Publicidad oficial para los amigos‏

El perverso manejo de la pauta publicitaria oficial por parte del Poder Ejecutivo Nacional quedó una vez más de manifiesto, días atrás, al conocerse datos sobre su arbitraria distribución en medios gráficos y televisivos.

Si bien no constituye una novedad que el gobierno kirchnerista emplee la publicidad del Estado para favorecer a aquellos medios más afines a sus políticas y para castigar a los más críticos, los últimas datos estadísticos conocidos dan cuenta de una peligrosa profundización de esa tendencia y todo indica que podría agravarse en el presente año electoral.
Provoca estupor que dos grupos editoriales muy afines al oficialismo, como el diario Página/12 y el Grupo Szpolski (Tiempo Argentino, El Argentino, Veintitrés, Siete Días, entre otros medios gráficos), concentren alrededor del 47 por ciento de la publicidad oficial en diarios y revistas de la Capital Federal, durante el período transcurrido entre enero y noviembre de 2010. La suma de la pauta publicitaria reunida por ambos grupos casi cuadruplica la inversión en publicidad efectuada por el Estado en los medios gráficos del Grupo Clarín (12,9 por ciento), que incluye al diario de mayor circulación del país. La Nación y su grupo de revistas concentra apenas el 4,3 por ciento, pese a que su tirada es muy superior a la de los medios de los grupos más beneficiados por el Estado.
No menos sorpresa causa el hecho de que el 67,5 por ciento de la publicidad del Estado nacional en la televisión abierta porteña haya ido a parar a una sola señal, el Canal 9, seguido muy de lejos por los dos canales más vistos de la Argentina, como Telefé, que reunió el 16,7 por ciento de aquellos fondos, y El Trece, que apenas captó el 5 por ciento de la torta publicitaria oficial.
Llama la atención también que durante 2009 el reparto fuera tan diferente al del año pasado. En esa oportunidad, Telefé recibió el 34 por ciento; El Trece, el 25,9 por ciento, y Canal 9, el 18,7 por ciento. Las principales conjeturas sobre el fuerte crecimiento de este último canal guardan relación con la presencia de dos programas producidos por el empresario Diego Gvirtz, muy cercano al kirchnerismo, como Televisión registrada y Duro de domar.
El criterio del kirchnerismo para distribuir la publicidad oficial no es otro que el grado de afinidad de cada medio o programa de televisión con el gobierno. El poder de llegada al público prácticamente no cuenta, lo que da cuenta de una posible malversación de fondos públicos, que se dirigen a recompensar a quienes sean más susceptibles de favorecer a quienes ocupan funciones gubernamentales.
Se trata de una clara confusión entre los recursos del Estado nacional, que pertenecen a todos los argentinos, con el patrimonio personal de algunos funcionarios del Poder Ejecutivo.
Esta confusión se asocia con otra no menos grave, y que ha puesto de manifiesto la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP): creer que el verdadero dueño de la información debe ser quien gobierna y no el ciudadano.
La profundización de la discrecionalidad y de las arbitrariedades del Gobierno en el manejo de la publicidad oficial no hacen más que advertir sobre futuros abusos a los dará lugar la ley de servicios audiovisuales que promovió el kirchnerismo y sancionó el Congreso poco antes del recambio legislativo que dejó en minoría al oficialismo.
Poco puede esperarse en materia de transparencia por parte del Poder Ejecutivo. Sería deseable, por eso, que nuestros parlamentarios se abocaran cuanto antes a acelerar el estudio de mecanismos para garantizar una equitativa distribución de la publicidad oficial, en función de criterios objetivos, que reduzcan la absurda discrecionalidad con que un grupo de funcionarios puede hoy dilapidar fondos públicos para beneficiar a amigos y condenar al periodismo que molesta al poder político.