Santiago del Estero: ¿regreso al feudo?

Los medios nacionales se hacen eco de la "VERGUENZA SANTIAGUEÑA" sobre la violacion de la constitución provincial. Diario Clarin en su emision de ayer 25, publica en su portada el mencionado titulo.

Para evitar la perpetuación en el poder, los convencionales santiagueños establecieron en su constitución que: “El gobernador y vicegobernador ejercerán sus funciones por el término de cuatro años, sin que evento alguno pueda motivar su prórroga. Podrán ser reelectos o sucederse recíprocamente, por un nuevo período únicamente. Si han sido reelectos o se han sucedidos recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con intervalo de un período”.

Para evitar interpretaciones erróneas agregaron una cláusula adicional:

 “El mandato del gobernador de la provincia, en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma, deberá ser considerado como primer período.” El gobernador no era otro que el actual, Gerardo Zamora, quien asumió en marzo de 2005. Vulnerando la voluntad de los constituyentes, la jueza Andrea Suárez decide habilitarlo para postularse como candidato a un tercer mandato. Su fallo revela con claridad el control que ejerce el poder ejecutivo provincial sobre la justicia.

La peligrosidad que encierra se advierte, además, si se lo inscribe en la historia reciente de Santiago del Estero. Durante más de una década, la provincia fue gobernada con mano de hierro por la familia Juárez.
Nepotismo, corrupción, persecución a los opositores, control de la prensa, dádivas, policía brava, justicia adicta e impunidad constituyeron los rasgos distintivos del entonces “juarismo”. De ahí que la intervención a la provincia, en 2004, se propuso restaurar el sistema republicano, garantizando el principio de la división de poderes. Por lo tanto, el fallo al declarar inconstitucional la cláusula que impide la candidatura de Zamora corre el riesgo de iniciar el regreso al pasado.

La división de poderes persigue una meta: equilibrar y contrapesar la autoridad del ejecutivo para impedir que la democracia representativa se malogre. La supremacía del ejecutivo sobre los otros poderes significa un grave problema institucional, tanto en el orden nacional como provincial. Porque cuando se vulnera el principio de la división de poderes y se avanza por el camino de la permanencia indefinida en el gobierno, la democracia pierde sentido.

Quienes creen que el fallo de la jueza es correcto, porque el gobernador cuenta con un alto nivel de adhesión popular, olvidan que en el cumplimiento de las reglas preestablecidas radica no solo la mayor legitimidad democrática sino también la mejor garantía ante la ley de la selva, bajo la cual siempre ganan los poderosos. Basta recordar qué pasó en Santiago cuando se arrasó con aquellas reglas. Si el apoyo popular es esgrimido para concentrar poder y ejercerlo por fuera de los márgenes fijados por la Constitución, entramos en el terreno de la democracia invertida: las reglas, en vez de imponer los límites de la lucha política, se modifican según las necesidades de quienes detentan una mayoría circunstancial.

Su resultado es un alto grado de inestabilidad institucional y de desprestigio de la democracia. El caso santiagueño constituye un retroceso en el fortalecimiento de la democracia republicana; a una provincia castigada por la desigualdad, la pobreza y la injusticia se añade ahora la amenaza de un retorno al feudo. Una regresión política suele ser difícil de percibir en sus inicios. Muchos santiagueños recuerdan en qué se convirtió el juarismo, aunque tal vez muy pocos puedan precisar cuándo comenzó.

http://www.clarin.com/opinion/Santiago-Estero-regreso-feudo_0_999500098.html