EL DIPUTADO PROVINCIAL “PANCHO” CAVALLOTTI PIDIO LA INTERVENCIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA

Una denuncia que ingresó ayer al Senado de la Nación, el diputado provincial y abogado santiagueño, Francisco Alberto Cavallotti (h), solicitó a la Cámara Alta que disponga “la intervención federal al Poder Judicial de la provincia de Santiago del Estero”, porque “es necesario adoptar las medidas conducentes a reestablecer el sistema republicano de gobierno, designando una comisión investigadora de control de legalidad”.

El extenso escrito fue dirigido al presidente del Senado Nacional, ingeniero Julio Cleto Cobos.

Según el legislador peronista: “Resulta absurdo pensar en independencia del Poder Judicial en su funcionamiento autárquico y autonómico, lo que también autoriza a enfatizar que los ciudadanos en Santiago del Estero vivimos en una suerte de repugnante estado de sitio, en donde los derechos y garantías constitucionales dependen más de decisiones políticas que de las normas que las irrogan, todo lo que ha creado un clima de circunstancia inexplicable”.

“La provincia de Santiago del Estero atraviesa una crisis institucional que, en términos de organización republicana, importa una gravedad superlativa y la que se encuentra dada por la falta de legal organización del Poder Judicial, impuesta ésta como un mandato imperativo y categórico, tanto por la Constitución Nacional como la de la Provincia, sino también por los principios elementales que estructuran nuestro régimen Republicano de organización como Nación (Artículo 1, C.N., y Artículo 1 de la Const. Provincial)”, interpretó.

También resaltó que “la crisis institucional obedece excluyentemente a la ausencia y falta de decisión o vocación política de los poderes constituidos de la provincia”, y criticó porque desde la asunción del actual gobierno (segundo mandato) , “todos los juzgados de Instrucción en lo Criminal y Correccional y las cámaras de juicio oral, como así también todas las cámara del Trabajo y Minas, aún permanecen con aquel precario estado de designación ‘provisoria’”.

Insistió: “La magnitud de la gravedad institucional se traduce por la circunstancia de que hace cuatro años y cuatro meses, y pese a encontrarse recuperada la normalidad institucional de los otros poderes del Estado, los integrantes del Poder Judicial de los fueros Penal y Laboral se mantienen bajo un perverso régimen de inexplicable inestabilidad, la que desnaturaliza en términos absolutos la esencial función judicial, con grave y tremenda lesión a nuestra administración de justicia y, consecuentemente, a nuestro régimen republicano de vida”.

El legislador opinó que “el Poder Judicial de Santiago del Estero carece de jueces en sentido propio para administrar justicia en las materias reseñadas”, y puso de manifiesto que “la situación de repugnante ilegalidad impropia, lesiva a los elementales conceptos que informan la necesaria división de los poderes, como característica sobresaliente del régimen republicano, inadmisible ya, dado el tiempo transcurrido, desenmascara con estrepitosa elocuencia la absoluta ausencia de vocación y decisión política de los poderes constituidos del Estado, en normalizar institucionalmente al Poder Judicial de la provincia”.

En su denuncia ante el Senado de la Nación, Cavallotti sostuvo: “Este irregular modo de mantener la organización jurídica del Poder Judicial de la provincia lleva a generar un grado de lesiva dependencia, en razón de la consecuente incertidumbre con que desempeñan tan trascendente función los integrantes del Poder Judicial. Advierta V.S. que se trata de magistrados cuya estabilidad pende de una simple acordada del Superior Tribunal de Justicia para cesar en sus funciones. Esto autoriza categóricamente al suscripto a enfatizar en grado superlativo la perversa dependencia de quienes ocupan los juzgados y cámaras de las decisiones del poder político, en particular, del Poder Ejecutivo provincial”.