Si los inspectores de la dirección de Transporte (que depende del Ministerio de Obras Públicas) y los policías (que están bajo la órbita del Ministerio de Gobierno), cumplieran con sus deberes diarios, los santiagueños del interior tendrían acceso a mejores servicios de transporte (como corresponden), y no circularían ni los micros de la empresa San José ni de tantas otras conocidos “empresarios” que no reúnen ningún requisito pero andan porque sus dueños son parientes de altos funcionarios de la provincia. Esos familiares “con poder” son los que “manejan” los corredores y bajan o suben el pulgar de acuerdo al color político de los dueños de las líneas y de los ómnibus.
Esta “tarea” de los parientes de los funcionarios se realiza en las rutas con el respaldo de la policía y hasta de la Gendarmería.
Volviendo a la falta de controles. Ahora -tardíamente, por supuesto, porque tuvo que ocurrir una tragedia para que recién se miren a los micros que andan por los caminos del interior-, la policía advirtió que el motor del coche accidentado era robado.
¡Ay, la policía de Marcelo Pato y de “Pichón” Neder, y la justicia de Gerardo Zamora y de Ricardo Daives! El motor del micro siniestrado era robado y tenía pedido de secuestro de jueces de la provincia de Santa Fe.
¿A dónde escondieron la policía y la justicia del Crimen los oficios del pedido de secuestro de ese motor robado?
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