Barchini, la directora de Nivel Primario, María Díaz y el supervisor General, Jorge Fiat. La cuestión que el expediente no apareció cuando lo requirieron los auditores administrativos.
El juez Alarcón (que sigue actuando en las causas pese a que su hermana es vocal del Consejo General de Educación), ya se informó de estas “desapariciones” pero no ha adoptado ningún tipo de procedimiento.
Debería comprender el magistrado que tiene a los sospechosos de la pérdida de documentación, y que son, indubitablemente, la presidenta, la directora de Nivel Primario, el supervisor General y la jefa de Administración (Ana Campos) y la jefa de Compras y Suministros.
Encima, en la noche del sábado pasado, se quemó documentación en el patio trasero del Consejo General de Educación, y de esto son testigos numerosos vecinos.
Lo raro es que los incendiarios actuaron sin problema, pese a que el organismo cuenta con guardia privada permanente.
El lunes, la presidenta Marcela de Barchini ordenó, justamente, un sumario a los guardias, mientras el juez Alarcón ni siquiera investiga la quema de documentos.
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