Dos personas fueron procesadas por lavado de dinero al hallárseles en el departamento que alquilaban, la suma de € 73.600. La causa se inició por una denuncia de la DEA de un supuesto tráfico de estupefacientes en un barco que hizo escala en Buenos Aires.
La causa tiene su origen en la denuncia concretada por la D.E.A. norteamericana por el supuesto tráfico internacional de estupefacientes.
Según informes y testimonios recabados durante la investigación, la Policía Federal determinó que la maniobra la realizaban dos tripulantes del buque Oriane. Uno de los tripulantes bajo sospecha, mantuvo un contacto fugaz, en la puerta de un supermercado Coto, con un ciudadano de origen colombiano. La Justicia ordenó el allanamiento del departamento que alquilaba el ciudadano colombiano John Jairo Zamora Abello y un ciudadano venezolano de nombre Nelson Orlando Navarro Hernández.
Las autoridades argentinas encontraron en el lugar una valija conteniendo 73.600 euros, 3.453 dólares y 610 bolívares en efectivo, al no poder justificar sus ingresos ni haber registrado operación comercial o financiera alguna en el país que justificara el origen de aquel dinero; el juez en lo Penal Economico, Ezquiel Berón de Astrada entendió que no estaba acreditado el origen lícito del dinero secuestrado, por lo que decido procesar a ambos por el presunto delito de lavado de activos, conducta ésta tipificada en el art. 277, inciso 1), punto c), e inciso 3), punto a) del Código Penal.
El tipo penal de lavado de activos de origen ilícito no exige en modo alguno la acreditación o corroboración judicial del hecho delictivo previo, cuyo producido pretende incorporarse al circuito legal de bienes y servicios, basta solamente con que quien juzga tenga un conocimiento claramente incidental, a los fines del juzgamiento.
El Caso "Affaire Publicitario"
En nuestra provincia, hace cuatro meses se interpuso denuncia penal exigiendo invetigación contra funcionarios de éste gobierno y sus vinculos con agencias de publicidad, quienes mediante la modalidad de sobrefacturación y facturaciones truchas, se apropiaron indebidamente de 33 millones de pesos pertenecientes a las arcas del Estado. Se lo denomino el "affaire publicitario". Se acompañaron pruebas suficientes acreditando que ciertos periodistas simples empleados en medios locales y otros sujetos con actividades alejadas a la realidad de los montos facturados, habian adquirido el "Complejo Hotelero Playa INN S.A." en la ciudad costera de Carilo por cifras varias veces millonarias.
El Juez santiagueño Miguel (coquito) Moreno, hasta el día de hoy se niega investigar cumpliendo directivas del Poder Politico. Se sabe que, gente cercana al sector Politico que lidera Pino Solanas - Proyecto Sur - plantearia en el Congreso de la Nación la conducta omisiva de nuestros jueces. Lo cierto, los denunciantes estan convencidos de la imprescritivilidad de los delito para los empresarios y funcionarios quienes en cualquier momento y ante otros jueces deberan rendir cuentas de sus fechorias, hasta ahora protegidas por el gobierno provincial.-
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