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martes, 13 de julio de 2010

DELINCUENTES DE GUANTES BLANCO


Hoy amaneció frío. La helada se hizo sentir en las personas, sobre todo aquellas que trabajan de noche, por ejemplo enfermeras, municipales, entre otros, y policías. Pero imaginamos que mayor frío fue el que corrió por la médula espinal del Comisario Mayor Lucio Díaz, hoy por hoy, emblema de la corrupción enquistada en la policía provincial, de la mano de Marcelo Pato  y Omar Quiroga. 

Hoy, cuando se puede leer en los periódicos locales que el Juez del Crimen de Añatuya solicitará informes al Banco Nación, a una concesionaria, y sendos testimonios de gente involucrada y que sabe a ciencia cierta cómo se manejan estos espurios negocios, los señalados hasta ahora, sienten ese frío narval que el miedo trae aparejado.

¿Cuántos años hace que Díaz se desempeñaba como jefe de la Unidad Regional Nº 3? ¿Y qué favores le debían los encargados de los puestos camineros? Porque aún prestando destino ya en esta ciudad Capital (Dirección de Planeamiento), seguía funcionando el sistema corrupto, de depositar dinero mal habido en su cuenta.

¿Cuánto reciben Pato y Quiroga en esta parada? De vicio esgrimen argumentos de que están pleno proceso investigativo, cuando sabemos que administrativamente todo caerá en saco roto. Sólo una investigación policial sin influencias, puede llevar a procesar a estos delin…. de guantes blanco, y posteriormente a su exoneración de la policía. Pensar que por mucho menos que eso, por reclamar un sueldo justo, muchos policías “enemigos” de Pato, Quiroga, Durán, Campos, Vico González, etc., fueron exonerados aprovechando la vil circunstancia que favoreció  a estos corruptos.
Es una situación que degrada a toda la institución policial y a sus miembros, y Pato pretende engrupir a la gente diciendo que están investigando. Esto está podrido y en toda la provincia aparecen a diario los hechos irregulares que muestran una situación irrecuperable. 

En área de la Unidad Regional 5, Loreto, exactamente lo mismo. Un comerciante cuya familia fue mantenida como rehén bajo amenazas de muerte, mientras él era conducido por la fuerza hacia su local comercial para robarlo, a metros de la comisaría. El tema es que los policías de dicha seccional, especialmente los adivinos de la Brigada Interna, sabían quién o quienes estaban allí preparando un ilícito. La pregunta que surge es ¿Por qué no lo demoraron aunque sea por averiguación de antecedentes? Un simple procedimiento de rutina que hubiera salvado la integridad de esta familia y su patrimonio. Es más extraño aún que el damnificado comerciante relata, inclusive ante las cámaras del noticiero local, que en momentos que salían de su domicilio con los delincuentes apuntándolo con un arma de fuego, el móvil de la policía loretana pasó a su lado, y siguieron de largo. Una situación bastante “vidriosa”. 

¿Cuál fue la solución? Simplemente trasladar a los sospechados servidores de la ley a otros destinos. Una burla a la familia damnificada y a la sociedad toda.

Y como una yapa, anoche veíamos azorado como un policía, Pedro Ledesma, denunciaba que había sido agredido por unos vecinos, produciéndole lesiones a él, y a su pequeño hijo. Lo más dramático del caso, es que la esposa del damnificado, con un dejo de resignación e indignación, que se cansaron de hacer denuncias en la Comisaría 9, y que nunca obtuvieron respuestas favorables, que siempre los colegas de su esposo estuvieron a favor de los agresores. Inclusive ese día, argumentaban que debían escuchar a los civiles antes que a los policías. Es realmente inaudito que suceda esto. Nadie pide que se favorezca de modo alguno al policía, pero que se lo considere de igual manera, todos somos iguales ante la ley. Si Ledesma hubiera reaccionado de otro modo, podemos asegurar que hoy estaba preso y con un pie afuera de la institución.
Pero no cabe duda de que alguna represalia tomaran con él por denunciar públicamente, ya que a eso nos tienen acostumbrados los defensores de lo legal, Marcelo Pato y Omar Quiroga.

Mientras ello ocurre, estos genios de la gestión andan impartiendo directivas para poner pronto en funcionamiento una oficina de Derechos Humanos, pues este es un tema “que los preocupa tanto a ellos como al gobierno”.
Como pretender que esto funcione, Derechos Humanos y demás, cuando nunca respetaron los derechos del propio personal policial. Ejemplos podemos mencionar en incontable cantidad. Desde traslados injustificados con el solo fin de perjudicar, sanciones disciplinarias elevadas por faltas menores, sumarios administrativos con mora injustificada, acoso sexual a personal sin distinción de género, aprietes, son solo algunos de los casos. Y no dejemos de mencionar la compulsiva orden de comprar uniformes completos al personal, a precios exorbitantes, cuando ello no es algo primordial, y sólo sirve para enriquecimiento de unos pocos.

El suboficial que ya declaró en el Departamento Judicial, reconoció haber depositado dinero en la cuenta del Comisario Mayor Lucio Díaz, pero argumenta que está saldando una cuenta por un préstamo que éste último le hizo. Pobre tipo, esta mal asesorado, mal enseñado, porque ni él mismo cree lo que declaró. ¿Qué le habrán prometido al pobre tipo? 

Mientras que por la otra denuncia que surgió, quiniela clandestina amparada por los policías, el tema ya está resuelto. Pato y Quiroga dispusieron cambio de destino, al igual que hicieron con los nefastos de Loreto, y nada más. 

Esta es la situación de nuestra policía, que de la mano de los facinerosos va camino a su total destrucción.
Mientras los delincuentes asolan las calles, puertas adentro el delito también crece, y no se puede combatir el delito con delito, es una máxima de la ciencia criminalística.

¿Hasta cuándo durará este atropello a la ciudadanía, hasta cuando el Gobernador Zamora amparara esta situación de zozobra contra la comunidad Santiagueña?

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