El desalojo violento Tonocoté fueron portadas de los medios nacionales

Como siempre, los hechos aberrantes que produce el gobierno de Zamora, como la corrupción de sus funcionarios, los medios locales, boletín oficial del zamorismo, nunca publican nada al respecto, pero los medios nacionales lo reflejan.

Distintos medios de capital federal, y de otras provincias, fueron portadas del avasallamiento de las maquinas de la empresa Conorvial, que terminaron con las viviendas y montes donde residían la comunidad Tonocoté.
Uno de los diarios de capital federal publicaba lo siguiente:

La policía llegó a una zona habitada por 23 familias de la comunidad tonocoté. Con orden judicial, los corrieron con caballos, perros y hasta una topadora. En ese lugar de la provincia quieren construir chalets con tejas francesas.

La pelea por la tierra parece una consigna foránea a la política argentina. Sin embargo, cada semana, se repiten escenas de violencia contra las comunidades indígenas del país. Ayer, a las seis de la mañana, 23 familias tonocotés fueron sorprendidas por un operativo de la policía de Santiago del Estero que llegó a la zona de Boca del Tigre y Mal Paso con una orden de desalojo firmada el juez Ramon Tarchini Saavedra.
Sin mediar palabras, los oficiales, con perros, caballos y una topadora, iniciaron una represión que dejó dos personas detenidas y cinco heridos, entre ellos dos niños, y una mujer embarazada.

"Nos levantaron a patadas para sacarnos de tierras que son nuestras desde siempre", contó Reyna Sosa, líder de la organización. El Poder Ejecutivo local planea construir en esa zona, muy cercana a la capital, un proyecto urbanístico, con 892 chalets de techos a dos aguas, tejas francesas y carpintería de aluminio.
A pesar de los reiterados llamados, ningún representante del gobierno de Santiago del Estero, que conduce Gerardo Zamora, quiso responder a las consultas de este diario. Tampoco otorgaron información el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ni el fiscal de Estado de la provincia, el doctor Raúl Abate, quien aseguró no saber nada sobre un desalojo de ese tipo, ni sobre la presencia de la comunidad tonocoté en esos territorios. "Es raro que ningún medio hable de esta noticia. Yo me acercaría al juzgado para ver si es verdad", recomendó a este diario.

Al cierre de esta edición, los dos principales medios gráficos de Santiago, El Liberal y El nuevo diario, habían obviado la noticia, a pesar de que la monja Lucía Duacastella llevó personalmente fotografías y materiales audiovisuales a las redacciones, según contó a Tiempo Argentino. "En el Liberal, me aclararon que no se iba a poder publicar. Y en El nuevo diario me escucharon y dijeron que lo iban a subir, pero hasta ahora no lo han hecho", explicó la religiosa al cierre de esta edición.

El círculo de silencio se cierra con las declaraciones de los oficiales de la Comisaria 49ª, a cargo de Juan Carlos Chazarreta. "Negativo. No tenemos conocimiento de que haya heridos en el desalojo", contestó el oficial José López, al ser consultado por este diario. También negó que se hayan utilizado balas de goma y sobre un video en el que los líderes de la comunidad aparecen arrodillados y con los brazos alzados, en señal de rendición frente a los uniformados que les apuntan, señaló: "Creo que están arrodillados por un rito." Por la noche, otro oficial de esa comisaría, confirmó que los dos detenidos, Walter Barraza y Freddy Luna permanecían en esa seccional, y que estaban arrestados bajo la carátula de "daños, lesiones y atentados y resistencia a la autoridad".

También señalaron que por el momento las topadoras habían arrasado el monte, pero que se estaba esperando la desocupación de los pobladores "para avanzar sobre las casas".
Según aclaró el abogado de la comunidad, Diego Jiménez, el operativo no se realizó con una orden de desalojo, sino como una disposición de seguridad para los trabajadores de la empresa constructora. "Nos enteramos de este emprendimiento por el diario El Liberal. El proyecto ocupa 42 hectáreas, entre ellas, las ocho que pertenecen a la comunidad. Entonces presentamos una medida cautelar de no innovar pero la jueza competente nunca se expidió. En cambio, se le dio lugar a una denuncia del fiscal de Estado, Raúl Abate, realizada el 23 de mayo, pidiendo custodia policial para avanzar con la topadora. La orden se despachó ese mismo día. La situación es de total desamparo, porque se han utilizado todos los resortes jurídicos, pero no hemos tenido eco", resumió el letrado, quien recordó las leyes nacionales y provinciales que prohíben los desalojos de pueblos originarios, así como el Convenio Nº 169 Internacional de la Organización Internacional del Trabajo.