En la Legislatura provincial,se viven momentos adversos político-institucionales de Santiago del Estero, al menos alguien se preocupa por plantar bandera y terminar con los desaguisados (increíbles, la mayoría), de la clase gobernante.
El protagonista es José Luis Zavalía, diputado provincial de la UCR, que pone toda su pasión en procura de que el Parlamento ocupe sus roles de legislador y controlador de los otros dos poderes del Estado.
Zavalía exigirá, por ejemplo, en la sesión legislativa, la renuncia del ministro de Economía, Atilio Chara, “por sus inconductas de jugador compulsivos en salas de juego de Santiago y de provincias vecinas”.
Peticionará la incorporación al sueldo básico de los $300 (actualmente en negro) que paga la provincia a obreros y empleados de su jurisdicción.
Pedirá informes acerca de la compra sospechosa del avión Leart Jet, “por el que se abonó ocho millones de dólares.
El diputado radical también instará a la suspensión de la pavimentación del camino Malbrán-Pinto “(obra a cargo de la empresa Mijovi), porque a pesar de estar abonada y terminada para el gobierno, falta, desde hace dos años, concluir los 15 kilómetros hasta Bandera”.
Asimismo, exigirá la suspensión en su cargo del actual intendente de la Capital, Hugo Orlando Infante, “hasta tanto aclare cómo a logrado enriquecerse con su sueldo de concejal”.
El martes pasado comenzó a desplegarse la estrategia legislativa de Zavalía, quien logró que la mayoría zamoristas le aprobara dos proyectos: el repudio por la agresión al periodista Roque Gómez, de Hoyón, departamento Atamisqui, y el otorgamiento del 82% móvil a los empleados judiciales provinciales. Este último punto contó con el asentimiento de la mayoría oficialista por presión pacífica de los judiciales santiagueños que llenaron el sector de las barras.
En cambio, el zamorismo miró para otro lado a la hora en que Zavalía quiso desarrollar sus pedidos de informes sobre la apropiación indebida de un campo de 1.700 hectáreas en Agua Muerta, departamento Pellegrini, en una maniobra en la que estarían sospechados familiares de un alto funcionario provincial.
Tampoco la mayoría acompañó el tratamiento de los proyectos por el que el radical intentaba conformar una comisión investigadora contra la impunidad y la corrupción, y la interpelación del jefe de Gabinete, Elías Suárez.
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