Siempre se dijo que existe una doble justicia, en contraposición a la igualdad que ella misma representa.
En realidad la "Justicia" es una sola. Dobles son la moral y las conductas de quienes ejercen la potestad soberana de aplicarlas. Por ello se argumenta a modo de reproche y con razón aquel irritante distingo: justicia para ricos-justicia para pobres.
Al presente, aquel doble posicionamiento moral lo evidenciamos en el proceso judicial que afronta Julio Fernando Alegre (ex intendente, ex presidente de la Convención Provincial de la UCR, ex presidente del Comité Capital de la UCR, ex delegado a la Convención Nacional de la UCR, ex líder político del Frente Cívico en la Capital, ex socio político de Gerardo Zamora y ex socio político del kirchnerismo), donde aquél valor filosófico de justicia fue dejado de lado en pos de una venganza personal y política en su contra.
Si Julio Fernando Alegre cometió las tropelías que se afirman, debe caer sobre su persona todo el peso de la ley. Es lógico.
Pero ¿Julio Fernando Alegre es el único y exclusivo responsable? La sociedad toda sabe que ello no es así. Existen otros responsables que por sus acciones u omisiones permitieron que el ex jefe comunal, a lo largo de cuatro años, se enriqueciera en un pueblo que ocupa el penúltimo lugar en los índices de pobreza nacional; después de Formosa y Chaco.
Por ello cuando sus ex socios afirman sentirse avergonzados o sorprendidos por la conducta del ex intendente, es una hipocresía total que a nadie engaña. Hoy pululan por los pasillos de Tribunales empresarios amigos, proveedores y hasta arrepentidos. No dudan un instante en denunciar las presiones que sufrían de parte del ex intendente para beneficiarse económicamente.
Encontramos en esta menuda y singular gama de justicieros, hombres de la Construcción, empresarios del Transporte, empresarios de la Electricidad y Tendido Eléctrico, y hasta del reciclado de la Basura. Todos denuncian lo mismo: haber cedido o entregado parte de sus ganancias o empresas, como condición previa para integrar el selecto grupo del "festín municipal”.
A confesión de parte, relevo de prueba, dice un adagio judicial. Estas confesiones voluntarias deberían constituir para cualquier mortal prueba de cargo en el delito de cohecho (coima). Y es así porque todos tenían conocimiento del irregular proceder y, sin embargo, lo asintieron.
¿Cuál era el beneficio obtenido? Nada más y nada menos que las empresas (Transporte. Construcción, etc.) que continúan lucrando en virtud de un acto administrativo que ellos mismos admiten como ilícito. Todos estos sujetos son tan responsables penalmente (cohecho pasivo) como el mismísimo Julio Fernando Alegre (cohecho activo ) y, sin embargo, continúan en libertad.
Se agravan las culpabilidades del Tribunal de Cuentas Municipal y del Concejo Deliberante. De ésta última institución surgió el actual intendente quien, a todas luces, convalido y continúa convalidando tales irregularidades.
¿Acaso no se impone una revisión de tales actos administrativos, anulando, por ejemplo, las licitaciones y concesiones logradas mediante un ardid delictivo confesado?
Es penoso, en verdad, advertir este doble proceder de la justicia santiagueña. Este pueblo no merece este obrar contradictorio y este modo selectivo de impartir justicia.
¡Pobres santiagueños! ¡Mansos santiagueños! ¿Cobardes santiagueños! Seguimos soportando a jueces que brindan justicias para algunos y calvario para otros.
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