ASI SE LAVABA EL DINERO DE LA ASOCIACION BANCARIA EN LA CAMPAÑA KIRCHNERISTA

Por primera vez se revela la ruta de los cheques que partían desde la obra social del sindicato de Juan José Zanola, pasaban por el dueño de la droguería San Javier y terminaban en la mesa del recaudador de la campaña kirchnerista.

Una cadena de cheques que circularon entre el sindicato La Bancaria, el dueño de la droguería San Javier –del detenido Néstor Lorenzo–, un empresario arrepentido que se prestó a un negoció que no funcionó y una serie de cooperativas de crédito se transformó en el caso testigo que destapa la ruta del blanqueo de fondos provenientes de actividades ilícitas, como la venta de medicamentos adulterados. Y peor aún: Crítica de la Argentina pudo reconstruir cómo ese dinero fue a parar a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

Se trata de uno de los casos que investiga la Justicia federal con el objetivo de desandar el camino que une la mafia de los medicamentos con el oficialismo.

Según los documentos a los que accedió este diario, Lorenzo endosó cheques de La Bancaria, que llevan la firma del presidente del sindicato, Juan José Zanola –detenido en el marco de la megacausa de los medicamentos truchos. Luego se usaron para cubrir el préstamo en cheques diferidos que Lorenzo le había solicitado a su ex amigo, Gabriel Brito. Finalmente, el dueño de la droguería le informó a Brito que había usado su nombre para engrosar la lista de aportantes a la campaña K. La ruta del lavado estaba completa.

La historia empezó en septiembre de 2007, cuando todavía la Presidenta sonreía para la foto junto a su compañero de fórmula, Julio Cobos.

El entonces superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, en su rol de recaudador K, alentaba a sus contactos de confianza para que redoblaran sus esfuerzos en busca de aportantes. Lorenzo obedeció. Su secretaria llamó a Brito, dueño de Global Pharmacy, una sociedad quebrada que se dedicaba a la auditoría de medicamentos. La mujer le pidió una serie de cheques –“ocho o nueve”– que iban “desde 40.000 hasta 78.000 pesos” con la excusa de que San Javier estaba con problemas económicos. Brito no contaba con semejante cantidad de dinero en su cuenta, pero Lorenzo le prometió devolverle los fondos antes de los cheques –en su mayoría a 60 días– vencieran. Así se lo relató el propio Brito a la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría. Esta semana el empresario aportó a la causa el material que respalda el camino que siguieron los cheques y en los próximos días le explicaría los movimientos al juez federal Norberto Oyarbide, quien investiga la mafia de los medicamentos.

A pesar de las promesas que Lorenzo le habría hecho a su amigo de cubrirle los cheques prestados, Brito empezó a tener problemas en diciembre de aquel año electoral. El 20 y el 28, Global Pharmacy S.A. recibió dos intimaciones. La primera, de manos de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Invercorp. La segunda, de la cooperativa Vernet, que pertenece al propio Lorenzo. En los dos casos el inconveniente era el mismo: ambas habían tomado cheques de más de 40 mil pesos que Brito le había firmado a San Javier y que ésta, por medio del endoso de Lorenzo, había cambiado por efectivo en las entidades financieras. Por su relación con Lorenzo, Brito consiguió que algunos cheques que habían seguido circuitos parecidos volvieran a sus manos y se ahorró la multa bancaria. Pero a su empresa ya le habían pedido la quiebra.

Las situación siguió empeorando. Según le contó Brito a Servini de Cubría en su declaración testimonial del 16 de septiembre, el 19 de agosto de 2008 Lorenzo lo convocó en su oficina y le dijo que tenían un “problema” que no le había “comentado antes”. Le confesó que parte de los cheques que le había pedido prestados habían sido “aplicados a la campaña electoral (de Cristina Kirchner)”. La cifra era de 310 mil pesos. Para el empresario de clase media y dueño de una empresa quebrada, ese aporte era injustificable. Una vez más Lorenzo prometió hacerse cargo y mencionó que hablaría de eso con Capaccioli, quien ya estaba en la cuerda floja por las relaciones existentes entre las víctimas del triple crimen de General Rodríguez y los fondos de campaña.

“Capaccioli necesita un favor”, dijo Brito que le dijo Lorenzo, el 13 de noviembre de 2008. Necesitaba que firmara el acta del Frente para la Victoria y asumiera su aporte. Allí se enteró, puntualmente, de cuánto dinero estaban hablando. El “blanqueo” se produjo en la Superintendencia. Estaban presentes –según el relato de Brito– Sebastián Gramajo –quien también participaba de la recaudación– y la “escribana Rey”. Un día más tarde Capaccioli dejó el Gobierno.

Hubo algunos cheques que Lorenzo sí le cubrió a su amigo. En su mayoría fueron los cheques que terminaron en las arcas de la campaña electoral. ¿De donde venía el dinero con el que pagó el empresario detenido e indicado como uno de los orquestadores de una asociación ilícita que comercia medicamentos adulterados? Al menos 20 mil pesos se los reintegró en cheques que le había dado La Bancaria.

Con Lorenzo detenido, Oyarbide buscará desandar todas sus relaciones para saber de dónde provenía el dinero que manejaba.

Se le atribuye además el manejo de una serie de compañías financieras –cuevas, en la jerga económica y judicial que impera en la City– que funcionarían como paraísos fiscales de cabotaje mediante las cuales habría blanqueado dinero ilícito.

En septiembre, el magistrado allanó Vernet, ubicada en 25 de Mayo 293, de Capital Federal. En el mismo edificio, en el consulado de Guinea-Bissau, funcionaba una mesa de dinero. Las sospechas se multiplicaron automáticamente.

El martes, Brito le contará esta historia a Oyarbide. Complicará aún más a Lorenzo y a Zanola. Y volverá a dar detalles del vínculo de estos dos personajes con el gobierno nacional