Varios interrogantes sobre hacia dónde estuvieron y están encaminadas las declaraciones y las citaciones que surgen de éstas.
¿Qué se esconde atrás de la citación de Daniela Guerra?
Los tres proveedores, Pablo Cura, Lucio Sosa y José Trungelliti
desconocieron las facturas a sus nombres, las firmas y el cobro de
cheques por suministros al Municipio, en el ámbito de la Secretaría de
Obras, Planeamiento y Servicios Públicos. Más allá de esto, los mismos
tienen un nexo en común: la empleada municipal Daniela de los Angeles
Guerra, quien fuera pareja de los dos primeros y tía del último.
Esta mujer, además, es sobrina de quien fuera por varios años director de Compras y Suministros, Reinaldo Jugo.
¿Es una simple coincidencia o era el contacto para que sus familiares vendieran a la Comuna?
Pero no fue esto lo que llamó la atención a la fiscal Olga Gay de
Castellanos para pedir su citación a testimonial, sino que es conocido
en el ámbito político que Guerra militó siempre en una línea interna de
la UCR opuesta a la de Julio Alegre, y en los últimos tiempos fue
trasladada, sin fundamentos, desde la casa central a un centro
comunitario. ¿Ya se sabía que iba a surgir este nombre durante el juicio
y se preparó el camino para que se sintiera presionada, con temor a
perder su trabajo y declare a conveniencia de alguna parte?
Una incógnita más
Siguiendo la línea de análisis de lo expuesto ante el Tribunal, quedó
claro hasta ahora que Bustos, Farías, González Carol (Obras y Servicios
Públicos), Mema, Sarmiento y Viaña (Area de Cultura y Eventos) firmaban
las órdenes de provisión, las cuales no sobrepasaban el monto de $5.000,
porque de esa forma no necesitaban la autorización del ex intendente,
Ahora bien, Bustos, Farías, González Carol y Mema están imputados en la
causa, en tanto el contador Sarmiento está ofrecido como testigo del
imputado Julio Alegre, pero el Dr. Francisco Viaña no fue requerido por
el Ministerio Fiscal.
¿Quién cobraba los cheques de las provisiones que los testigos desconocen haber realizado?
Ayer, todos los testigos declararon desconocer las facturas, montos,
trabajos y, sobre todo, haber recibido los cheques que figuraban en las
órdenes de provisión.
Es sabido, que estos documentos son emitidos “no a la orden”, o sea a
nombre del comerciante, proveedor o dueño de la empresa que figuraba en
la rendición de cuentas, por lo que sólo éstos lo podían hacer efectivos
en el banco.
Entonces, si estas personas no recibieron los cheques, aunque estaban a
nombre de ellas, cómo se los cobraba en la entidad bancaria ¿sería con
la connivencia de alguien de adentro? No hay otra explicación, ya que es
requisito para cualquier tipo de cobro la presentación del DNI.
¿Esto se le pasó por alto a la fiscal o los jueces? No deja de ser por demás llamativo.
Tribunal de Cuentas y Concejo Deliberante.
Durante esta etapa del juicio se está dejando al descubierto las compras
aparentemente irregulares, con facturas apócrifas y falsos proveedores.
Pero vale hacer saber al ciudadano que estas provisiones realizadas en
el período que comprende desde el año 2006 al 2008 se encuentran dentro
de los ejercicios contables que fueron rendidos y aprobados, sin ninguna
observación, por el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad y el
Concejo Deliberante.
¿Cómo van a hacer los jueces para valorar las mismas sin involucrar a
los integrantes del Deliberante y del órgano de contralor comunal?
Esperemos, por el bien de toda la ciudadanía, que con el correr de los
días se aclare el panorama y no se siga “embarrando la cancha”, para que
éste no tome un “tufillo” político sino que busque la verdad de los
hechos.
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