En el escándalo de los sobreprecios pagados por las viviendas que sin licitación, con fondos de nuestros impuestos, construye la Fundación de las Madres, hay tres grandes protagonistas.
En primer lugar está el ministro Julio de Vido, que es el principal responsable porque ha implementado en todo el país un programa de obras públicas, de transporte y energético basado en la falta de información y transparencia. Tomaron auge el sobreprecio y las adjudicaciones a empresas amigas que se imponen a provincias y municipios.
Julio de Vido le miente a la presidenta Cristina Fernández cuando le hace decir que se construyeron en estos ocho años más de ochocientos mil viviendas. Esos fueron los anuncios pero ni siquiera se llego a la mitad.
Casi la totalidad de los negociados de este gobierno lo tienen como protagonista al ministro De Vido o a sus colaboradores. El fracaso en energía y transportes es desastroso para el país.
De Vido es el que maneja la obra pública en cuatro provincias, entre ellas Santiago del Estero, donde las viviendas y las carreteras se pagan con sobreprecios escandalosos aprovechando el silencio de los medios de comunicación. O se imponen obras innecesarias como el aeropuerto de las Termas, en vez de encarar la primera prioridad de la provincia que es dotar de agua potable a todo los hogares santiagueños.
La otra partícipe necesaria es Hebe de Bonafini, quien calificó de “pelotudeces” las denuncias en relación a la sangre derramada. La titular de la fundación extorsiona con el pasado y eso hace que nadie la haya acusado cuando ya cometió delitos como la apología del terrorismo internacional, solidarizándose con las bandas narcoterroristas de las Farc de Colombía, la ETA del país vasco o con los asesinos que atacaron las Torres Gemelas.
El tercero es el parricida Sergio Schoklender, quien no ocultó su nivel de vida ni las relaciones con el poder político dominante. Hace menos de tres meses fue orador en un acto por el 24 de Marzo en el Mercado Central de Buenos Aires en compañía del ministro Boudou, el censor Mariotto, Guillermo Moreno y otros integrantes de la kakistocracia gobernante.
El gobierno sabía de las irregularidades desde que Felisa Micelli fue auditora de la Fundación de las Madres en 2008.
¿Se lo dijeron a Cristina?
Impunidad cero
El principio de igualdad ante la ley que viene desde el comienzo de nuestra tradición republicana exige la impunidad cero. El gobierno ha querido hacerse el desentendido y responsabilizar a los gobiernos del interior y a Sergio Shoklender. Y busca eximir a Hebe Bonafini.
Poco favor le hace a la cuestión de los derechos humanos confundirla con una persona que nunca ocultó su desdén a la democracia y su simpatía por el totalitarismo. Los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha ni de ningún partido.
La diarquía K buscó en ellos una base de poder mediante el dinero, la prepotencia y los mercenarios de su monopolio mediático. Porque la única causa del matrimonio Kirchner es la del uso de la política para un proyecto económico personal con sustentación política.
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