Corrupción en el C.G.E, la justicia garantizará la impunidad de la presidenta, Lic. Marcela de Barchini

Por Gustavo Luna

En el actual gobierno santiagueño, desde el comienzo de la gestión zamorista se ha caracterizado de cubrir a sus funcionarios que cometen tropelías y robo a las arcas públicas, por lo que pasaron a ser los nuevos ricos de Sgo. 

Presidenta del CGE Marcela Menini de Barchini

El destape de la olla por las irregularidades en el Consejo Gral. de Educación de la mano de la Licenciada Marcela Menini de Barchini no tiene precedente de la magnitud con la malversación de fondos públicos, gastos desmesurados en compras. No hay que olvidarse de las compras de librería a un pariente cercano, la compra de colectivos y el edificio que está construyendo, entre otros bienes que adquirió en pocos años de su gestión.

Como las papas queman, y con el fin de cubrirse y no ir presa. La Sra. de Barchini pasó de ser denunciada e investigada a denunciante. Hooo… casualidad, esperó que el juez Darío Alarcón esté de turno para presentar la denuncia sobre los cobros irregulares de los docentes.

Sra. presidenta no mienta más, toda la sociedad santiagueña sabe que hubo un acuerdo entre Ud., y el juez Darío Alarcón para que él instruya la causa y que garanticen su impunidad, de otro modo, caería también la hermana del magistrado que ocupa un cargo de vocal del tribunal de disciplina.  
 Preguntamos que dirá el gobernador de todo esto? nada, por que el no desconoce la situacion, y garantiza la impunidad de todos sus funcionarios.

La abogada, EUGENIA DEL PILAR PONS FORMULO  DENUNCIA  PENAL en contra del CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN con el objeto que se investigue dentro del seno del ORGANISMO PUBLICO las irregularidades que se están produciendo con la MAQUINITA DE HACER TITULOS APROCRIFOS QUE FUNCIONA EN ESE EDIFICIO y otra serie de cuestiones, entre las cuales se menciona el otorgamiento de licencia, ascensos, cargos. Hace dos meses se presento dicha denuncia en el Juzgado a cargo del Dr. Miguel Moreno y aun no hay ninguna novedad.

Transcribimos la ampliación de la denuncia presentada por la profesional.

AUTOS: DENUNCIA FORMULADA POR LA DRA. EUGENIA DEL PILAR PONS C/ PERSONAS A ESTABLECER S.D. A ESTABLECER

EXPTE. Nº 473/A/12 (Instructor Ibarra)

TRIBUNAL: JUZGADO DE INSTR. DE 4º NOM.

PRESENTANTE: DRA. EUGENIA PONS

OBJETO: INSTA TRÁMITE - AMPLIA DENUNCIA

SR. JUEZ DE INSTRUCCIÓN:

EUGENIA DEL PILAR PONS, en mi carácter de denunciante en la presente causa, ante S.S. y como mejor proceda comparezco y digo:

OBJETO.

Vengo por la presente a instar el trámite de la denuncia formulada, toda vez que a más de dos meses de haberla formulado no he tenido noticias de que se estén incorporando elementos a los fines de elucidar los términos de la misma.

He de destacar que la denuncia está dirigida a investigar dentro del seno del Consejo General de Educación por las irregularidades que se están manifestando. Comenzó con la cuestión de los títulos apócrifos, pero como se expresa en la misma denuncia, hay un sinfín de irregularidades que salen desde dentro del CGE y que corresponde sean investigadas. Se mencionan entre otras las licencias, los traslados, los cursos, etc.

Ahora, a dos meses de haber formulado la denuncia resulta que quien debiera ser investigada puntualmente por todos los hechos supuestamente irregular que nacen del CGE, es la denunciante en otro juzgado, que además se irroga aparentemente la facultad de investigar también los títulos apócrifos. Resulta sumamente sugestivo el hecho de que después de tantos años de que se vienen produciendo estas irregularidades (la presidente no es nueva en el cargo), ahora, recién después que esta auxiliar de la justicia solicita que se investigue al CGE, aparezca esta denuncia. Se comprende que es mejor para un funcionario público ser denunciante que denunciado. Pero esto resulta por demás burdo, ya que la Sra. Presidente del Consejo debería haber comparecido ante este tribunal a su cargo, que es quien debería llevar adelante toda la investigación y prestar ella toda la colaboración necesaria para el real esclarecimiento de todas las supuestas irregularidades que se producen desde hace años dentro del CGE.

Por otra parte quiero remarcar que en forma inmediata solicitaré el apartamiento del Juez Alarcón, ya que en primer lugar la investigación contra el Consejo debe ser llevada a cabo por ante este juzgado y, lo que no es menos importante, resulta ser HERMANO de una VOCAL DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA del CGE, quien resulta a la postre, también investigada y en todo caso es ese tribunal de disciplina quien debería haber advertido las irregularidades y haber formulado las denuncia penales, previa investigación sumaria interna; con lo que podría claramente estar incursa, al igual que la “denunciante” Presidente del CGE, en incumplimiento de los deberes de funcionario público, si es que no les cabe otro tipo de responsabilidad. No voy a creer que el argumento para evitar el apartamiento del juez en este caso sea que su hermana es “solo” una empleada del organismo…, ella es vocal del tribunal de disciplina, funcionaria del ente, investigada al igual que todos los otros funcionarios.

Por esta razón es que comparezco a solicitar a S.S. que ordene las medidas procesales a los fines de que se realice con prontitud la investigación, que requiera la declinatoria del Dr. Alarcón en la causa que investiga por iniciativa de la Sra. Presidente del CGE y se avoque al conocimiento de toda la investigación de ese organismo.

Quiero destacar que esta presentación, en los términos que me expreso lo es con el fundamental objetivo de evitar futuras nulidades que viciarían la investigación, banalizándola.

INTERVENCIÓN.

En atención al cariz que han tomado las cosas es menester manifestar que considero de suma necesidad que S.S. ordene la INTERVENCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN, DE LA COORDINACIÓN DEL AREA LEGAL Y DEL DEPARTAMENTO SUELDOS.

AMPLIACIÓN DE DENUNCIA.

Atento lo trascendido con relación a los cobros de sueldos solicito se controlen todas y cada una de las declaraciones juradas que formaliza el personal docente y empleados y funcionarios del área, ya que ante tamañas sospechas, va de suyo que existe una gran posibilidad de que más de uno haya incurrido en la comisión del delito de falsificación ideológica de instrumento público.

Por otra parte entiendo de suma importancia investigar cual es la responsabilidad que le cabe al Centro de Cómputos de la Provincia, ya que tiene el dominio de todos los sueldos que cobra cada una de las personas, al igual que el ANSES.

TITULOS.

Con relación a los títulos y a modo de proposición de prueba, considero que sería de suma utilidad ordenar una AUDITORÍA en el DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA EDUCATIVA del CGE, que es donde se registran todos los títulos, para que de allí surjan todos aquellos que han sido otorgados o registrados irregularmente y quienes son los responsables de las mismas.

Sr. Juez, la composición de lugar que me hago es la siguiente: si cómo lo expresa la población en general, esta cuestión de los títulos y de los sueldos es de muy vieja data, cabría perfectamente la posibilidad de que el otorgamiento de cargos inexistentes sean coincidentes con el de títulos apócrifos.

Entonces una puntal correlación entre los datos de ESTADÍSTICA EDUCATIVA, la MESA DE OPCIÓN (que es la que otorga los cargos y donde se registran todos los cargos existentes en la provincia), el DEPARTAMENTO DE SUELDOS y el CENTRO DE COMPUTOS DE LA PROVINCIA, nos daría una más clara visión de la real dimensión de este tipo de irregularidades y de tal forma podría establecerse quienes son los responsables de las mismas. Insisto, y creo que a esta altura de la situación ya es más que evidente que no son mis clientes, los maestros, los que confeccionan los títulos y se otorgan los cargos.

También en este punto deseo destacar que más allá de la “amplia libertad” que tiene el tribunal para investigar, siempre mi inquietud ha estado dirigida a que se investigue la real responsabilidad de los funcionarios y empleados del Consejo General de Educación, ya que evidencian nuevamente la intención de evitar esa responsabilidad, endilgándosela a los maestros, no solo a aquellos de los cuales ejerzo la defensa técnica, sino a muchos más que “supuestamente” serían quienes ejercen o cobran irregularmente, y de los cuales también algunos son mis representados.

Recalco S.S., en honor a lo que considero en plena defensa de los intereses de la comunidad -el buen funcionamiento de las instituciones-, que el mayor daño y la mayor responsabilidad está en el mal manejo de la función pública, en el manejo espurio del poder que el estado delega en los funcionarios y en los empleados de la administración, ya que esto bastardea con suma liviandad la función pública, la función del estado de derecho.

PETITUM.

Por todo lo manifestado a V.S. solicito:

1º) Tenga presente todo lo manifestado con relación a la instancia de trámite que realizo.

2º) Solicite la declinatoria del Sr. Juez de Instrucción 3ra., por los motivos manifestados.

3º) Considere las medidas solicitadas: INTERVENCIÓN Y AUDITORIA.

Provea S.S. de conformidad por SER JUSTO.