La diputada provincial Mirta Belma Jiménez, madre del detenido Darío Pogonza, fue “sancionada” por las autoridades del Servicio Penitenciario de la provincia, con la prohibición de ingresar a la Cárcel Pública de Varones, de Alsina 850.
No podrá, entonces, visitar a su hijo que está encausado por el robo a mano armada contra el panadero Pablo Salvador Russo.
Ésta legisladora pertenece al bloque de “Iturrito”, e ingresó a la Legislatura integrando la nómina que llevaba como cabeza de lista al gobernador Gerardo Zamora.
La diputada Mirta Belma Jiménez ingresó sola el domingo 31 de julio a la Cárcel Pública, a visitar a Darío Pogonza. Superó la requisa, pero en su zona pudenda hizo ingresar droga (cocaína).
Cuando concluyó la visita y se retiró la legisladora, las autoridades carcelarias efectuaron una inspección en la celda de Pogonza y encontraron el estupefaciente.
Tras una rápida investigación, comprobaron que fue su madre que le proveyó de la sustancia prohibida.
Frente a ello, se dispuso “castigar” a la madre, impidiendo su visita a su hijo preso.
Silencio total
Este escándalo político-delictivo ocurrió el domingo 31. Y el 1 de agosto (lunes), la diputada Jiménez fue citada por los directivos de la Cárcel Pública de Varones que la notificaron de la prohibición de ingreso en días de visitas.
Llama poderosamente la atención el silencio total del funcionario responsable del sistema carcelario, como es el ministro de Justicia, Ricardo Daives, así como del titular del Poder Ejecutivo, Gerardo Zamora.
Una cosa es contar con Jiménez y todo el bloque de “Iturrito” como aliados políticos, y otra cosa es esconder un grave hecho delictivo cometido por una parlamentaria.
Deberían advertir Zamora y Daives que sus silencios los convierte en cómplices de un delito.
Si nada se informa, si no se investiga y ésta diputada queda impune, es comprobar que la decadencia ha tocado fondo en Santiago del Estero.
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