La provincia de Santiago del Estero, gobernada por el ex radical y hoy kirchnerista, Gerardo Zamora, fue escenario en las últimas semanas de intentos de desalojos, criminalización y represión de familias campesinas y pueblos originarios.
En ese sentido, investigadores del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advierten que la violencia rural está en aumento. A su vez, Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), apuntó al origen del mal: “La Argentina está entrampada en una lógica de desarrollo que se basa en la agricultura industrial, y de esa manera tiene una gran contradicción interna que deberá y deberemos resolver: derechos humanos o agricultura industrial transnacional”.
Alcides Santillán y Rafael Martín Galván, ambos campesinos santiagueños, fueron detenidos el lunes 6 de junio. El mismo día, el juez Ramón Tarchini Saavedra, ordenó la captura de otros doce integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina).
“Se ha desatado un raid judicial y policial, una nueva persecución política de miembros de nuestro movimiento, con procedimientos fuera de la ley”, denunció el MNCI, donde el Mocase-Vía Campesina es uno de sus miembros, y explicaron que el “crimen” fue defender la tierra donde siempre vivieron.
“En Santiago del Estero al menos 500 compañeros y compañeras están procesados”, alertó Deolinda Carrizo, del Mocase-Vía Campesina. La organización exigió el fin de la judicialización y criminalización de la protesta social. Y recibió la solidaridad y el llamado de alerta de la fuerte Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (Cloc).
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