CFK busca el voto joven pero no firmó un tratado que les da derechos

Rige la convención "madre" de los derechos de los adolescentes, a la que el Gobierno no adhirió. No sancionó una ley nacional de juventud, pero quiere sus votos.

El proyecto oficial que promueve que los jóvenes puedan votar a partir de los 16 años no sólo generó debate por la iniciativa en sí, sino también por las políticas implementadas por el Gobierno para atender las problemáticas de esa franja etaria. Y el relevamiento deja en evidencia deudas en la materia que ponen un manto de sospecha sobre el argumento oficial de asignar más derechos a los jóvenes.
Las principales críticas están centradas en que la Argentina todavía no ha firmado la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, el primer tratado internacional que pone el foco específicamente en esos derechos y utilizado como referencia en otras regiones del mundo.
Por otra parte, el Congreso no avanzó en la sanción de una ley nacional de juventud, tal como rige en otros lugares del mundo, aunque sí aprobó la creación del Consejo Federal de la Juventud, que es criticado por funcionar como un aparato de difusión del kirchnerismo.
Según datos de la Unesco, la cifra de jóvenes catalogados como “ni-ni” (ni estudian, ni trabajan) aumentó en los últimos años a casi un millón. Además, en sintonía con una realidad mundial, la tasa de desempleo juvenil (hasta 24 años) duplica a la de los adultos, con un 17 por ciento en mujeres y 12 por ciento en varones.
En ese marco, el Gobierno aplicó el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, el cual fue criticado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por excluir a la franja de 16 y 17 años, calificada como la “más vulnerable” y a la que justamente se quiere sumar al mundo electoral.
Convención. La Convención fue firmada el 11 de octubre de 2005, en Badajoz, España. Está constituida por 44 artículos entre los que se establece que los Estados reconocen el derecho de los jóvenes a gozar de todos los derechos humanos, y se comprometen a garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Hace especial hincapié en temas como salud, trabajo, educación y sexualidad.
De los 22 países que forman parte de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) hay solamente seis países que todavía no suscribieron la Convención, entre ellos Argentina (también Brasil, Chile, Colombia, El Salvador y Andorra). Tanto en 2008 como en 2010, diputados del Partido Socialista presentaron en la Cámara de Diputados proyectos en los que le exigen al Poder Ejecutivo que cumpla con ese paso. En 2009, el entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, mandó una respuesta al reclamo, pero hasta ayer PERFIL no pudo dar con su contenido, ni desde el socialismo ni desde el entorno del actual senador.
Entre los derechos de la Convención, la política merece un apartado especial. El artículo 21 promueve la participación de los jóvenes, garantizando el derecho a elegir (sin aclarar edad mínima), pero también a participar en la formulación de políticas para la juventud.
En ese sentido, la OIJ destacó esta semana, a través de un comunicado, la propuesta de voto a los 16, destacando que responde a los parámetros del tratado. Pero en la página de internet de la Convención no sólo se destaca que la Argentina no lo suscribió, sino también que “no existe Ley de Juventud, a pesar de haber sido presentados diversos proyectos”.
Leyes. Ya desde 2003 había un proyecto de Margarita Jarque, del Frente Grande, que establecía los “derechos y obligaciones” de los jóvenes argentinos y extranjeros residentes en el país. La acompañaron Nilda Garré y Elisa Carrió, entre otros. En 2009, Victoria Donda y Cecilia Merchán armaron un nuevo proyecto.
Hubo otros que tampoco prosperaron, ya sean de oficialistas como de opositores. Desde observatorios hasta la incorporación de un “cupo joven” en las listas de legisladores. El único que avanzó fue el que creó el Consejo Federal, que nuclea a los referentes del área de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Se creó en el ámbito de la Dirección Nacional de Juventud y tiene como fin “colaborar con el diseño y la coordinación de políticas públicas de juventud”.
Nicolás Pechersky, del PRO y representante porteño en el Consejo, aseguró que tiene “un funcionamiento muy político, salvo Santa Fe y Capital, el resto son todos kirchneristas, y la mayoría de La Cámpora”. Igual valoró que en las reuniones (cuatro al año) “cada uno opina lo que quiere”. El resultado está a la vista. Uno de los proyectos fue la pintada de murales y el otro la publicación de la revista Juventudes. En ambos casos se utilizaron para defender al kirchnerismo.
Por las dificultades de los jóvenes para ingresar al mundo del trabajo y las críticas que lanzó la OIT al programa del Ejecutivo, el diputado Roy Cortina presentó un proyecto para promover el empleo juvenil. Allí, el socialista también critica que el 77% de las acciones del programa apuntan a la finalización de la escuela y sólo el 6% sirve para formar profesionalmente a los jóvenes. Además, analizó que el 30% de los inscriptos se quedan sin respuestas y que sólo el 33% de las oficinas de la red del Ministerio de Trabajo crearon un área de empleo joven.