Denuncian graves irregularidades en la Justicia local
La Justicia de la provincia atraviesa una grave crisis que se extiende desde hace casi 5 años, coincidente con el fin de la intervención federal, con un Consejo de la Magistratura que tiene integrantes con mandato vencido o designados por el gobernador radical Gerardo Zamora sin concursos, y jueces de los Tribunales de Instrucción Penal y Laboral que están en comisión desde hace un lustro. Esta precariedad judicial derivó en graves irregularidades, como asesinatos de funcionarios sin investigación -Raúl Domínguez, empleado de Rentas de la Provincia-, titularidades ilícitas de tierras fiscales a favor de «amigos» del Gobierno provincial, entre los cuestionamientos más importantes que surgen desde la oposición y de distintos sectores sociales.
«Todos los jueces son provisorios o tienen el mandato vencido, porque desde que se dispuso la intervención sólo podían estar por dos años. De esto no hay antecedente en el mundo desde la Revolución Francesa, cuando existen las Repúblicas», dijo el diputado provincial justicialista Francisco Cavallotti en diálogo con este diario. Recién el año pasado empezaron las pruebas para los fueros penal y laboral, pero los avances se observan con lentitud.
La provincia hace décadas que sufre irregularidades políticas y jurídicas que derivaron en dos intervenciones federales. Una en 1994, tras el alzamiento popular del 16-20 de diciembre de 1993, y en 2004, tras el escándalo político que terminó con la dinastía de Carlos Juárez y su esposa, Mercedes Aragonés de Juárez.
«El Gobierno nacional se preocupa por la administración de justicia de la (avenida) General Paz para adentro, pero esto que está pasando es la madre de todos los problemas en la provincia, y ellos saben que esto perjudica a todos los santiagueños, que son parte de la Argentina», advirtió Cavallotti.
El abogado del ex gobernador -incluso durante la última dictadura militar- Carlos Juárez realiza gestiones en el Senado nacional para que se regularice la situación de la Justicia: «Voy a pedir a la Comisión de Asuntos Constitucionales que envíe veedores a la provincia», solicitud que podría derivar en una intervención al Poder Judicial santiagueño.
Esta realidad, por caso, implica graves conflictos por la titularidad de tierras fiscales que habían sido adjudicadas a trabajadores y campesinos para producirlas y hoy son reclamadas por empresarios rurales que presuntamente se benefician con bienes inmuebles de creciente valor en detrimento de los santiagueños con menos posibilidades. «Hay irregularidades en el Registro de la Propiedad Inmueble, y una muestra de esto es también la connivencia del ministro de Justicia provincial (Ricardo Daives). Yo estuve con los Juárez y esto nunca lo he visto», denuncia el legislador justicialista.
A esta realidad, tal como se señaló, no es ajeno el Gobierno nacional, ni tampoco otras provincias desde donde también surgieron denuncias similares -Chaco, Formosa Tucumán y Córdoba-. Con la solicitud de acuerdo para designar a Pedro Simón como fiscal en el Juzgado Federal de la provincia de Santiago del Estero, la administración de Cristina de Kirchner también se suma a la defraudación de las tierras de la provincia, siempre de acuerdo con las denuncias del funcionario.
Sintomáticamente, después de la última intervención, Simón llegó a actuar como vicepresidente 1° de la Cámara de Diputados provincial, y con ese cargo logró restaurar el artículo 182 bis del Código de Procedimiento Criminal de la provincia -parcialmente derogado por el proceso federal-, para que a instancias de las empresas agrícolas los jueces pudieran desalojar a gran parte de los campesinos que desde hace décadas viven en una tierra que cultivan de un modo sostenible.
Preocupa a los miembros de la Mesa Provincial de Tierras que «existe una actitud autoritaria y reticente de parte de algunos funcionarios que obran con total impunidad, extralimitando sus roles, sobre todo cuando se trata de actuar con miembros de las familias campesinas».
«En el 83 fueron adjudicadas tierras a productores, se exigía un mínimo de inversiones y el pago de cuotas accesibles. Cuando esas tierras comenzaron a tener un valor importante fueron ocupadas por empresarios de fuera de la provincia que tenían una transferencia de la adjudicación. Eso está prohibido por contrato y por la Ley de Colonización (que indica que las tierras son un bien de producción y no de especulación), la cual hoy sigue vigente», reseñó Cavallotti.
Al respecto señaló que uno de los casos más representativos es el de Hugo Acosta -cuya causa se encuentra en la Oficina Anticorrupción-, quien reclama titularidad del inmueble denominado Lote 38 de la colonia Árbol Blanco del departamento Mariano Moreno, escriturado por el Estado provincial. «Pero no existe esa adjudicación, siguen siendo tierras fiscales porque no hay transferencia dominial», explicó Cavallotti.
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