El decreto-acuerdo 130 del año 2006, prohibió a la administración pública centralizada y descentralizada la contratación -bajo cualquier modalidad- de camionetas particulares a partir de la fecha de su publicación. Prohibir tiene como sinónimos impedir, vedar, inhibir. Aunque parezca una perogrullada, lo prohibido no se hace, más si se trata del ámbito público, ya que está en juego el dinero de los contribuyentes.
Pero, el gobierno de la provincia, con la firma del gobernador Gerardo Zamora y el Jefe de Gabinete, Elías Suárez, halló la forma de eludir la prohibición. ¿Cómo? Muy fácil, suscribiendo otro decreto por el que se exceptúa el alquiler de 15 vehículos a 3.500 pesos por mes cada uno. Si el gobierno los conserva bien, es una pequeña fortuna la que acumularán sus dueños en pocos meses.
El decreto 1.090, del 12 de julio, bajo la excusa de que se deben cubrir “necesidades operativas” como actos oficiales programados en diversos puntos de la provincia, promociones turísticas a realizarse en otras ciudades del país, actos culturales. Y “sobre todo teniendo en cuenta que el parque automotor es manifiestamente insuficiente a los fines de cubrir las distintas y variadas actividades relacionadas con el mismo (sic), por lo que se requieren nuevas contrataciones a efectuarse en el actual período”.
Si hubiera algún coleccionista de excepciones, en este caso, como en tantos otros que se publican a diario en el Boletín Oficial, descubrirá otra perlita en este decreto.
El decreto que prohíbe las contrataciones, dice que -por excepción- se podrá alquilar vehículos, pero no podrá ser por más de 3.500 pesos cada uno. Por ello, la excepción de la excepción autoriza a alquilar una combi, solamente porque traslada a más de 12 personas.
Y, como al pasar, también se autoriza a seguir alquilando otros vehículos, porque resulta contraproducente rescindir los contratos, aunque no dice por qué.
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