El juez Alarcón avala la corrupción en el Consejo Gral. de Educación, que no corra sangre por culpa del magistrado

La corrupción en el seno del C.G.E no tiene precedente desde la gestión de la actual presidenta, por lo que desde hace tiempo que se está actuando indebidamente en varias causas penales suscitadas en ese ámbito. Ocurre que las autoridades del Consejo General de Educación baten parches con sus denuncia por cobros indebidos, cargos fantasmas, mientras decenas de maestros caminan el Palacio de Tribunales con sus demandas por corrupción en el organismo educativo.

El cuestionado juez Alarcón tuvo una sorpresiva visita cuando empleados del Consejo General de Educación ingresaron a su despacho para agredirlo.

Alarcón sólo actúa en las causas contra los empleados y los docentes. Incluso, informa primero a la prensa amiga sobre sus procedimientos contra los de abajo, quienes aparecen escrachados y posando como si fueran criminales.
Ahora, acerca de las denuncias por el latrocinio que se viene cometiendo con los fondos del Consejo General de Educación, el juez no mueve un dedo ni un expediente. Además, tiene que saberse que Alarcón no puede ni debe actuar en causas que atañen al organismo educacional, a raíz que tiene su hermana con el cargo de vocal del tribunal de disciplina.

Pta del C.G.E

Grave incidente

Este cuestionamiento al juez Alarcón generó un grave hecho, a media mañana del viernes pasado. El abogado defensor de varios empleados incriminados por el tema de los títulos apócrifos y el pago indebido de haberes, Jorge Salomón (quien fue, justamente juez a cargo del mismo tribunal y durante la primera etapa de este gobierno), tuvo una ardua lucha con sus defendidos para impedir que agredan a Alarcón. (Salomón es pariente político del ministro de Justicia, Ricardo Daives).
Lo cierto es que los enardecidos empleados del Consejo General de Educación fueron a hacer justicia por mano propia a raíz de que una de sus compañeras detenidas, “Rita”, sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) cuando fue anoticiada que para recuperar su libertad debía pagar una fianza de 100 mil pesos. Ahora se encuentra en grave estado de salud.
Los empleados avasallaron al policía custodia y a oficinistas del juzgado y buscaban “darle su merecido” a Alarcón.

También las amenazas se extendieron a la presidenta del Consejo General de Educación, a quien “prometieron” darle “un duro castigo” en la sede del organismo, “porque formuló una absurda denuncia para tapar sus irregularidades”.

En cuanto a la Sra. de Barchini, le informamos que familiares del docente que la denunciará penalmente junto a la directora de modalidades educativas por abuso de autoridad, persecución ideológica, política, discriminación y daño moral, nos envió un comunicado que la semana pasada comenzó un tratamiento psicológico y psiquiátrico y que el maestro le da esta semana de plazo para solucionarle sus situación que por derecho constitucional le asiste, caso contrario comenzara a actuar en sus contras.