EL DIPUTADO CAVALLOTI SE REFIERE A LA SALUD

Quien escribe este mensaje es Francisco Alberto Cavallotti, diputado provincial por el Justicialismo en Santiago del Estero, pero el de las convicciones, no el de las conveniencias y entregas, integrante de la comisión de Salud Pública y de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura Provincial, condición en la cual estuve presente en la movilización, en virtud de lo cual fui aludido en una nota que pretende dar el matiz de "político" a la movilización de los médicos y trabajadores de la salud auto convocados.

La elocuencia de las filmaciones y reportajes realizados por el periodista de esa canal, Julio Bazán, me absuelven de toda otra referencia en cuanto al nivel de la crisis que afecta a la Salud Pública de Santiago del Estero. Siendo ésta hija de la soberbia y de la corrupción que caracteriza al gobierno de esta provincia bajo el amparo de la Casa Rosada.

Acudo a la prensa independiente, en esta ocasión, por el deber de no permitir que se siga, desde los sectores socios y cómplices del gobierno de Gerardo Zamora, desnaturalizando con la apostilla de "política" o "politizada", un movimiento de gente que lo único que hace es defender su fuente de trabajo, pretender insumos en el tiempo y en la cantidad necesaria para curar y que sus sueldos dejen de ser los más bajos de la República en el área. Con el agravante de que hay personal que presta servicios en Enfermería que reciben la remuneración de planes "Jefes y Jefas de Hogar" o contratados, prestando funciones de enfermería muy especificas y delicadas, con sueldos que no superan los $500.

Las marchas del personal médico y de Sanidad no son políticas ni tiene el trasfondo de esa naturaleza. Es una movilización justa. Como no es política tampoco la presentación que realicé el día 3 de agosto de 2.009 en el Senado de la Nación, solicitando la designación de una comisión que efectúe un control de legalidad del Poder Judicial de Santiago del Estero, con jueces en "comisión" durante más de tres años y aún a la fecha los magistrados del fuero Penal y Laboral siguen en esa situación, bajo la maquillada definición de "provisorios". Este tipo de escándalo institucional no registra antecedentes históricos en la República Argentina ni en ningún país del mundo que haya adoptado la forma republicana de gobierno. Más aún, como lo dejo acreditado en la presentación efectuada ante el Senado, la designación de magistrados que se hizo luego de tres años de gestión zamorista, fue una parodia llevada a cabo por un Consejo de la Magistratura politizado, ilegalmente constituido y funcional al Poder Ejecutivo.

Tampoco es político el reclamo de que se esclarezca el homicidio del señor Raúl Domínguez, un empleado de la dirección general de Rentas de la provincia que por haber denunciado corrupción en el timbrado de ciertos contratos, fue secuestrado y a los diez días su cuerpo fue encontrado decapitado de sus miembros inferiores y desviscerado a dos cuadras de su casa, en un claro mensaje mafioso, sin que hasta la fecha haya novedad alguna al respecto, y el juez de Instrucción inepto que tuvo a su cargo la investigación -y además denunciado por los familiares de la víctima- recientemente fue ascendido al cargo de miembro de la Cámara de Apelaciones.


Como tampoco es político el reclamo del esclarecimiento de la muerte de 41 internos en el Penal de Varones, quienes supuestamente murieron asfixiado, pero los informes técnicos indican que hay más de tres con impactos de bala en su cuerpo, y esta demostrado que el pabellón fue cerrado -como es lógico- desde afuera. Tampoco fue político mi pedido de intervención a la municipalidad de la Capital por el alto grado de corrupción ya constatado durante la gestión de Julio Alegre, socio y protegido del gobernador Zamora. A la fecha no se sabe si se robaron ciento veinte o ciento cincuenta o cuantos millones de pesos, y los miembros del Concejo Deliberante, participes necesarios del ilícito por comisión, siguen en funciones como si nada hubiere acontecido, más aún el presidente del Tribunal de Cuentas sigue ocupando dicha función.

Como tampoco es política la solicitud para que los tribunales de Cuentas de las intendencias de primera categoría, aún el de la provincia, dejen de ser instrumentos cómplices del desquicio administrativo de la provincia. Lo referido, sólo para aludir algunos temas puntuales y no extenderme más, pero nada de lo expresado tiene matiz "político".

Ya en otro orden, me veo en la necesidad de aclarar mi condición de juarista. Es cierto, toda mi vida milite en el peronismo y bajo la conducción del doctor Carlos Arturo Juárez, lo cual no considero un estigma, ya que desde el año 97 al 2.003, por discrepancias internas, enfrenté a su gobierno en tres procesos electorales, sin ningún tipo de recursos de ninguna índole, más que la necesidad de marcar mis diferencias en cuanto a esos aspectos con los cuales políticamente discrepara, con quien siempre he considerado el mejor representante del peronismo en la provincia, aún con sus errores. Pero mientras yo lo enfrentaba, otros, como Gerardo Zamora cuando era intendente, resultaban desmedidos obsecuentes y besamanos del entonces gobernador doctor Carlos Juárez, ya que con el propósito de lograr el adelanto de la coparticipación municipal no le importaba acudir a cualquier actitud de genuflexión hacia quien hoy descalifican o acuden a la muletilla de "juarista" para pretender descalificar a alguien.

Soy abogado y como tal ejerzo mi profesión libremente y la circunstancia de haber representado y representar jurídicamente al doctor Carlos Arturo Juárez y a su esposa Mercedes Marina Aragonés de Juárez, respecto de quienes la Justicia ya se expidió eximiéndolos de responsabilidad penal por todas las denuncias que contra ellos se promovieron, jamás puede constituir un motivo de censura y reproche.

Del suscripto se podrá decidir que es "peronista" o "juarista", pero jamás dirán que es mentiroso, traidor o ladrón, circunstancias que si puedo enfatizar de quienes hoy apelan a la muletilla de "juarista" para censurarme junto a los amigos poderosos que se prestan a esa caracterización con pretensión de descalificar.

El gobierno de la provincia de Santiago del Estero sobrevive simplemente, siendo Zamora un radical "K" por su incondicional alineamiento a la política del gobierno nacional. Por ese reacomodamiento, debe saberse, que desde que asumiera Zamora los índices de coparticipación federal se han visto incrementados hasta 4 o 5 veces respecto de los montos que históricamente manejaron todos los gobernantes de la provincia. Unido ello a las importantes remesas que se envían en concepto de programas nacionales de asistencia y de obras públicas nacionales, todo ello de lo cual jamás rindió cuentas, conforme manda la Constitución de la provincia.