Unos párrafos de una noticia acerca del conflicto que llevan adelante los auto-convocados de la salud, publicada en el diario Clarín el jueves 26, llaman la atención de los observadores políticos.
Dice el matutino: “Uno de los momentos más álgidos se vivió el martes, cuando dos médicos fueron detenidos acusados de ser responsables de la muerte de un paciente. Ayer un juez ordenó su liberación, tras comprobar que el hombre padecía un cuadro de cáncer terminal y estaba internado sólo para recibir cuidados paliativos. El arresto fue ordenado por el gobernador Gerardo Zamora, quien también envió 200 policías al hospital”. La cita es textual.
Es decir, que directamente este diario acusa a Zamora de haber ordenado un arresto, facultad que le cabe sólo a la justicia. Pero hasta el momento, ningún integrante del Superior Tribunal ordenó una exhaustiva investigación para averiguar si esto es cierto. Como tampoco pidió que se informe por qué se dejó marchar a los dos médicos presos, sin siquiera tomarles declaración indagatoria. Nadie en la justicia trató de averiguar por qué se apresó a dos médicos clínicos por no practicar una operación que les compete a cirujanos.
Tampoco se sabe por qué el Ejecutivo Provincial no ha iniciado acciones penales en contra de Clarín para que pruebe sus dichos, es decir que la cabeza del Poder Ejecutivo ordenó la detención de dos personas, facultad que les ajena.
Lo que sí es seguro es que en el Congreso Nacional, hay varios diputados y senadores de todas las ideologías que observan con atención lo que se ha dado en llamar “el caso Santiago”, a la espera de un debate sobre si es necesaria la intervención a una provincia que ha subvertido el orden constitucional.
O por lo menos tiene un gobernador que no se ofende cuando le dicen que manda arrestar gente inocente.
El que calla, otorga.
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