El gobernador Gerardo Zamora desató una nueva andanada represiva contra los trabajadores de la salud de su provincia. Esta mañana fueron detenidos los médicos Pascual Llugdar y Carlos Morales Oliva, jefe de Clínica Médica del hospital Regional cesanteados hace un mes por orden del orden del gobierno.
Como denunciara la Federación de Profesionales de la Salud de la Argentina hace diez días, Zamora imputó a Morales Oliva por el fallecimiento, el 27 de enero del paciente Nicolás Chaparro, quien padecía un cáncer terminal y que estaba internado al solo efecto de realizar cuidados paliativos.
A pesar de que la causa está caratulada como homicidio culposo, el juez Darío Alarcón, por cuenta y orden del poder político, ordenó la detención e incomunicación de dos médicos, prestigiosos profesionales, respetados y queridos por toda la comunidad santiagueña.
Este atropello se suma a los descuentos masivos de salarios y nuevos despidos de huelguistas que se conocieron ayer.
El viernes último la conducción de la Federación y la Central de Trabajadores Argentinos se entrevistaron con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada que se comprometió a mediar ante el gobernador para encontrar una vía de solución al conflicto.
La respuesta salvaje de este heredero perfeccionado del juarismo es la que se conoció en la fecha.
La Federación denunciará estos atropellos ante el Poder Ejecutivo nacional y ante los legisladores de ambas cámaras, reiterando la voluntad negociadora de los trabajadores de la salud santiagueña y exigiendo el cese de las persecuciones.
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