El juez Molinari ordenado por el gobernador Zamora no cumple la orden
judicial en entregar la sede de la UCR intervenida.
Pese a que el partido se encuentra intervenido y a que el propio
gobernador fue expulsado del radicalismo tras incorporarse a las filas
kirchneristas, el zamorismo se niega a hacer entrega de la sede partidaria
ubicada en Belgrano al 1100 de la ciudad capital, incumpliendo la voluntad de
las máximas autoridades de la UCR a nivel nacional y transgrediendo
abiertamente una decisión de carácter judicial.
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| JUEZ FEDERAL MOLINARI |
A mediados de septiembre, el presidente del Comité Nacional de la Unión
Cívica Radical, Ing. Mario Barletta, visitó la provincia a fin de poner en
funciones al nuevo interventor partidario, Dr. Marcelo García, en el marco de
un importante acto que contó con la presencia de referentes provinciales como
el senador Emilio Rached, el Ing. Marcelo Lugones y el intendente de Pinto,
Guillermo Ganón.
“Espero que el próximo acto en el que esté presente sea en nuestro
Comité de Belgrano y Alsina”, había manifestado Barletta al referirse al local
que se niegan a entregar los sectores afines al gobernador Zamora.
En cumplimiento de aquella declaración, las autoridades del partido
iniciaron las gestiones para recuperar el comité, las cuales dieron lugar a que
el juzgado federal con competencia electoral de Santiago del Estero ordene hace
unos días la entrega de la sede al nuevo interventor.
Sin embargo, un grupo de personas que se encuentra usurpando la
propiedad, se negó a a la entrega. La diligencia la practicó el Oficial de
Justicia del Juzgado Federal el día miercoles 24 de octubre a las 11 horas,
cuando el funcionario judicial se apersonó a dicho local en compañía del
Interventor y del apoderado del partido, sin que se haya podido concretar la
medida.
Cuando el Oficial de Justicia intentó ingresar a la sede y notificar la
orden del juez federal, un grupo de aproximadamente cuarenta personas, que se
autodenominaban “afiliados”, manifestaron que el inmueble se encontraba
“tomado”, en claro reconocimiento de la usurpación de la propiedad.
Frente a esa situación y a los fines de no generar situaciones de
violencia, el oficial de justicia decidió retirarse del lugar labrando el acta
correspondiente que tendrá que ser entregada al Juez.
“La actitud de estas personas que impidieron el ingreso del oficial de
justicia y la puesta en posesión de la sede de la UCR a la única y legítima
autoridad partidaria que es el interventor, constituye un delito que tendrá que
ser investigado y sancionado por la justicia”, manifestó el apoderado.
Ante esta situación el Interventor adelantó que continuará con las
presentaciones judiciales que sean necesarias, tanto en Santiago del Estero
como en Buenos Aires, a los fines de lograr que la justicia federal le haga
entrega de la sede “porque es lo que corresponde según la ley de partidos políticos”.
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