Un diputado le pidió que la Legislatura provincial que le manifieste al Congreso de la Nación la “profunda preocupación” por el tratamiento y el impulso del promocionado proyecto de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El legislador dice estar preocupado “porque no hay normas que contemplen y protejan a los medios del interior del país, especialmente fuera de las concentraciones urbanas, donde estarían imposibilitadas de competir tecnológicamente frente a las empresas telefónicas”.
Manifiesta: “Este proyecto que impulsa la pareja que gobierna el país, atenta contra la libertad de expresión pues le otorga al Estado, que es parte interesada, una incidencia indebida y determinante en los contenidos y formas de comunicación. No surge herramienta normativa que proteja la situación de alta vulnerabilidad de las empresas de comunicación del interior del país”.
Estas empresas locales, especialmente los cables del interior de la provincia, “no tendrían otro destino que su extinción”. Agregó que este “inminente riesgo” también se cierne sobre las radios FM.
En efecto, nuestra provincia envió al Congreso de la Nación siete diputados nacionales en representación del pueblo y tres senadores en representación de la provincia. Se sabe hasta el momento que un senador nacional, Emilio Rached, seguirá legislando a favor del pueblo que lo votó en absoluta contraposición de lo que pretende la Presidenta de la Nación y su esposo.
También la diputada Marta Velarde anticipó que no se alineará a la perversa normativa que pretende quebrantar a las empresas locales y cercenar el derecho de información del pueblo que la votó.
Mientras tanto se dice que el gobernador Gerardo Zamora se habría comunicado con seis de los legisladores que envió al congreso nacional para “sugerirles” que no abandonen el llamado “modelo kirchnerista” y que procedieran a dar quórum y votar a favor del proyecto oficialista, justamente, que atenta en contra de las empresas de comunicación social que operan en la provincia.
Todavía no se conoce la opinión de los titulares de las empresas periodísticas que se verían afectadas en sus intereses en el caso de que prospere el mamarracho que se conoce como la “ley K” de servicios de comunicación social.
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