Mientras se apresta a recibir hoy otro golpe en la elección santafesina, si es que Agustín Rossi sale tercero, el gobierno empieza a intentar una reacción que lo saque del círculo vicioso en el que navega desde el estallido Schoklender- Bonafini. El contraataque apunta a recuperar parte del voto de las clases medias urbanas, que le están dando la espalda a CFK pese a los altos índices de consumo que por ahora se registran. La decisión oficial de traspasar a los gobiernos provinciales y los municipios la administración del Programa Sueños Compartidos para la construcción de viviendas populares, presentada como una operación para resguardar a Hebe de Bonafini, plantea, en realidad, el comienzo del divorcio de la Casa Rosada con las Madres. Sin duda un intento para tranquilizar los ánimos de los sectores moderados. En la misma línea, ni bien terminada la feria judicial, se conocerían nuevas resoluciones judiciales del juez federal Norberto Oyarbide avanzando sobre la responsabilidad de Hugo Moyano y su entorno en la causa de la mafia de los medicamentos. Coincidentemente, Amado Boudou habría recibido expresas instrucciones de no pagarle a la CGT 2200 millones de pesos en concepto de reintegros que la APE (Administración de Programas Especiales) les debe a los gremios por tratamientos de alta complejidad, ahora justamente investigados por su vinculación con la adulteración o la compra de medicamentos robados. Tomar distancia de Las Madres y castigar a Moyano son sólo dos de las muchas operaciones en marcha.
Sin pagar ningún costo político, porque la izquierda optó por mirar para otro lado, el gobierno está militarizando aceleradamente la seguridad, siguiendo un esquema semejante al que utilizan, con distintas variables, México y Colombia. En América Latina, el veto político y legal a la participación de los militares en la seguridad sólo es sostenido por la Argentina, con una doctrina que expresa el antimilitarismo iniciado en el ‘83. El caso es que el plan Cinturón Sur, que incluye el inminente despliegue en La Boca, Barracas, Patricios, Pompeya, Soldati y Villa Lugano de 2500 efectivos de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, apunta a la captación de votos, que en el caso de Daniel Filmus no aparecieron pero que podrían apuntalar a la presidente para octubre. No menos electoralista fue el reciente lanzamiento de Escudo Norte, el plan de radarización que es el punto inicial para el protagonismo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. El progresismo parece, por su parte, dispuesto a digerir que el gobierno campeón del antimilitarismo convoque a los uniformados para combatir el delito, como una táctica de emergencia para ganar el 23 de octubre.
En el mismo sentido se inscribiría el creciente protagonismo de Boudou como vocero de la presidente. El ministro de economía, con su origen liberal y su estilo posmoderno, funciona en el marco de una campaña de publicidad, a veces subliminal, para reconquistar a la clase media.
Con relación al voto del campo, el gobierno apuesta a profundizar la división en la que viene trabajando el ministro de agricultura, Julián Domínguez. La severidad de Hugo Biolcatti en su discurso de la Rural hizo que la Federación Agraria, a través de su vicepresidente Omar Barchetta, se diferenciara de él. Barchetta afirmó que su discurso “quizás fue demasiado fuerte”.
La neutralidad del PRO
En el plano partidario, la contraofensiva K va definiendo sus objetivos. Es importante para el gobierno conseguir que Mauricio Macri adopte un rol prescindente en la campaña electoral nacional, dejando en libertad de acción a sus seguidores. Entre otros recursos para convencer al jefe del PRO de que adopte esta opción, el gobierno en poco tiempo más pondría en marcha campañas “negras” contra Ricardo Alfonsín y Eduardo Duhalde, que incluirían denuncias y descalificaciones de distinto tipo. La mesa chica del cristinismo ya no estaría, por otra parte, tan segura de alcanzar el 40% de los votos en las frías primarias del 14 de agosto. Pero se daría por conforme si consigue alrededor de 37 puntos y Alfonsín y Duhalde no alcanzan el 20%. Con esta diferencia, el aparato publicitario oficial reconstruiría su libreto de que las posibilidades de segunda vuelta serían ínfimas, porque el FpV podría arrimar al 40% en tanto que Duhalde y Alfonsín, el 23 de octubre, tal vez se neutralicen recíprocamente impidiendo que el otro llegue al 30%.
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