Aunque el escrito no lo dice la razón por la que Brué no quiere mostrar su patrimonio estriba en que es propietario de varias empresas que contratan con el Estado en Santiago del Estero. Si bien están a nombre de prestanombres, las empresas constructoras de Brue son demasiado conocidas en la provincia y el rastro para saber que en realidad son suyas no es tan difícil de seguir, por eso prefirió no darlas a conocer.
La nota del periodista porteño recuerda que “desde la sanción de la ley de ética pública, en 1999, los funcionarios de los tres poderes del Estado están obligados a presentar su declaración jurada de bienes”, además “deben hacer una rendición apenas asumen en sus cargos, actualizarla una vez por año y entregar una última luego de que cesan en sus funciones”. Para presentar la actualización correspondiente a 2009, los diputados tenían tiempo hasta el 31 de junio pasado.
La obligación también alcanza a los senadores, pero los representantes de las provincias no publican la nómina de incumplidores. En el Poder Ejecutivo, la lista se publica, pero el porcentaje de funcionarios en falta no llega al cinco por ciento del total.
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