No es nueva la práctica de favorecer con obras públicas a provincias y municipios cuyos gobernantes son aliados de la Casa Rosada, pero la reiteración de este manejo cuasi extorsivo de los fondos públicos resulta francamente indignante.
No ha de ser causal que Julio De Vido, el ministro más poderoso del gabinete y quizás el más allegado a Néstor Kirchner, sea el responsable, como titular de la cartera de Planificación Federal, de llevar a la práctica una selectiva adjudicación de fondos, basada no en la necesidad y conveniencia de las provincias, sino en la lealtad de sus gobernadores con el gobierno central.
De esta forma y en lo que va del año, Buenos Aires, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Cruz y Chaco reciben prácticamente el 60 por ciento de los fondos destinados para obras públicas en las provincias: 1868 millones de pesos, sobre un total de 3234 millones, como informó LA NACION recientemente, aunque GERARDO ZAMORA confeso recibir el 95% de estas obras.
El año pasado, cinco distritos se habían beneficiado con el 53 por ciento de los fondos: eran las mismas provincias, menos Santa Cruz, desplazada por Chubut en 2009. Pero en el corriente año, y confirmando el criterio político clientelar de las asignaciones, la provincia gobernada por Mario Das Neves, quien quiere enfrentar a Néstor Kirchner en las internas del justicialismo, descendió al 16° puesto del ranking de fondos recibidos.
El criterio político clientelar de las asignaciones vuelve a confirmarse si se repara en que los cinco distritos menos favorecidos -Neuquén, Tierra del Fuego, Corrientes, Catamarca y San Luis- no tienen gobernadores proclives al kirchnerismo. Estas cinco provincias parias suman apenas 150 millones de pesos en partidas efectivamente pagadas, menos del 5 por ciento del total del gasto discriminado por provincias.
Dentro de los programas del Ministerio de Planificación Federal, el de la Dirección Nacional de Vialidad otorgó a la provincia de Buenos Aires, gobernada por el oficialista Daniel Scioli, 711 millones de pesos. Le sigue Santa Cruz con 264 millones, también privilegiada en los niveles de ejecución, ya que en seis meses y medio usó el 82 por ciento de los fondos presupuestados para todo 2010 (321 millones).
En el extremo opuesto, y no sólo en lo geográfico, La Rioja sólo usó 18 millones de Vialidad de los 55 presupuestados (32 por ciento). En tiempos de Carlos Menem, La Rioja solía ser la provincia más beneficiada con todo tipo de recursos, incluidos los Aportes del Tesoro Nacional.
A su vez, los planes sociales son el puente de De Vido con las organizaciones piqueteras y barriales en todo el país. En el caso del programa de Fortalecimiento Comunitario del Hábitat, con un total de 452 millones de pesos presupuestados, no se gastó nada en Catamarca, Chubut, La Pampa y San Luis, pero sí 78 millones en Jujuy (aunque se habían presupuestado 39 millones para todo el año) y 48 millones en Tucumán (sobre 50 millones presupuestados).
Kirchner siempre tuvo bien en claro la utilidad política del manejo de la caja para la compra de voluntades. Con un régimen de coparticipación federal inequitativo, recursos que deberían estar en manos de las provincias se encuentran en las arcas de la Nación, y es el Poder Ejecutivo el que decide a qué provincia beneficiará, cuándo y con cuánto.
Por supuesto, la contrapartida es el apoyo no sólo de los gobernadores, sino de los senadores nacionales por esas provincias cuando se trata de aprobar los proyectos de ley que impulsa el Gobierno.
Mientras no se reforme el régimen de la coparticipación federal -una deuda que la clase política arrastra desde hace varios años- muchos gobernadores seguirán cumpliendo el papel de tristes mendicantes, y muchos senadores, por una mal entendida lealtad, se verán obligados a votar leyes sin tener en cuenta los legítimos intereses de las provincias que representan. Es decir, una burla del genuino federalismo.
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