El gobierno de la provincia y la Universidad Nacional
de Santiago del Estero (Unse) se entreverarían en denuncias y planteos
jurídicos que pueden llegar hasta la mismísima Corte Suprema de Justicia,
podría haber significado un delirio y una torpeza.
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| Gerardo Zamora (gobernador) y Natividad Nassif (rectora de la Unse), amigos y correligionarios, no imaginaron nunca tener que soportan en sus espaldas la controversia entre provincia y universidad por los predios de la ribera del río Dulce. |
Pero hoy, podemos confirmar
que van a terminar en el máximo órgano judicial de la Nación por la posesión de
las 17 hectáreas situadas en el margen derecho entre el puente Carretero y el
puente “Negro”, donde funciona el jardín botánico de la Unse.
Este predio fue cedido por la provincia a la
Universidad de Córdoba en 1969, la que lo transfirió en 1972 a la Universidad
de Santiago del Estero.
El terreno es sede del jardín botánico de la facultad de Ciencias Forestales. El litigio se inició cuando el gobierno provincial, respaldado por una ley de la Legislatura, resolvió revocar parcialmente la donación de 1969 y retomar la posesión de 12 de las 17 hectáreas, para llevar adelante un proyecto que prevé la construcción de un tren tecnológico, la prolongación de la costanera hacia el sur, y un estadio de fútbol.
De inmediato, abogados de la Universidad Nacional de Santiago del Estero fueron en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y reclamaron la restitución de todo el predio, “donde funciona el jardín botánico como un aula al aire libre”.
El terreno es sede del jardín botánico de la facultad de Ciencias Forestales. El litigio se inició cuando el gobierno provincial, respaldado por una ley de la Legislatura, resolvió revocar parcialmente la donación de 1969 y retomar la posesión de 12 de las 17 hectáreas, para llevar adelante un proyecto que prevé la construcción de un tren tecnológico, la prolongación de la costanera hacia el sur, y un estadio de fútbol.
De inmediato, abogados de la Universidad Nacional de Santiago del Estero fueron en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y reclamaron la restitución de todo el predio, “donde funciona el jardín botánico como un aula al aire libre”.
El gobierno de la provincia, anoticiado de este planteo, dispuso que Fiscalía
de Estado interpusiera un interdicto ante el juzgado Federal de Santiago del
Estero a fin de lograr un fallo a favor de su acción posesoria del predio.
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