Rentas: ¿cuándo se investiga el crimen de Domínguez?‏

Un colaborador del ministro José Emilio Neder, quizá por identificarse como peronista, sigue preso porque, presuntamente, evadió un impuesto de 600 pesos mediante el consabido timbrado apócrifo. Claro que corresponde decir que la policía y la justicia hicieron lo que correspondía con este colaborador del ministro zamorista, con el dueño de una imprenta y con un gestor, acusados del supuesto delito de estafa. Lo que puede ser materia de debate es la falta de respuesta a los reiterados pedidos de excarcelación anticipada, si se tiene en cuenta que en otras causas (con la misma calificativa legal), se otorga el beneficio de la libertad a los imputados.

Por ello llama la atención el celo de los jueces del zamorismo sólo por perseguir a los perejiles que buscan lucrar uno o dos pesos en torno a Rentas, mientras se cumplieron tres años del asesinato de Raúl Domínguez, el único que como empleado del ente recaudador se animó a denunciar a los poderosos que se beneficiaron con los timbrados apócrifos, sin que se avanzara un ápice en la investigación.
Por qué será que el gobierno de Gerardo Zamora (Poder Ejecutivo y Poder Judicial) ha decidido ocultar o paralizar el “caso Domínguez”. Ya no hay dudas de que se está tratando de “tapar” a los funcionarios, a los empresarios y a los comerciantes que usufructuaron de este perverso sistema de los timbrados apócrifos. A ellos los denunció Domínguez en su cuarta declaración en Delitos Económicos.
Este expediente no avanza un paso, a más de tres años del crimen, y a pesar de que toda la ciudadanía conoce detalles de lo que le ocurrió al honesto y buen empleado de Rentas, como fue Domínguez.
Vale la pena recordarlos. El empleado fue llevado compulsivamente por los jerarcas de Delitos Económicos a formular su cuarta declaración testimonial y, ante tanto asedio y acoso policial, decidió destapar la olla y dar nombres de los funcionarios y de los fuertes empresarios que estafaron al erario público. El jefe policial que investigaba el affaire consultó al entonces juez del Crimen Juan Jorge y, ambos, decidieron “apretar” a Domínguez mediante tormentos y torturas con el propósito de se rectifique y no mencione a empresarios y funcionarios zamoristas. La negativa del valiente Domínguez le costó la muerte. Luego de varios días su cuerpo apareció descuartizado en un baldío cercano a su domicilio.
El gobierno zamorista compró a los abogados de la familia de Domínguez, trasladó a los policías que torturaron al empleado de Rentas, e instruyó a los jueces a “olvidarse del caso”.
Sin embargo, el santiagueño reclama justicia y no se olvida de Domínguez. Lo que no comprende Zamora y sus “asesores” es que han equivocado el rumbo en esta delicada cuestión. Guardarse el expediente y no mandar presos a los autores del crimen no hace otra cosa que degradar y corroer, lentamente y sin pausa, al gobierno provincial.