El 4 de noviembre de 2007 un supuesto intento de fuga deribó en un supuesto motín en el penal N° 1 de varones de Santiago del Estero. El resultado de esos supuestos: 39 muertos, varios heridos y un par de guardiacárceles detenidos como expiatorios. Un incendió deboró el pabellón 2 mientras las autoridades cortaban el agua y demoraban la llegada de los bomberos. Familiares y amigos dicen con contundencia: fue una masacre.
¿Qué pasó esa fatidica tarde?
Era la hora de la visita, la mayor parte, como siempre, como en todas las cárceles, eran mujeres. Esposas, novias, madres, abuelas, hermanas, tías. Mujeres. El trato a las visitas es vejatorio. Deben desnudarse, abrirse de piernas, mostrar sus genitales. No importa edad, no importa consumir la mayor parte del horario de la visita en manosearlas. Hay que revisar hasta los bolsillos del alma.
Terminaron entrando casi dos horas después de empezado el horario de visita. Quedaba apenas un rato para el abrazo. Pero no. De un momento a otro, los detenidos, que la noche anterior habían sufrido, una vez más, la irrupción de las patotas carcelarías a sus celdas, fueron llamados a subir a su pabellón, fueron puestos en fila y hostigados con una pregunta: ¿de quién es “la paloma”?
“La Paloma” en jerga carcelaría, es un paquete que contiene dinero, droga y las codiciadas tarjetas de teléfono. Nadie se hizo cargo de la pregunta. El aire estaba fétido, viciado de violencia contenida.
Los guardias comenzaron a provocar, a intentar generar discordia entre los presos. Pero los presos juntaron su ira y la volcaron contra los guardias. Mostraron su cansancio. Se trenzaron a los golpes, pero la policía no tardó en sacar sus gaces pimienta y sus balas de goma ni sus bombas lacrimógenas. Todo mientras sus srees queridos eran groseramente invitados a salir del penal a media hora de que terminara el horario de visita.
Los presos se metiron a las celdas y pararon sus colchones para frenar las balas. Entre tanto, otros arrimaban los suyos a las ventanas y los prendían fuego. Es una llamada de alerta: el humo indica problemas dentro del penal. Una señal, un pedido de ayuda. Pero no. El incendio se propagó, los guardias cerraron las puertas del pabellón y siguieron disparando desde el otro lado. El fuego crecía y crecía el humo. La policía cerró el paso del agua y demoró la llegada de los bomberos cortando las calles aledañas porque empezaban a llenarse de familiares, vecinos, curiosos. Una excusa mediocre.
¿Qué dijeron?
El periodismo local,cooptado en su mayoría por la publicidad oficial, hizo correr la voz del ministro de justicia Daives, del jefe de gabinete Elías Suárez y del propio gobernador Gerardo Zamora.
Entonces quedó la versión de que el tucumano, “experto en fugas”, Clemente Nadotti, de 54 años, intentó fugarse con otros tres reclusos. Que la fuga fracasó y ante el fracaso organizaron un motín. ¿En pleno horario de visita? Sí.
Nadotti y sus secuases murieron envueltos en humo.
El testigo se llamaba Juan Manuel Silva. Murió, o fue matado, a solo dos semanas de tener que dar su testimonio en el juicio.
Pero la prensa amordazada por la publicidad oficial publicó los prontuarios de los muertos. No importaban sus edades, ni mucho menos sus estratos sociales. No importaba que el 80% fueran pobres. No importaba que el 54% de ellos estaba detenido por causas excarcelabes como hurto o intento de robo. No importaba que la mitad de los muertos no tuviera terminada siquiera la primaria. Que algunos fueran analfabetos totales, ni que dos de ellos ya tuvieran la libertad firmada y que solo esperaban la desición caprichosa de las autoridades carcelarias para salir de esa ciénaga.
¿Y ahora qué?
Luego de la masacre maquillada de tragedia, el gobierno ofreció, casi al instante de sacar a los primeros muertos, unos ataúdes qua parecían de cartón.
Las familias los rechazaron.
Pero también ofreció dinero. Mucho dinero. Pero también ofreció expulsar a quienes trabajaban bajo el ala protectora del estado. Pero también amenazó y también regó de policías uniformados y de civil las marchas que exigían justicia. Pero también, y más también que nunca, no dejaron de hacer racias en los barrios de donde provenían algunos de los muertos, como el Pacará, el 8 de abril o el Rio Dulce.
El gobierno del Doctor Zamora (en santiago gustan de florearse con sus títulos universitarios), organiza actividades relacionadas con los Derechos Humanos, se jacta de tener la posibilidad histórica de llevar a jucio a los genocidas Videla, Bussi y Menéndez en el caso del joven Kamanetsky, asesinado durante la última dictadura (casualmente, en las puertas de ese mismo penal).
Pero sigue desplazando campesinos. Sigue fomentando la sojización, el desparramo de agrotóxicos y el desmonte. Coninúa en su silencio cómplice cuando en las comisaría se mata a menores de edad simulando suicidios.
Hay al menos doce detenidos muertos en lo que va del año dentro de las comisarías santiagueñas. Pero el gobernador, luego de peinarse su escúalido jopo, sale ileso a decir sus discursos de retórica primaria sobre los Derechos Humanos.
¿Cómo sigue?
Es difícil saber cómo va a seguir este caso. Por el momento, lo único cierto es que no hay justicia. Que el juicio prometido para abril de este año todavía espera dormido en el salón de los deseos.
El gobernador fue reelecto, desde el 26 de mayo de este año cumple su segundo mandato. No cambió, como se pensaba, a su ministro de justicia. No. Todo sigue igual.
Las familias siguen cercadas mediáticamente. Los muertos siguen muertos. Eso no cambió. Tampoco cambió que los cadáveres se sigan quejando. Hasta que se haga justicia.
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